Finalizada la huelga de los letrados de administración de justicia (LAJ), que se ha prolongado durante dos meses, comienza la actividad cotidiana. Pero se hace con el consiguiente atasco de trabajo que ha supuesto la paralización de la actividad en estos 120 días.
En total se calcula que en los juzgados de Segovia y provincia se han quedado suspendidas unas 600 declaraciones y no se han podido celebrar 960 juicios que estaban previstos para este primer trimestre del año, según explica la letrada de la administración de justicia del Juzgado Mixto número 1 y de la Audiencia Provincial, Esmeralda Hernán.
El problema principal es que para celebrarlos se requiere iniciar todo el proceso, con el imperativo legal del cumplimiento de los períodos de notificaciones y citas. Por eso se estima que serán hasta siete meses el tiempo en que se deje sentir la huelga.
A ello se suma otro millar de demandas que se han quedado pendientes de admitir.
Pero si hay cuestiones imperiosas y que no han podido ser atendidas por su urgencia, son las consignaciones económicas. En total se calcula en más de dos millones y medio de euros las cantidades retenidas en la cuenta de consignaciones y depósitos, que administran los letrados de justicia, conocidos antes como secretarios judiciales.
En Segovia han secundado la huelga todos los letrados durante la mayor parte del tiempo, tanto de la capital como de la provincia. Tan solo la titular del Juzgado de Menores se descolgó antes de la desconvocatoria de huelga, pero por motivos personales. Al final estuvo trabajando con normalidad las últimas dos semanas. El resto estuvo secundado los paros al cien por cien, salvo los que tuvieron que cumplir los servicios mínimos.
NORMALIDAD RELATIVA
En estos momentos y de forma aparente, la actividad en los tribunales ha vuelto a la normalidad. Se trabaja también para atender las peticiones que se han hecho desde el Tribunal Superior de Justicia solicitando datos a los jueces para valorar la situación y estudiar posibilidades de avanzar a través de algún plan de actuación.
En la misma línea, los sindicatos han solicitado poner en marcha algún tipo de medida para que los funcionarios puedan asumir la nueva carga de trabajo que espera en los despachos. Esmeralda Hernán piensa que podría tratarse de prolongaciones de jornada laboral, o de habilitar períodos nuevos, pero que deberán negociar y aceptar. “Nosotros estamos ahora trabajando con normalidad, a la espera de que se firmen los acuerdos adoptados, con nuestro horario y nuestro calendario de día a día”, manifiesta la portavoz de los letrados segovianos. “El retraso que supone todo esto nosotros calculamos que puede llevar a unos seis o siete meses para sacar todo el trabajo acumulado”, manifiesta.
Sobre el modo en que se está abordando esta nueva situación, los trabajadores de Justicia en Segovia señalan que se está haciendo una valoración sobre el grado de urgencia, para que aquellos asuntos que sean más imperiosos, se aborden antes. El resto se hace de forma cronológica, en función de la fecha en que entraron en las oficinas de los juzgados.
Por el momento “no tenemos ninguna instrucción específica al respecto”, añade Hernán. “Mientras no haya otra orden, lo que hemos hablado entre nosotros, que somos los que organizamos, es tener en cuenta la urgencia del procedimiento para ir sacándolo adelante antes”.
CARGA REPARTIDA
De todos los juzgados segovianos, ninguno se ha visto más afectado que otro en cuanto a cantidad de asuntos o gravedad de los mismos. El hecho de que existiera un protocolo sobre guardias y servicios mínimos ha hecho que los asuntos más imperiosos sí se hayan estado tramitando.
“El Juzgado que podía estar más afectado podría ser el de violencia de género, por ejemplo, que tiene la especialización, pero, como se le incluyó en servicios mínimos, prácticamente todas las actuaciones han salido adelante”, añade.
También el Juzgado de lo Social cuenta con una carga de trabajo más elevada, pero por tratarse de una sección que registra de forma habitual más demandas que los ordinarios.
El Ilustre Colegio Nacional de Letrados anunció a comienzos de esta semana que se aceptarían las condiciones del Ministerio de Justicia para poner fin a la huelga.
El acuerdo firmado contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel profesional de los letrados, en tres plazos: una que se pagará en julio de 2023 con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024.
