Los centros de enseñanza concertada de Segovia denuncian que sufren discriminación tras conocer que el borrador del Plan de reconstrucción del PSOE y Podemos especifica que las ayudas a educación de los fondos europeos por el coronavirus solo se destinarán a la escuela pública de gestión directa. Los directivos de estos centros aseguran que esta medida si se aplica es un “mazazo” para sus instituciones educativas y para sus 300 trabajadores pero sobre todo para las familias de los 3.500 alumnos segovianos que se forman en sus aulas. El alumnado de estos centros representa el 14 por ciento del total que hay en la provincia en educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (24.000).
“Todos hemos pasado y sufrido la pandemia del Covid-19” , “también a nuestras familias y comunidades educativa nos ha afectado la crisis sanitaria”, dicen los representantes de las escuelas católicas —colegios Maristas, Claret y Concepcionistas— y de la Cooperativa Alcázar, que no entienden que el si el virus no ha discriminado, ahora pretenda hacerlo el Gobierno en la aplicación de medidas para paliar sus efectos.
Los tres centros religiosos—Colegio Claret, Colegio Madres Concepcionistas y Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla— han cerrado el curso 2019/2020 con una matrícula de 3.033 (583 Infantil, 1.184 Primaria, 921 ESO, 345 Bachillerato) y un equipo de 268 profesionales, pero además suman una larga historia de enseñanza en Segovia. Forman parte de Escuelas Católicas Castilla y León, la patronal de centros educativos concertados católicos de Castilla y León que incluye 182 colegios, más de 9.000 trabajadores y representa al 27,5% del alumnado de Castilla y León con 100.000 niños en sus aulas.
La comunidad de la Cooperativa Alcázar de Segovia está formada por unos 400 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria y 39 profesionales. Este centro se acerca al medio siglo de actividad académica, tal y como recuerda su presidente, Óscar Muñoz Berzal, quien representa a Castilla y León en la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) , entidad que agrupa a 600 centros.
Óscar Muñoz asegura que cooperativistas, profesores y familias “están indignados” tras conocer las últimas acciones que está trazando el Gobierno. En el mismo sentido se manifiesta Leandro Roldán Maza en representación de las escuelas católicas, indicando que a la preocupación que ya generaba la ‘Ley Celaá’, que se ha ido tramitando durante el estado de alarma, se ha unido ahora la “profunda desazón” que genera la exclusión de los centros concertados del plan de recuperación del coronavirus que ha elaborado el Gobierno. Si sale adelante el borrador de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, los centros concertados no podrán acceder a la ayuda de 2.000 millones del fondo Covid-19 para Educación. Tanto para Óscar Muñoz como para Leandro Roldán esto es un acto de discriminación. Y ambos defienden a ultranza que la enseñanza concertada es “también un servicio público” por el que tienen derecho a optar las familias, y así “está reconocido por ley”. Entienden que, por tanto, las ayudas para afrontar el Covid deben llegar a la red concertada.
Óscar Muñoz pone además el acento en el hecho de que en “la Cooperativa Alcázar no cobramos ninguna cuota a las familias, ni recibimos donativos y tenemos familias de distintos niveles económicos”.
Religiosos
El secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán Maza, explica que durante los cuatro meses de confinamiento la red concertada “ha demostrado estar a la altura”. “Nos hemos puesto las pilas tanto las familias como los alumnos como los profesores, hemos seguido adelante con nuestra tarea, incluso a destajo, y la atención al alumnado ha sido más que correcta no solo en lo pedagógico, sino también en lo psicológico”, dice el portavoz de los colegios religiosos recordando la tragedia vivida. “Hemos tenido pérdidas familiares y los alumnos tenían que sentirse apoyados por su centro y su profesor”, dice Roldán Maza.
“Todo eso añadido al gasto que conlleva esta crisis en los centros, —comenta— hablamos de test serológicos para el profesorado, mascarillas para alumnos, hidrogeles, cambios en las instalaciones para respetar las medidas sanitarias…”. El confinamiento ha costado dinero, los ingresos son deficitarios y si el Gobierno pretende no dotar a la concertada de las ayudas Covid “la situación se agrava”, dice el portavoz en quien han delegado los colegios Maristas, Claret y Concepcionistas.
Para estas instituciones, la acción del Gobierno es sobre todo ”una profunda discriminación para las familias”. En Castilla y León son 100.000 alumnos los que están en la red concertada y sus familias están sufriendo o van a sufrir esa grave discriminación. En Segovia son más 3.000 alumnos los que no se van a poder beneficiar si al final el Gobierno nacional lleva a cabo esta intención, recuerda Roldán Maza.
Cooperativas
Por su parte, desde la Cooperativa Alcázar alertan de que “dejar fuera a los centros concertados es limitar su capacidad de dar respuesta a los gastos que supone atender las medidas requeridas para poner en funcionamiento” los colegios para el próximo curso.
Óscar Muñoz sostiene que en el caso de las cooperativas de enseñanza “se ponen en peligro la educación de 284.000 alumnos y unos 40.000 empleos”.
Las cooperativas de enseñanza y centros educativos de Economía Social, representados por la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y la Federación Española de Centros de Enseñanza de la Economía Social (FedAces), han rechazado la “exclusión y discriminación” de los centros concertados de poder acceder a la ayuda de 2.000 millones del fondo Covid-19 para Educación. El movimiento cooperativo del que forma parte el centro segoviano ‘Alcázar’ muestra su total desacuerdo con la propuesta de que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”.
Así, ha solicitado a la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia, que se suprima o modifique esta medida “en el sentido de que los destinatarios sean los centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos”.
“Es inadmisible esta discriminación y apelamos a un sentido de responsabilidad por la cohesión social, aunando fuerzas para lograr una reconstrucción social y económica para todos”, concluye Óscar Muñoz proyectando el mensaje de la UECoE.
Confianza en la Junta
Los centros concertados tienen ahora puesta su mirada en la Junta de Castilla y León, para que, al igual que ya se están manifestando otras Comunidades no, haga diferencias en el reparto de fondos entre la red pública y la concertada. En este sentido se ha pronunciado Leandro Roldán Maza en representación de los centros religiosos de enseñanza que en Segovia son: Maristas, Claret y Concepcionistas.
Roldan Maza asegura que en el período de confinamiento y estado de alarma, Escuelas Católicas ha estado trabajando con la Consejería de Educación sobre el desarrollo del último trimestre del curso y de cómo va a ser esa vuelta en septiembre. La patronal de centros educativos concertados católicos ha dejado constar a la Administración que “todo esto conlleva un gasto extraordinario” y asegura que ha recibido “el apoyo y el compromiso de la Consejería de ayudar con los gastos que conlleve”. “Por ello, —añade Roldán— aunque el Gobierno central haga ese tipo de declaraciones confiamos en que en Castilla y León los centros concertados sean tenidos en cuenta en la misma medida que los centros públicos”.
