El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote, confirmó ayer durante su declaración en el juicio por el ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo el relato de sus superiores al señalar que en la mañana de la jornada del referéndum tuvieron que poner en marcha “el plan b” que habían previsto ante la falta de actuación de los Mossos d’Escuadra, consistente en sustituir a la fuerza policial autonómica.
A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado, Trapote llegó a calificar de “utopía” que dos o tres mossos por colegio fueran suficientes para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de evitar las votaciones y requisar el material.
Mientras que a preguntas del abogado Javier Ortega Smith, que ejerce la acusación popular en representación de Vox resumió: “Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a salvaguardar la seguridad colectiva, y es imposible que con ese dispositvo y esos efectivos pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio”.
Trapote calificó de “pasiva” la actuación de los Mossos porque “los centros estaban abiertos y las vísperas habían sido utilizadas para actividades lúdicas y hasta se pernoctó por la noche”, por lo que preguntado por la fiscal Consuelo Madrigal, subrayó que no cree que la labor de los agentes autonómicos fuera eficaz.
Asimismo, también indicó que desde días anteriores tenían “indicios” de que podría haber algún problema con los Mossos, entre los que citó que el mayor de los Mossos, Josep Lluis Traprero, fuera desde el principio “reacio” a ser coordinado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, designado para ello por el fiscal superior en Cataluña. Así, recordó que el propio representante del Ministerio Público le señaló que el dispositivo que inicialmente había presentado, de dos mossos por centro de votación, era insuficiente.
Por su parte, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el referéndum, teniente general Ángel Gozalo, resaltó que la “sombra de duda” sobre la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra fuesen a cumplir la orden judicial de impedir la votación comenzó ya a mediados de septiembre, cuando la Policía Nacional y el Instituto Armado participaron en otras operaciones relacionadas con la prohibición.
Gozalo citó dos ejemplos: el registro en Unipost el 19 de septiembre, cuando los Mossos tardaron 40 minutos en responder a la petición de ayuda y aún más en aportar efectivos, y el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, cuando no intervinieron para acordonar la zona.
Fue tras esos dos incidentes cuando, según el teniente general, se dieron cuenta de que algo estaba “fallando”. “Todo sumaba”, remarcó tras relatar los acontecimientos que les llevaron a dudar del compromiso de los Mossos para impedir el referéndum.
Según su versión, esta actitud de la policía autonómica se vio después el 1 de octubre, cuando los agentes mostraron una “actitud de pasividad” e incluso en algunos casos puntuales ofrecieron “alguna resistencia”, lo cual fue incorporado a los atestados de Policía Nacional y Guardia Civil.
Además, aseguró que los policías y guardias civiles se percataron de que en los alrededores de los locales de votación hubo vehículos de los Mossos “tomando referencias de salidas” para informar de los “movimientos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ya desde las primeras horas del 1 de octubre se pudo observar, según este testigo, que había muchas personas en los puntos de votación y en algunos no se contaba siquiera con presencia de los Mossos. “En otros sí había presencia, aunque con una equipación no adecuada, bajo mi punto de vista, para el cumplimiento de la misión”, explicó.
