Para dar la razón a todos los demócratas y demostrar que el comunicado de ETA anunciando la suspensión de sus asesinatos no altera en modo alguno el panorama vasco y, lejos de suponer una novedad, constituye solo una nueva trampa de la banda, ayer los abertzales, lacayos políticos de los criminales, comenzaron a representar el previsible sainete destinado a colar a sus jefes terroristas en las instituciones y, sin esperar ni siquiera 48 horas, reclamaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que proceda a su legalización, porque tal gesto «es uno de los mínimos» imprescindibles para que pueda seguir adelante «el proceso democrático» supuestamente iniciado por ETA.
Tales planteamientos fueron respondidos de inmediato por el inquilino de Moncloa, que consideró que el vídeo difundido por los criminales es «profundamente decepcionante» y advirtió a los abertzales de que ahora solo vale «el abandono de las armas para siempre». «Quienes están fuera de la legalidad porque no condenan tajantemente la violencia están en la misma situación hoy que antes del comunicado, exactamente la misma», subrayó el socialista previamente a ponderar la unanimidad de todas las fuerzas políticas democráticas a la hora de analizar el pronunciamiento de la banda. «Ya no valen comunicados, sino solo decisiones; y solo una decisión vale y es una que se dice con pocas palabras: abandono de las armas para siempre», recalcó Zapatero.
Pocas horas antes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había expresado en idénticos términos al explicar a los proetarras que la pretendida legalización de Batasuna solo será posible si se produce la ruptura «definitiva» con la banda, algo que está muy lejos de suceder, puesto que ayer mismo los compañeros de Arnaldo Otegi se negaron por enésima vez a condenar la violencia de sus patronos. «La izquierda abertzale se ha equivocado de interlocutor, puesto que para conseguir lo que pide se tiene que dirigir a ETA, no al Gobierno. Tiene que decirle a ETA que abandone las armas o romper definitivamente con la banda», proclamó el jefe de las Fuerzas de Seguridad.
Similar fue la firmeza mostrada por el PP, que, a través de su presidente en el País Vasco, Antonio Basagoiti, reclamó al Ejecutivo que evite cualquier acercamiento o diálogo con los asesinos.
«No podemos esperar nada de ellos», apostilló el popular antes de añadir que los asesinos han declarado una tregua solo «para salir del atolladero», provocado por la persecución policial y por el frente formado por socialistas y PP.
El análisis.- El PNV lo tiene claro
A la hora de calibrar cuál es la verdadera situación de ETA, mucho más revelador que atender a las tan bienintencionadas como interesadas proclamas gubernamentales es fijarse en la postura del PNV en relación con los asesinos, verdadero termómetro de la auténtica salud social de la banda. Con tal criterio, parece que, esta vez sí, la formación jeltzale apuesta definitivamente por la extinción de la organización asesina y, sin atender demasiado al teatral comunicado del domingo, proclamó ayer por boca de su presidente, Íñigo Urkullu, que, pese al anuncio de tregua realizado por los encapuchados, a día de hoy se siguen recibiendo en numerosos domicilios y empresas de la región norteña «cartas de extorsión y amenazas» y que, por tanto, no hay que dejarse llevar «a engaño».
Urkullu, que definió como «ambigua» la frase en la que ETA señala que hace ya varios meses decidió no cometer «acciones armadas ofensivas», reiteró su «rotundidad» ante la interpretación del «buenismo que algunos pudieran pretender en relación a la banda». Así, el político nacionalista advirtió de que existen acciones que, si bien no encajan en la categoría de «armadas ofensivas», sí afectan sin embargo a la «sensación» de la sociedad vasca de «seguir viviendo» como «amenazados» y que, en consecuencia, resulta igual de inadmisibles que las propias bombas.
