La rebelión de los tractores volvió un año después. Los profesionales del campo de la provincia, al igual que los de otros puntos de España, regresaron este lunes a las carreteras para manifestar que los problemas denunciados hace un año se han agravado y para protestar contra las medidas adoptadas en el acuerdo entre países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y la Unión Europea (UE), que consideran una amenaza.
De forma pacífica y organizada, una treintena de tractores recorrieron con normalidad, aunque provocando retenciones, las carreteras SG-205, saliendo desde la localidad de Cerezo de Abajo y llegando hasta Cantalejo, y la N-110 a la altura de Ayllón. Una movilización desarrollada principalmente en el nordeste de la provincia, que contó con la participación y el apoyo además de vecinos de otras comarcas para luchar por un objetivo común: la estabilidad y la viabilidad del sector.
La convocatoria en defensa del futuro del campo español de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI), de la que forma parte el Movimiento de Agricultores y Ganaderos Independientes Nacional (MAGIN), creado el pasado 6 de febrero de 2024, reclamó una renegociación del acuerdo con Mercosur para garantizar condiciones justas para los productores españoles, el fin de la competencia desleal con productos importados que no cumplen las normativas europeas, un mayor apoyo económico y fiscal para el sector primario y la flexibilización de las políticas medioambientales para evitar que perjudiquen la rentabilidad de las explotaciones.
Miguel Ángel Arribas, profesional del campo del municipio de El Olmo y portavoz de Magin en la zona, señala que «estamos igual o peor que hace un año», y que con el acuerdo de Mercosur el sector va a salir «peor de lo que estábamos» al considerar que es «competencia desleal y que ellos no cumplen con las normativas de exigen en Europa y tiene costes más bajos». «Nos destrozan totalmente el mercado», sostiene; y pide: «Precios justos para los cereales». Arribas muestra su preocupación por «la política verde» impuesta desde Europa: «Nosotros somos los que conocemos nuestra tierra y no nos dejan producir lo que siempre se ha sembrado y no podemos rentabilizar nuestras explotaciones».
Asimismo, echa en falta el apoyo de las organizaciones profesinales agrarias (OPA) en estas reivindicaciones y lamenta que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se han visto reducidas en los últimos años y se ha ampliado el ámbito burocrático y el encarecimiento de los fertilizantes y el gasoil, que «se ha triplicado y, en algunos casos, quintuplicado»; a lo que hay que añadir que el precio del cereal sigue «prácticamente igual». Arribas resume que «directamente, estamos produciendo a pérdidas» y que garantizar el futuro del sector primario, con estas condiciones, está «muy complicado». «No hay gente que se quiera quedar en el campo», concluye.
Desde UNASPI aseguran que el acuerdo entre Mercosur y la UE «se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para el sector primario español» y recalcan que este tratado permite «la importación masiva de productos agroalimentarios que no cumplen con los estrictos estándares sanitarios y medioambientales de la UE». En ese sentido, alertan que los agricultores y ganaderos españoles se ven obligados a competir en «desigualdad de condiciones» frente a «productos de menor calidad y precio reducido». Por ello, exigen soluciones, y advierten: «No pararemos hasta que se garantice el futuro del campo español». Por otro lado, no se descartan nuevas movilizaciones del campo en próximas fechas.
Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, preguntada por las protestas desarrolladas en diferentes provincias de la Comunidad, señaló que reflejan «un sentimiento de hartazgo» por parte del sector, y que la Administración autonómica es «consciente» de los retos a los que se enfrentan agricultores y ganaderos. Así, aseguró que ha trabajado, en la medida de sus posibilidades, en «flexibilizar» los trámites a los que tiene que enfrentarse este sector ante el «exceso de burocratización», así como en «defender a los productos y productores».
