Los altos cargos de la Junta, actualmente cerca de un centenar, deberán hacer públicos sus bienes en dos declaraciones obligatorias, una antes de acceder a su puesto y otra al abandonarlo cada final de legislatura. Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien informó de que éste será uno de los puntos nuevos que tendrá la Ley de Transparencia de la Junta de Castilla y León.
Esta normativa, cuyo anteproyecto fue expuesto ayer en el Consejo de Gobierno, contará con una serie de ampliaciones regionales que no están previstas en la normativa estatal entre las que se encuentra la anteriormente expuesta y el hecho de que sea obligatorio también presentar, cada año, la declaración del IRPF, algo que hasta ahora sólo lo hacían los procuradores de las Cortes regionales.
Además, se establece que el organismo encargado de velar por la transparencia en las administraciones públicas sea el Procurador del Común. “La información es del ciudadano y debemos devolvérsela con total transparencia”, reconoció el también portavoz del Gobierno regional, quien añadió que ser transparente es “más que un antídoto contra la corrupción”. “La transparencia es muy buena porque es el camino necesario para que los ciudadanos participen en la vida política. Si no tienen información no pueden ser partícipes”, recalcó.
Por eso, este anteproyecto, que será expuesto en el Portal de Gobierno Abierto para que los ciudadanos lo conozcan y puedan hacer todas las sugerencias que quieran, obliga también a hacer públicos las relaciones de puestos de trabajo a todos los niveles, las convocatorias de procesos de selección de personal, los textos de las resoluciones judiciales, el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional, el número de vehículos oficiales o el volumen de endeudamiento de la Comunidad, entre otros aspectos.
Además, cualquier anteproyecto de ley, proyecto de decreto, estrategia, plan o programa del Ejecutivo regional deberá ser expuesto también en el Portal de Gobierno Abierto. En estos casos se hará una excepción con los anteproyectos de Ley de Presupuestos, los de decreto-ley y decretos de estructura.
Esta apertura a la participación del ciudadano se ha hecho efectiva desde el nacimiento de este anteproyecto ya que, según el consejero, todos los ciudadanos pudieron hacer sugerencias sobre qué aspectos debía incluir la normativa y sus opiniones han sido incluidas en este texto.
El anteproyecto de ley, que se extiende también a los entes públicos de la región, estará abierto durante diez días a las sugerencias de los ciudadanos de la Comunidad y después pasará a ser aprobado en las Cortes regionales.
Violencia de género
Por otra parte, el Ejecutivo regional aprobó también un conjunto de subvenciones por valor de 1,6 millones de euros para atender a víctimas de violencia de género y luchar por la igualdad entre hombres y mujeres.
Más de un millón de euros de este total irá para el mantenimiento de los centros que integran la Red de atención a las mujeres que sufren violencia de género en Castilla y León, mientras que el resto se repartirá entre diez entidades privadas sin ánimo de lucro (recibirán 890.000 euros) y los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Zamora, que contarán con 167.000 euros para gestionar las casas de acogida a mujeres maltratadas.
En referencia a Educación, el Consejo de Gobierno aprobó ayudas por valor de 780.000 euros para las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid que irán destinadas a financiar su participación en el Programa de Incentivación de la Incorporación de la Actividad Investigadora.
Además, nombró a Daniel Miguel San José rector de la institución académica vallisoletana. San José ganó la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo con un 54,28% de los votos.
