El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, entregó ayer a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en un ‘pendrive’ USB el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que incluye subidas de pensiones mínimas y de viudedad, incremento salarial para los funcionarios y bajadas en el IRPF y el IVA del cine y que, si ven la luz, serán las séptimas cuentas de un Gobierno de Mariano Rajoy y su segundas en minoría parlamentaria.
Acompañado por su secretarios de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal; de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya; y de Función Pública, Elena Collado, el ministro entregó el proyecto de ley a la presidenta de la Cámara Baja en el Salón de Pasos Perdidos.
Allí le esperaba la Mesa del Congreso y los portavoces de la Comisión de Presupuestos, encabezados por su presidente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. Montoro y Pastor, tablet en mano, mostraron a los medios el proyecto de Presupuestos.
El paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y a continuación se abrirá un plazo de uno o dos días para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.
Amparo
A falta de la aprobación de un calendario definitivo, estas comparecencias se celebrarían, según las estimaciones que maneja la Comisión de Presupuestos, entre el 16 y 19 de abril.
El viernes de esa misma semana, el día 20 de abril, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. Ese debate se calcula que se producirá la semana siguiente, en torno al 25 de abril, ya en el Pleno del Congreso.
Además de sus socios electorales UPN y Foro, y sus aliados de investidura Ciudadanos y Coalición Canaria, el PP necesita contar con los cinco diputados del PNV. La formación jeltzale sostiene que, mientras se encuentre en vigor la intervención política del Gobierno en Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no se dan las condiciones para apoyar, y ni siquiera negociar, los Presupuestos.
Con el visto bueno del PNV, el Gobierno ya contaría con apoyos suficientes para superar ese primer escollo parlamentario y poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está toda la oposición.
Pero cuando el proyecto vuelva al Pleno del Congreso para someter a votación las cuentas sección por sección (las cuentas de cada ministerio), al Gobierno tampoco le bastará con sumar al PNV. En ese trámite definitivo, ya en la tercera o cuarta semana de mayo, al Ejecutivo no le sirve el empate, sino que se precisa recabar más votos a favor que en contra, y sólo con perder una sección, las cuentas de un ministerio determinado, todo el proyecto se desplomaría.
Para entonces, el Gobierno confía con tener atado el apoyo de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, con el que aprobó las Cuentas de 2017, así como los acuerdos del techo de gasto para 2018. De esta forma, conseguiría reeditar la alianza de hasta siete formaciones políticas distintas para sacar adelante los segundos Presupuestos de un Gobierno en minoría de Rajoy.
Si los Presupuestos concluyen con éxito su tramitación en el Congreso, empezarán a debatirse ya en junio en el Senado, donde seguirán el mismo procedimiento si bien en la Cámara Alta el PP se garantiza la aprobación al contar con mayoría absoluta.
En este sentido, Montoroafirmó que la renta de más de 13 millones de personas depende de la aprobación del proyecto de ley de los PGE, fruto del acuerdo con los agentes sociales y pensados “especialmente” para pensionistas, funcionarios y la creación de empleo. Así, se mostró “seguro” de que los grupos parlamentarios “sabrán asumir su responsabilidad”.
Compromiso
De esta forma, el ministro destacó que el proyecto de ley de Presupuestos está “fuertemente comprometido” con la creación de empleo y el crecimiento económico, y pretenden distribuir los beneficios de ese crecimiento entre los sectores que “no tienen otra manera de recibir esos beneficios si no es a través de los PGE”.
Montoro subrayó que los Presupuestos de 2018 están “pensados especialmente” para los pensionistas, los servidores públicos que hacen posible el crecimiento y para financiar mejor los servicios públicos fundamentales, en primer lugar las pensiones, y con más recursos para Educación, Sanidad, y prestaciones sociales.
Asimismo, hizo hincapié en que “son unos PGE propios de un Gobierno que cumple con su compromiso, que es traer un proyecto de ley nuevo de PGE a esta Cámara”.
Facilidades
El ministro de Hacienda anunció además que los PGE para el próximo ejercicio recogen facilidades para que comunidades y ayuntamientos que tengan deuda con la Administración General y que hayan sido “cumplidoras” puedan reestructurar su deuda, con incentivos a los créditos y a las condiciones financieras.
Según explicó, estas facilidades, “una mayor prima para las administraciones cumplidoras”, tendrán que tener el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local.
La secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, especificó que estos “incentivos” para las administraciones que puedan beneficiarse podrá afectar a los créditos y a las condiciones financieras de esta deuda.
Sin embargo, el ministro se remitió a la tramitación parlamentaria para conocer con exactitud los mecanismos definitivos, ya que los Presupuestos solo recogen “un precepto legal” que, dijo, “habilita al Gobierno” a negociar la reestructuración de la deuda.
En este sentido, invitó para ello a los grupos de la oposición a que “participen” en la “reestructuración de las deudas pendientes de las administraciones territoriales con la administración general”.
Estas facilidades para la reestructuración pueden darse, apostilló, tanto en la deuda que las administraciones territoriales tienen con la Administración General vía mecanismos extraordinarios de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como en las liquidaciones negativas pendientes, derivadas del sistema de financiación autonómica.
Concretamente, Montoro recordó que las liquidaciones del sistema en varios ejercicios, como los de 2008 y 2009, registraron valores negativos en favor del Estado, y que a la hora de hacer la liquidación se optó por aplazar la devolución.
Ante ello, el ministro, ofreció “seguir considerando la no vigencia de esas devoluciones” para las administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad. Todo ello, con el fin de que esta reestructuración sirva de “estímulo para que sigan cumpliendo”.
