Los letrados del Parlament ven viable que la Mesa tramite la reforma de la Ley de la Presidencia impulsada por JxCat, porque la iniciativa ya no entra en contradicción con las medidas cautelares que dictó el Tribunal Constitucional (TC) ahora que Carles Puigdemont (JxCat) ha renunciado a su investidura.
Los juristas se pronuncian así en un informe elaborado a petición de la Mesa, que les pidió analizar la reforma legal que JxCat pretendía antes de admitir a trámite el cambio, para saber si contravenía las medidas del 155 o las directrices del Tribunal Constitucional.
JxCat quería reformar esta ley para permitir que Puigdemont fuera investido a distancia,y su intención era hacerlo por el procedimiento de máxima urgencia, el de lectura única: los letrados avisan de que una reforma de tal calado no se puede hacer así y que tampoco es aconsejable hacerlo sin haberse constituido el Govern.
Cambios de calado
Los letrados destacan que esta reforma no podría admitirse a trámite si Puigdemont siguiera siendo el candidato a la investidura porque “podría llegar” a vulnerar las medidas cautelares del TC, ya que indican que el líder de JxCat solo podría ser investido estando en el pleno y con permiso judicial.
“Asimismo, la renuncia del candidato Carles Puigdemont al debate de investidura invalida buena parte de los argumentos” por los que podía deducirse que JxCat quería modificar la ley para investirle a distancia, contraviniendo así las directrices del TC, señalan los juristas de la Cámra.
De hecho, subrayan que la propuesta de JxCat no cita explícitamente a Puigdemont pero, por el contenido y el contexto, puede deducirse que “se trata de una iniciativa instrumental a fin de no dar cumplimiento a las medidas cautelares” dictadas por el TC contra la investidura telemática.
JxCat pedía tramitar esta reforma por el procedimiento de máxima urgencia, pero los letrados no aconsejan esta vía para leyes de “especial trascendencia institucional” como la de Presidencia.
La lectura única, añaden, “ya de por sí limita los derechos de los parlamentarios”, por lo que tampoco es una fórmula aconsejable para iniciativas de esta importancia.
Además, recuerdan que todavía no se ha formado ni el Govern ni las comisiones legislativas, vinculadas precisamente a la formación de un Ejecutivo, lo que limita todavía más las garantías.
Sobre las medidas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, todavía vigentes, los letrados indican que la reforma no las vulnera; menos aún, si se acaba tramitando una vez constituido un Govern, “pues las medidas acordadas al amparo del 155 habrían dejado de tener vigencia”.
