“Vamos a estar especialmente vigilantes y a ser rigurosos para que los órganos judiciales respondan en tiempo a las necesidades de los ciudadanos”. Quien así se expresa es el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, que reclama más eficiencia y racionalidad en la Justicia.
Aunque Sanz se congratula de que los abogados sean los agentes mejor valorados por los ciudadanos en las encuestas que realiza periódicamente el Observatorio de la Justicia Gratuita, indica que entre la sociedad hay “una descalificación grande de la Justicia” y añade que “sin retirar nuestra parte de culpa, hay que señalar la responsabilidad directa de los políticos, que se suben al carro de las grandes palabras pero no abordan los problemas que padece el ciudadano y, por añadidura, los profesionales del Derecho”.
En cuanto a la situación en la provincia de Segovia, además de reconocer que el partido judicial de Sepúlveda es, desde hace tiempo, “un punto negro, por distintos motivos”, el decano de los abogados segovianos considera que “ya no se trata solo de pedir nuevos órganos judiciales si no de que los que hay funcionen bien”.
Explica que se da la circunstancia de que cuando se crea un nuevo juzgado hay funcionarios con experiencia que se trasladan a este órgano, porque las condiciones son mejores, y “dejan a otros desabastecidos”. Sanz insiste en que el volumen de actividad de los juzgados segovianos “no se corresponde con la calidad exigible a todos los niveles”.
Admite el decano que, a pesar de todo, “Segovia es una provincia donde las estadísticas de asuntos pendientes es relativamente razonable, vivimos una situación mejor que la de otros sitios, por ejemplo la de algunos juzgados de la vecina Comunidad de Madrid, pero queda mucho por hacer y no nos parece que se esté ofreciendo a la ciudadanía la mejor de las respuestas judiciales posibles”.
El Colegio de Abogados de Segovia ha celebrado hace unos días una asamblea ordinaria de la que el decano destaca el ejercicio de transparencia en la gestión de la junta de Gobierno. Así mismo habla del esfuerzo formativo para que los letrados se reciclen, por ejemplo, en asuntos como la responsabilidad del administrador societario y concursal. Por último, recalca una amplia oferta de servicios a los colegiados.
Las solicitudes de Justicia Gratuita descendieron en torno a un 10 % el año pasado
Durante 2010 los letrados segovianos conocieron un total de 1.677 solicitudes de Justicia Gratuita, de las cuales 173 fueron desestimadas. El decano del Colegio de Abogados, Julio Sanz Orejudo, explica que esta cifra supone un descenso en torno al 10% respecto a la del año anterior.
La Justicia Gratuita salvaguarda el derecho constitucional de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. De esta manera, 115 abogados del Colegio segoviano hacen posible la defensa de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Se trata de más del 40% del total de letrados ejercientes.
La Justicia Gratuita se extiende a todos los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, social, etc.
Pero el Colegio de Abogados de Segovia ofrece, por un lado, un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) general y dos servicios de atención a los afectados por normativa de Extranjería y a las víctimas de Violencia de Género.
Además, mantiene el sistema del turno de oficio y el de asistencia al detenido.
De esta manera, diariamente hay seis abogados disponibles las 24 horas, uno por cada partido judicial de la provincia, otro para asuntos de violencia de género y otro para el SOJ y Extranjería.
A falta de un análisis al detalle sobre las causas del descenso que se ha registrado de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, Sanz apunta a que puede deberse a que algunos ciudadanos extranjeros han retornado a sus países de origen.
Por otro lado, el decano de los abogados segovianos destaca “esta importante labor” y estima que el modelo de Justicia Gratuita en España “se puede mejorar y potenciar, pero manteniendo el servicio público”. Recuerda además que las retribuciones que reciben del Estado los letrados adscritos a la misma “están congeladas desde 2003 y, a pesar de eso, hay que reconocer la labor de los compañeros que no por eso dejan de atender a los ciudadanos”.
