Las defensas de los políticos soberanistas en prisión preventiva por orden del juez instructor de la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene al Tribunal Supremo la puesta en libertad provisional de sus clientes tras la decisión del tribunal alemán, descartando entregar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión, ya que dicha resolución les refuerza en sus argumentos.
Así lo explicaron en una rueda de prensa conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell).
Asimismo, Jordi Pina explicó que a mediodía presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra la suspensión de los cargos electos y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos —Jaume Alonso-Cuevillas y Van den Eynde—.
Van Den Eynde valoró que tras analizar la respuesta del tribunal regional alemán sobre Puigdemont todos han coincidido: “No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión”.
Sin justificación
Los abogados explicaron que presentarán sendos recursos contra la prisión provisional la semana que viene de manera coordinada para tener más fuerza y en un momento procesal en que el sumario se ha concluido: “No han cometido ningún delito que justifique que estén en prisión”, aseguró Marina Roig.
Van den Eynde valoró que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de permitir la extradición de Puigdemont solo por malversación y descartando la rebelión no tiene una repercusión directa en sus procedimientos pero “debería mover a la reflexión”.
Para Olga Arderiu, la decisión alemana “sería una buena oportunidad para rebajar los planteamientos” por parte de la Fiscalía, aunque rechazan también el tipo penal de conspiración a la rebelión.
La respuesta que dé ahora el Supremo, para el abogado de Junqueras y Romeva, puede ayudar a resolver dos problemas y supondría un “win-win”: acabar con la situación injusta de los presos y a la vez devolver el prestigio a las instituciones judiciales españolas haciendo un uso de la prisión preventiva más prudente, en sus palabras.
“Esta puerta que nos abre Alemania debería hacer reflexionar en que lo más razonable es que los presos estuvieran en su casa”, expresó Pina, ya que a priori esta medida cautelar está prevista para casos en que está en riesgo la vida o la integridad física o sexual de las personas.
Al preguntársele por el juicio y la posible entrega de Puigdemont solo por un delito de malversación, Pina consideró un “problema muy grave” que pueda sentarse en el banquillo un líder al que le piden cinco años, en alusión a Puigdemont, y otros acusados con penas de más de 20 años.
Los abogados defensores negaron que haya ninguna negociación con la Fiscalía y han asegurado que no prevén un pacto, y respecto a sus clientes, Van den Eynde sentenció: “La resolución alemana no allana nada porque no hay canal de negociación ni lo habrá”.
Van den Eynde afirmóque todos piden la libre absolución de sus clientes y que si es necesario llegarán al Tribunal de Estrasburgo “aunque sea una pena de multa de diez euros”.
La abogada Marina Roig dijo que no van a negociar porque no se ha cometido ningún delito, y aún menos si se rebaja de rebelión a conspiración porque creen que el proceso soberanista fue pacífico.
