CINCO AÑOS después de denunciarse los hechos, la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia sobre quien fuera presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia. Pero no por su labor al frente de esta asociación sin ánimo de lucro, sino por sus actividades como responsable de una empresa de ingeniería y construcción de pozos para usos agrarios.
La Audiencia de Valladolid le condena a dos años de prisión por estafar hasta a tres propietarios de terrenos y a una empresa dedicada a la realización de sondeos de agua y pozos agrícolas.
Los hechos se remontan a hace cinco años, en 2018 cuando la Guardia Civil de Valladolid anunció que había iniciado una supuesta estafa cometida por una empresa dedicada a la realización de pozos y sondeos para usos agrícolas. La operación, denominada ‘Pocero’, habría conllevado la detención y posterior puesta en libertad de un varón de 45 años de edad entonces, C.G.M, e investigado al hermano, de 41 años, R.G.M, a los que se les acusaba de realizar cobros por anticipado la ejecución de pozos de sondeo que luego no llevaban a cabo, según un documento elaborado entonces por el Instituto Armado.
La Guardia Civil de Valladolid dio inicio a la investigación en marzo de 2019 tras la denuncia de un perjudicado. Decía que una persona le había ofrecido la realización de un pozo en la parcela de su propiedad en la comarca de Medina del Campo, en Valladolid. Tras firmar el contrato y realizar un pago por adelantado de más de 11.000 euros, el denunciante acudió a la Benemérita al comprobar que los trabajos no eran ejecutados ni que tampoco le devolvían en dinero.
El Equipo Roca de la Guardia Civil de Medina del Campo constató que el entonces detenido habían creado una empresa o marca comercial ficticias, publicitándose a través de una pagina web, con la que captaban posibles clientes a los que ofrecían trabajos de sondeos y perforaciones de pozos para explotaciones agrícolas y ganaderas a los mejores precios y calidades del mercado. Esta empresa ficticia ofrecía presupuestos por debajo del precio del mercado. Una vez captado el cliente, y para dar una imagen de realidad, legalidad y profesionalidad, firmaban un contrato en el que se estipulaba que los trabajos de sondeo deberían efectuarse en el plazo de 15 días a partir del pago de un anticipo, que en este caso era de un 50% del total, más de 11.000 euros.
La investigación desarrollada se derivaba de la operación ‘Mizu’, desarrollada por la Guardia Civil durante el año 2019 cuya misión era la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de agua.
Esta actuación se enmarcaba en el Plan Revitalización contra Sustracciones en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas, por lo que se crearon los Equipos Roca de la Guardia Civil con el fin de incrementar la seguridad de las explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. La creación y desarrollo de estos equipos especializados, cuya función era «prevenir e investigar los hechos delictivos relacionados con los sectores agrícolas y ganaderos», respondía a la necesidad de frenar este tipo de delitos. A día de hoy continúan activos.
Cuando se supo que el detenido y principal sospechoso de los hechos era el entonces presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia, Carlos González, él mismo salió al paso de las informaciones y negó que se hubieran producido estos hechos. Aseguraba que “simplemente” se trataba de un problema exclusivamente comercial entre empresas, “que ya está solucionado”, decía entonces en declaraciones a este periódico.
DIMISIÓN IRREVOCABLE
Finalmente, en marzo de 2022, el entonces presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia, Carlos González Muñoz, presentaba su dimisión con carácter inmediato e irrevocable. Emitió un escrito que decía: “Me dirijo a ustedes para comunicar por medio del presente escrito mi decisión de presentar la dimisión de mi cargo de presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia con carácter inmediato e irrevocable, por motivos personales y profesionales que me van a hacer imposible compaginar mis obligaciones con el ejercicio de la presidencia de esa Lonja a la que tanto respeto y a la que he dedicado con mi mayor ilusión y empeño todos mis esfuerzos para que funcionara como referencia para la fijación de precios de los productos ganaderos y agrarios y espero que en el futuro así siga siendo. Con el ruego que se abra un proceso necesario para el nombramiento de un nuevo presidente, me despido de todos vosotros que tal leal y amablemente me habéis acompañado en el desempeño de mis funciones durante estos años”.
Dos años después de aquello, una vez conocido el resultado de la sentencia, y por tratarse de un personaje público por haber ocupado el cargo de presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia durante varios años, la actual directiva de esta agrupación lanzó un comunicado para dejar clara su desvinculación con el imputado.
El texto decía: “La Federación Empresarial Segoviana y la Lonja Agropecuaria de Segovia lamentan profundamente la situación generada por el ex presidente de esta última, Carlos González, tras conocer la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito continuado de estafa. Tanto la Federación Empresarial Segoviana como la Lonja Agropecuaria de Segovia no tenían conocimiento alguno de las actividades desarrolladas por el condenado y, por tanto, se desvinculan totalmente de cualquier acción ilícita ejercida por el mismo, tanto a título particular como usando el nombre de la propia Lonja Agropecuaria para lucrarse de manera indebida”.
“La Lonja Agropecuaria de Segovia fija los precios de referencia de las producciones agrícolas y ganaderas, pero también, facilita la estabilidad de los mercados y con ello, favorece la planificación de la producción agroalimentaria bajo criterios de eficiencia y rentabilidad. Por tanto, su función nada tiene que ver con la actividad por la que se le imputa al condenado”, reseñaban la semana pasada.
