Los padres de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre un año y medio y nueve años y medio de prisión por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 anunciaron su intención de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Antxon Ramírez, padre de uno de los jóvenes condenados, comentó en rueda de prensa que este caso llegará a Estrasburgo, un tribunal que “le va a decir al Estado español una vez más que la Justicia deja mucho que desear”.
Ramírez, quien estuvo acompañado por Izaskun Etxeberria, de la plataforma Alsasukoak Aske, afirmó que, pese a que el Supremo rebajó algo las condenas, tiene una sensación “de dureza, de crueldad”. Los jóvenes de Alsasua, declaró, “están ya con tranquilidad, pensando en la nueva fase” y estudiando junto a sus abogados “factores que les pueden beneficiar para que puedan salir” de la cárcel, como los permisos o el tercer grado.
El castigo
“Hemos asimilado el castigo”, dijo Ramírez, quien subrayó: “Ahora tenemos que responder, porque la vida sigue y los chavales tratarán de no perder el tiempo, que bastante tiempo les han hecho perder en esta época clave en su vida”.
En un comunicado leído en euskera por Etxeberria y en castellano por Ramírez, los padres y madres de los jóvenes mostraron su “indignación, enfado, impotencia y rabia ante esta sentencia, que apuntala y confirma la injusticia, el alargamiento del sufrimiento y la absoluta excepcionalidad de este caso”.
“Si han intentado maquillar la injusticia, no lo han conseguido; esto es una barbaridad y un despropósito”, aseguraron los familiares de los jóvenes, que denunciaron que en la Audiencia Nacional ha habido un juicio “lleno de irregularidades, falto de garantías y un proceso marcado por la omnipresencia de la Guardia Civil”.
En este caso, resaltaron, “no se ha hecho justicia, se ha confirmado la injusticia”. Los familiares han considerado que esta sentencia “se enroca en mantener y poner en valor los oscuros objetivos de este montaje, con implicaciones políticas, mediáticas y judiciales que se esconden tras la excepcionalidad de este caso”.
En este sentido, se trata, añadieron, de “un durísimo e injusto castigo humano, para mantener la utilización perversa de este caso”.
