La oficina del Procurador del Común tramitó durante el año pasado un total de 3.909 expedientes, de los cuales 3.888 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 21 a actuaciones de oficio, lo que supone un 52,2 por ciento más que en el año anterior, cuando se contabilizaron 2.569 expedientes, según el balance publicado por la propia institución esta semana. En 2017 aumentó el número de quejas que, siendo una única reclamación, representaban a colectivos de varios firmantes.
Por lo que respecta a la provincia de Segovia, fueron 139 las quejas elevadas al Procurador del Común durante el último ejercicio, lo que representa un incremento del 41,8 por ciento en relación al año anterior, que cerró con 98. De hecho, es el número más alto de expedientes en el último lustro, ya que en 2015 se contabilizaron 118; en 2014, 126; y en 2013, 125. Hay que remontarse al año 2012 para encontrar un número más elevado de quejas presentadas por los segovianos, ya que en dicho año se contabilizaron 257.
En el resto de la Comunidad, Zamora lideró las estadísticas con un total de 661 reclamaciones, el 17 por ciento del total; seguida por León, con 579 quejas; y Valladolid, con 351. A continuación, se quedaron Burgos, con 285; Salamanca, con 269; Palencia, con 217; Ávila, con 146; y cierra el listado la provincia de Soria, con 100.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes fuera de la región, que fueron un total de 680, debido, entre otras cuestiones, a la reclamación por el estado de la carretera de de Porto a Sanabria (Zamora). Del extranjero llegaron seis quejas; una con dos firmantes de diferentes provincias y 454 sobre la misma carretera de Porto a Sanabria.
Por áreas, destacan un año más las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas con un 46% del total; seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 17%; Bienes y Servicios municipales, con un 10%; Medio Ambiente, con un 5%; Sanidad y Consumo, con un 4%; Familia e Igualdad de oportunidades, con un 4%; Industria, Comercio y Seguridad Social un 3%; y Educación y Justicia, Interior y Emigración, con un 2% cada una.