La sentencia judicial ya entregada a las partes, recoge que además de los dos años de prisión, Carlos González también tendrá que afrontar una importante compensación económica a los damnificados, aunque ya había devuelto una parte, lo cual también le ha servido de atenuante en la condena final.
En concreto, tendrá que pagar una multa de 1.500 euros y devolver 79.560 euros a dos de los afectados por la estafa.
Todo ello tras aplicarle las citadas atenuantes de reparación parcial del daño, dilaciones indebidas del proceso judicial y problemas personales de toxicomanía. En la sentencia se hace referencia a la conducta desordenada de González debido a una “grave” adicción tanto al alcohol como a la cocaína.
En todo el proceso judicial también estuvo implicado el hermano del principal encausado. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular terminaron por retirar su acusación dejando así como único responsable de todos los actos al expresidente de la Lonja de Segovia.
En el juicio, el abogado de la defensa reconoció que dichas estafas a tres personas que contrataron los servicios de González para construir pozos en Segovia y Valladolid y a una empresa a la que encargó un trabajo similar en Madrona tuvieron lugar entre finales de año 2018 y principios del 2019.
PRESIONES
Tras una primera detención, González quedó en libertad provisional una vez prestó declaración ante el juez. Meses más tarde dejaría el cargo de presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia, también empujado por las presiones que desde el entorno de esta institución se producían para evitar que manchara el nombre la asociación agropecuaria que, precisamente hace casi 5o años fundó su padre y que gracias a su gran labor, esta institución ha sido referencia nacional en muchos de los productos que se comercializa en Segovia y que han ayudado a ensalzar la calidad de algunos alimentos con autenticidad como el cordero Segolechal o el Cochinillo con Marca de Garantía de Procose.
El tribunal vallisoletano consideró como hechos probados que el expresidente de la Lonja recibió una cantidad de hasta 20.000 euros en forma de anticipos después de comprometerse con tres propietarios de terrenos para unos sondeos y la construcción de unos pozos que nunca llegaron a realizarse. La otra denuncia vino de la mano de la empresa de sondeos a la que había encargado la construcción de un pozo en la localidad segoviana de Madrona, valorado en 79.460 euros y que el acusado no llegó a abonar.
En esta operación llegó a solicitar que las obras fueran facturadas a nombre de la Lonja Agropecuaria de Segovia y se hizo pasar por un supuesto administrador de la Lonja para anunciar que este órgano iba a pagar la factura, aunque finalmente no lo hizo.
El ‘modus operandi’ de González estaba basado en la publicación a través de los anuncios en diferentes medios de comunicación y soportes de distinto tipo como compañías que llevaban a cabo trabajos de perforación, sondeos, equipos de bombeo y legalización o concesiones de agua. Para ello, el expresidente de la Lonja empleaba la empresa Aquaorbit, una institución que no estaba constituida legalmente como sociedad y que simplemente era un nombre con fachada.
Era todo pura apariencia, sin nada de documentación, trámites o procesos legales por detrás, como si de una mera marca comercial se tratase que González exprimió al máximo obteniendo beneficios para su propia persona que, a la larga, le han salido caros.
Una de las víctimas a las que llegó a decir que su expediente estaba atascado en las oficinas del Servicio de Industria de la Junta, optó por comprobar la veracidad de las promesas de Carlos González con consultas en la sección de Minas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, donde corroboró, de primera mano, que no existía ningún tipo de expediente abierto para llevar a cabo dicha creación del pozo y todo se trataba de una farsa para obtener un beneficio económico a su costa. También estuvo telefoneando a los medios de comunicación para advertir de la actividad ilícita del ahora condenado.
El tiempo, al final, le ha dado la razón.
La Lonja, una institución avalada por el rigor
La Lonja Agropecuaria de Segovia nació en 1978 de la mano de la Cámara de Comercio, la Cámara Agraria, y la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, con José Antonio Garrido Pérez a la cabeza. Sus reuniones semanales de los jueves, coincidiendo con el ‘Día de mercado’, se marcaban las cotizaciones que servían de pauta a campesinos, ganaderos, almacenistas, carniceros o tratantes.
Todos ellos solían acordar sus transacciones en la calle, en el entorno de la fachada de la entonces Caja de Ahorros. La Avenida del Acueducto era el lugar de encuentro de compradores y vendedores. Sellaban sus pactos con apretones de mano, a la vez que había desaparecido la presencia de animales vivos en el entorno del Acueducto.
Pero los miembros de la Lonja se reunían y marcaban el valor de los productos, en función de la situación económica y representaba la ‘bolsa’ del campo. La Lonja era la que daba fe de si los corderos debían pagarse esa semana más caros o más baratos; si tenían más fuerza comercial ese día los compradores o los vendedores.
Pocos años después de crearse la Lonja, en 1982, el Gobierno la reconoce como ‘mercado testigo’ que sirve de referencia en operaciones nacionales, para cuestiones como indemnizaciones de seguros o evolución fidedigna de los mercados, que una vez que España entra en la UE, también es el referente para la Comunidad Económica Europea (CEE).
En sus 46 años de historia, y tras constituirse como asociación sin ánimo del lucro, la Lonja de Segovia ha ido incorporando diversas cotizaciones. Actualmente marca semanalmente los precios para el sector porcino, ovino, vacuno y cereales. También ha valorado las hortalizas cuando se consolidó la producción agrícola de la zona de El Carracillo, aunque no ha conseguido asentarse. También se ha especulado con la posibilidad de que se marque el precio de otros productos como las setas, los níscalos o los boletus. Algún día, quizás.
