Al igual que a los agricultores y ganaderos, las medidas de protección al medio ambiente también les suponen un importante coste económico a los municipios, entidades que tienen la gestión de las aguas residuales entre sus servicios básicos y obligatorios.
En la provincia de Segovia, la práctica totalidad de la población ya dispone de plantas depuradoras, de proyectos para su ejecución, o se están llevando a cabo en la actualidad.
La legislación establece que los municipios deben contar con estaciones de depuración de sus aguas residuales. Y contempla un calendario gradual según el tamaño de su población. Está regulado en la directiva europea 91/271/CEE, que versa sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Exige que los estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar que las aguas residuales urbanas sean tratadas correctamente antes de su vertido a la naturaleza.
Para ello, la norma impone principalmente dos obligaciones a cumplir en diferentes plazos: Por un lado que las “aglomeraciones urbanas” dispongan de sistemas colectores que recojan y conduzcan las aguas residuales. Y por otro, la obligación de someter dichas aguas residuales a tratamientos, más o menos rigurosos. Usa para esos plazos dos baremos: la carga contaminante de la aglomeración, basándose en el número de ‘habitantes equivalentes’, y la mayor o menor sensibilidad de la zona en la que se realizan los vertidos.
Los problemas a que se enfrentan las poblaciones pequeñas se refieren a que han de asumir unos costes por habitante más elevados por no poderse aprovechar economías de escala. Padecen además limitaciones de financiación por la escasez de ingresos municipales, y limitación de presupuestos de operación y mantenimiento, que se ve incrementado por la falta de personal especializado.
CALENDARIO
Casi todos los municipios segovianos cuentan con estaciones depuradoras de aguas (EDAR), comenzando con la capital. Progresivamente se han ido implantando en la provincia los de menor tamaño. Y actualmente se generalizan en casi toda la geografía provincial.
Los programas de depuración se han impulsado tanto desde la administración central como la autonómica. En la actualidad, en la provincia de Segovia, la Junta se ha marcado como objetivo el año 2030 para que todas las aguas residuales estén depuradas. Para ello ha programado una inversión de unos 250 millones para municipios de menos de 2.000 habitantes.
Casi todas las localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes en Castilla y León ya lo hacen, a excepción de dos, Nava del Rey y Traspinedo, en Valladolid, que son responsabilidad del Gobierno central a tenor del acuerdo de reparto que ambas administraciones y las entidades locales alcanzaron en el año 2011. En el capítulo de municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, se ejecutan 239 depuradoras, con un importe de 125 millones de euros de inversión, y que ya se encuentran en diferentes fases. Por último, las de menos de 500 habitantes, donde se ejecutarán en global 1.300 infraestructuras de depuración, con un importe de 125 millones. se habrá completado la red de 6.000 núcleos de población que tiene Castilla y León.
El programa de actuaciones que maneja la Consejería de Medio Ambiente reparte el gasto entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, con un 40 por ciento, cada una a fondo perdido, y los ayuntamientos (20 por ciento). La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería, se encarga de la ejecución de las actuaciones y de su operación y mantenimiento durante 25 años.
En la provincia de Segovia destaca el caso de Ayllón, donde es la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la que ejecuta y financia la construcción de la estación depuradora, con un presupuesto de licitación de 1,3 millones de euros. El proyecto dará servicio a un total de 1.700 habitantes de la zona. Tras la construcción, el mantenimiento correrá a cargo del municipio ayllonés.