La de esta semana ha sido la quinta reunión desde que se reanudaran las negociaciones el pasado 17 de marzo -con el Ministerio de Hacienda también implicado- tras el parón producido a finales de febrero como consecuencia de una serie de encuentros que los letrados calificaron de “infructuosos”.
El acuerdo llega después de más de dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, a nivel nacional se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.
Un importante desahogo para los abogados
Los abogados de Segovia han visto como un “desahogo” la desconvocatoria de huelga de los letrados de la administración de justicia. El decano del Colegio, Emilio Fuentetaja, ha recordado que, para tratar de compensar los perjuicios económicos de la huelga, se decidió posponer el cobro de las cuotas a los colegiados.
Para este colectivo, la huelga les ha provocado “importantes perjuicios”, tanto económicos como profesionales. De hecho, les ha “impedido, de una manera desproporcionada, cumplir con nuestras obligaciones profesionales, conculcando un derecho fundamental, como es la tutela judicial efectiva, al resto de los ciudadanos”.
En una carta enviada por el decano a todos los colegiados de Segovia, se anuncia que se va a intentar gestionar ante el Consejo General de la Abogacía, el cobro de los meses que se les adeudan por el Turno de Oficio, que, “según reciente información, nos van a abonar en estos días”.
Además han realizado gestiones para que, una vez desconvocada la huelga, se produzcan las notificaciones de forma escalonada y se pueda retomar la actividad judicial con normalidad.
El Poder Judicial busca fórmulas para reactivar el ritmo en los tribunales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado de manera urgente medidas para reactivar la Justicia debido a las consecuencias provocadas por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
A través de un comunicado la Comisión Permanente del CGPJ “exige que por parte de los poderes públicos implicados se adopte un completo elenco de medidas tendentes a paliar las graves disfunciones generadas”. Al mismo tiempo, el Poder Judicial reclama al Tribunal Supremo la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas que adopten de cara a solucionar el “caos” provocado por la huelga indefinida de los letrados.
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha mantenido una reunión de urgencia con el Ministerio de Justicia en el que ha propuesto habilitar un canal de transferencias para movilizar los millones de euros paralizados en las consignaciones judiciales.
Entre otras medidas, también plantea dosificar las notificaciones pendientes y tramitarlas de forma escalonada, para así evitar un colapso de los profesionales jurídicos y que no afecte a aspectos cruciales como la recepción de señalamientos o la redacción de los textos.
Según el Colegio, la Comunidad de Madrid se “ha comprometido llevar a cabo esa dosificación, limitando a un 50% superior el número de repartos”.
En caso de que haya coincidencia en las vistas por razón de vencimientos, Ribón insta a prorrogar los plazos de manera excepcional mediante la aplicación del artículo 134.2 de la ley de enjuiciamiento civil que permita definir como “fuerza mayor” las consecuencias provocadas por la huelga. “Toca reactivar la Justicia, pero no a costa de la conciliación de la abogacía y de la procura, no a costa de días inhábiles, no a costa de las tardes en las que tenemos que atender a nuestra familia, no a costa de los momentos en los que tenemos que preparar los juicios y, desde luego, no a costa de ningún momento en el que la abogacía también merece esa conciliación”, declara Ribón.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia también ha celebrado una reunión con los sindicatos para informarles del acuerdo suscrito con los letrados de la administración de Justicia, después de que los representantes del resto de los funcionarios de los juzgados exigieran también subidas salariales.
En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector, ha avisado de que no descartan “ninguna medida de presión” para que la subida se extienda al resto de los cuerpos de funcionarios de la administración de Justicia si el Ministerio no plantea “una oferta salarial convincente”. “De lo contrario, el conflicto está servido y convocaremos movilizaciones sin descartar ninguna medida de presión”, ha asegurado. En la misma línea se pronunció CCOO, que planteó a los trabajadores del sector iniciar “contundentes movilizaciones”, incluida una huelga.
CSIF califica el aumento retributivo de los letrados de “falta de respeto a todo el personal de Justicia” y pide una “explicación en la mesa de negociación”. Afirma que acudirá a la reunión “con ánimo constructivo, pero con una exigencia clara”: que Justicia plantee una subida salarial para los 45.000 funcionarios que trabajan en los juzgados, ya que el propio Ministerio “ha reconocido que cualquier modificación al alza en las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías”.
