Los senadores populares por Segovia Juan José Sanz y María Ángeles García cuestionaron este martes la legitimidad del Gobierno central por estar basado “en la mentira y el engaño”, y formado “a partir de unos acuerdos que rompen la igualdad entre los españoles desde la opacidad, también el modelo del 78, la solidaridad y la cohesión territorial, estableciendo una nueva clase privilegiada en función del territorio” que podrá, incluso, “delinquir sin problema”, además de asegurar que todos los españoles “nos encontramos ante el mayor ataque a la igualdad en función del territorio al que se pertenezca”.
Así, ambos realizaron un análisis de la actualidad nacional, en el que insistieron: «Estamos viviendo el momento más difícil para la democracia en España, la convivencia entre españoles y el espíritu de la transición”, que desembocó en la probación de la Constitución Española. Algo que, aseguraron, está sucediendo porque “por primera en la historia de unas las elecciones generales el partido que ha perdido, se empeña en que no gobierne el que las ha ganado” y, además, “lo consigue aceptando el relato virtual y falso de una situación que han marcado aquellos que quieren romper España”.
Por ello, aseguraron que “el mayor problema no es que quienes se declaran independentistas ataquen España, sino que quienes tienen la obligación de defenderla no lo hacen”, en un momento, que consideraron, está marcado por el debilitamiento de los movimientos independentistas, como “consecuencia de la aplicación del artículo 155, del ejercicio de la Justicia, de las sentencias y del cumplimiento de estas últimas”.
Acuerdos
Ante esta situación, el senador popular hizo un recorrido por los distintos acuerdos realizados por parte del PSOE que se han plasmado en la Proposición de Ley en tramitación sobre la amnistía, “claramente anticonstitucional” porque “suprime el poder judicial, invade la separación de poderes y rompe y vulnera el tratado de la Unión Europea”. En este sentido, Sanz se centró en el acuerdo con el PNV, considerando que “rompe la unidad de la caja de pensiones y sume en la inseguridad jurídica a todo el Estado” porque obliga a que cualquier texto legislativo que pueda afectar a una competencia de la Comunidad Autónoma “incluya una cláusula foral, para negociar con el Gobierno vasco”. Por su parte, en los acuerdos con Junts, “se habla de la cesión del cien por cien de los tributos de Cataluña”, lo que conlleva “pensar en la dudosa viabilidad la financiación del conjunto del Estado”.
El acuerdo con ERC, “acepta el relato de un supuesto conflicto entre dos estados, España y Cataluña”, pero lo “más relevante”, es la transferencia de rodalíes “que tiene un coste aproximado de 6.000.000.000 de euros”. Como consecuencia, todos los años durante los tres primeros meses, el Estado tendrá que ingresar el déficit que considere previsto en materia de incapacidad de gestión para ese año. Asimismo, en el anexo segundo, “cualquier inversión de infraestructura tendrán que contemplar para Cataluña la cuantía correspondiente a su PIB nominal”, es decir, que cada segoviano “tiene una deuda con Cataluña de 1.357 euros”.
El “encapuchado pacto con Bildu”, aseguró Sanz, fundamentalmente consta de “seguir blanqueando” y entregar Pamplona “a aquellos que eran los herederos de los que asesinaban a sus compañeros y a los nuestros”. Por ello, se preguntó «si los parlamentarios de Segovia están de acuerdo con esto”.
Comisión General de Comunidades Autónomas y reforma del Reglamento
Ante esta situación, Sanz anunció que desde el Senado se ha constituido la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que tiene “una importante representación Castilla y León” y se ha hecho comparecer todos los presidentes autonómicos, entre los que “no han estado presentes ni el Lehendakari ni los presidentes socialistas”. Por su parte, el conjunto de presidentes participantes “coincidieron en la exigencia del mantenimiento de solidaridad y cohesión territorial”, así como que la financiación “tiene que ser debatida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, sin privilegios a ninguna comunidad.
Por otro lado y, “a propuesta del grupo popular”, la senadora García confirmó que se ha llevado a cabo una reforma del Reglamento de la Cámara del Senado, a la que se presentaron un total de once enmiendas, dos de ellas por el grupo parlamentario popular. La primera trata sobre sobre las proposiciones de ley, por las que se considera necesario “recabar los informes pertinentes antes de su aprobación”. La segunda es referente a “establecer la obligatoriedad de que comparezcan tanto el presidente del Gobierno como los ministros, cuando así lo entienda el Senado”, algo que mejora la transparencia.
Por parte del grupo parlamentario popular también “se está haciendo un seguimiento de antecedentes y jurisprudencia comparada con otros países de la Unión Europea”, además de fijar un marco de actuaciones que será público “seguramente en este mes”. Así, se hace seguimiento de informes como Greco, con medidas contra la corrupción y de la Comisión de Venecia, que “sin ser vinculante, es determinante en los antecedentes sobre leyes de Amnistía en Europa” ya que se centra en tres ámbitos de actuación, como son la democracia, los Derechos Humanos y el cumplimiento de la Ley.