ACUERDOS POLÉMICOS
También la Administración central promovió la construcción de siete depuradoras en otros tantos municipios de la provincia a través de un convenio que acabó en los juzgados. Fue en 2015, cuando la empresa pública Acues, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (anteriormente en el de Agricultura) iniciaba la construcción de seis depuradoras en la provincia de Segovia (en Zarzuela del Monte, Ortigosa del Monte, Cabezuela, Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Prádena). Estaba previsto también Aguilafuente, pero se descolgó del acuerdo por considerarlo demasiado caro. En total, se iban a invertir 7 millones de euros de los que la empresa pública corría con el 80%, y el 20% restante a cuenta de los municipios beneficiados. Se pensaba contar con fondos europeos para financiar el proyecto, pero debían estar finalizadas las obras antes de 2016. Al no conseguirlo, el Estado debió afrontar el 40% del importe de las ayudas europeas previstas, dos millones de euros. Y quiso imputar el gasto a los municipios. En el año 2018 los consistorios afectados recurrieron la medida en los juzgados al tiempo que retenían el pago de las facturas del agua depurada a Acuaes, durante el tiempo que se prolongó el juicio, que fueron dos años.
Tras un fallo favorable a los consistorios en primera instancia, se recurrió y se volvió a ganar en el TSJCYL. Los dos millones que costaron a mayores, los debe pagar el Estado al haberse retrasado en la presentación de subvenciones europeas. Se creó una comisión negociadora con Acuaes para concretar la devolución de los pagos retenidos durante esos dos años de pleito, una vez descontados del recibo los costes de más por el retraso en la consecución de las ayudas europeas. Estos pueblos están pagando en torno a 15.000 euros anuales por los pagos fraccionados que se prolongarán durante 40 años desde el inicio de la explotación, que ha sido reciente.
El retraso en la recepción se debió a las discrepancias, no sólo por la pérdida de fondos europeos, sino también por los costes que les quería repercutir Acuaes a los municipios durante los años inmediatos por el mantenimiento.
Todas estas instalaciones se diseñaron para una población equivalente al doble de sus censos, de modo que están sobredimensionadas. Además, el estado en que se encuentran las instalaciones evidencian que los materiales empleados en la construcción fueron de baja calidad y están provocando un deterioro anticipado y averías.
En otro grupo se encuentra el grueso de las instalaciones que se llevan a cabo ahora. Se hacen a través de acuerdos con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, como las que lleva a cabo en las localidades de Labajos, Lastras de Cuéllar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada. El importe de la licitación para la construcción de estas cinco nuevas infraestructuras alcanza los 3,6 millones de euros. La licitación de las obras se realiza en un lote junto a otras seis depuradoras para otros tantos núcleos de la provincia de Ávila. El presupuesto total para la construcción de las once plantas, las cinco de Segovia y las seis de Ávila, asciende a 8.493.538,31 euros y el plazo de las obras es de 24 meses. Las empresas interesadas en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el 19 de marzo.
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encarga de la ejecución de las actuaciones y de la operación y mantenimiento de las instalaciones durante un plazo de 25 años. Las nuevas infraestructuras están incluidas en el Protocolo General de Actuación suscrito entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales, en octubre de 2020, para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los núcleos con población de 500 a 2.000 habitantes. Desde entonces se ha elaborado el Programa de Actuación para un total de 240 depuradoras, con una dotación financiera de 140 millones a compartir entre la Junta de Castilla y León (40%), las diputaciones provinciales (40%) y los ayuntamientos (20%).
En la provincia de Segovia, el programa ha previsto la ejecución de 38 depuradoras de aguas residuales, de las que, además de las de Labajos, Lastras de Cuéllar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada, que han iniciado ahora el proceso de licitación, se encuentran en fase de ejecución las de Chañe, La Higuera, Zarzuela del Pinar, Navalmanzano, Escalona del Prado, Escobar de Polendos, La Matilla, Maderuelo, Fuentesaúco de Fuentidueña, Mudrián (del municipio de San Martín y Mudrián), Villarejo (del municipio de Santo Tomé del Puerto) y Navas de San Antonio.
En la actualidad, Labajos, Lastras de Cuéllar, Sacramenia, Torrecilla del Pinar y Olombrada no disponen de sistemas adecuados de tratamiento de sus aguas residuales y, por tanto, no tienen capacidad para alcanzar los parámetros exigidos por la normativa actual el vertido de aguas.
La construcción de una nueva EDAR en cada uno de estos núcleos resolverá este problema y les permitirá conseguir los estándares mínimos de vertido al medio natural.
