Las cuentas justificativas de los grupos políticos del Ayuntamiento de Segovia, de las que se habló en el Pleno el pasado fin de semana, reabrieron un debate sobre la gestión de los recursos públicos que se destinan a la actividad de los partidos en el ámbito local. El contraste entre lo percibido y lo justificado en 2024 refleja no solo disparidades en el cumplimiento de las normas de fiscalización, sino también la magnitud de una partida que, desde la llegada del Partido Popular a la alcaldía, se ha multiplicado por cinco hasta alcanzar los 150.000 euros, aunque el año pasado se repartieron 134.999.
La medida, apoyada en su día por Vox, ha situado a Segovia en una posición singular frente a otras capitales de provincia de población similar como Soria, Ávila, Zamora o Teruel, donde las dotaciones a los grupos municipales se mueven entre los 20.000 y los 90.000 euros anuales.

Más transparencia

Fue Izquierda Unida quien puso sobre la mesa la necesidad de hacer públicas las cuentas justificativas y los informes de fiscalización que elabora el departamento de Intervención. La formación recordó que esos documentos, según establece la propia Intervención, deben publicarse en el portal de transparencia en el primer semestre del año posterior a la subvención. La formación subrayó, además, que el incremento aprobado por el nuevo Gobierno municipal hacía más urgente la rendición de cuentas.
El grupo incidió en que el salto de 30.000 a 150.000 euros en la dotación para 2024, avalado por PP y Vox, exigía reforzar los mecanismos de control. No en vano, la disparidad entre lo percibido y lo justificado ha sido notable en casi todas las formaciones, con la excepción del PSOE.

Un balance desigual

De los 134.999 euros asignados en el último ejercicio, algo más de 41.800 tuvieron que ser devueltos por no haberse justificado debidamente. El PSOE, con siete concejales, fue el grupo que más se acercó al cumplimiento total: justificó el 98,8 % de los 36.875 euros recibidos, devolviendo apenas 457. En el extremo opuesto, Podemos Segovia en Marcha solo acreditó un 13,3 % de su asignación (808 euros de 6.093), y reintegró más de 5.200, ya que su portavoz, Guillermo San Juan renunció a las asignaciones.
Entre ambos extremos, las cifras muestran diferentes ritmos de ejecución. Ciudadanos, con un concejal, justificó un 79,3 %, mientras que IU alcanzó el 74,6 %. Vox se quedó en un 56,3 %, devolviendo más de 5.300 euros, mientras que el Partido Popular, que recibió la mayor cuantía con 61.562 euros, justificó un 42,5 %. Con doce concejales en el Pleno, la media de gasto justificado por edil quedó en 2.177 euros, muy por debajo de los más de 5.200 del PSOE.

Ninguno de los grupos justificó el total de la asignación, siendo el PSOE quien más se acercó, devolviendo 457 de los 36.875 euros que le correspondían

La comparación por concejal acentúa las diferencias: PSOE, Ciudadanos e IU se situaron entre los 4.500 y 5.200 euros justificados por edil; Vox bajó a 3.400; el PP apenas superó los 2.100; y Podemos se quedó en 808. Una radiografía que evidencia tanto la distinta gestión interna como la dispar capacidad de cada partido para cumplir con las exigencias de fiscalización, y pone en cuestión el extraordinario aumento de la dotación económica a los grupos políticos municipales.

El aviso del Tribunal de Cuentas

El debate sobre las asignaciones a los grupos políticos encuentra un precedente en el informe del Tribunal de Cuentas de 2023, que puso de manifiesto la fragilidad del sistema aplicado en la ciudad. El órgano fiscalizador, tras analizar el reparto y la justificación de estas partidas en distintos ayuntamientos, concluyó que Segovia carecía de criterios objetivos y verificables para cuantificar la cuantía destinada a cada grupo.
En concreto, el Tribunal señaló que la fórmula vigente —una parte fija para cada formación y otra variable en función del número de concejales— resultaba insuficiente para garantizar la proporcionalidad. La consecuencia práctica era que algunos grupos recibían una cantidad superior a la necesaria para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinarios, mientras que otros no lograban cubrir con ella cuestiones básicas como la contratación de personal administrativo, el pago de suministros o la adquisición de material.
La falta de una referencia técnica a los costes reales provocaba, según el informe, que la justificación de los gastos quedara condicionada por la capacidad organizativa de cada formación, más que por la existencia de criterios homogéneos y comparables. Así, partidos con estructura consolidada podían cuadrar sus cuentas con mayor facilidad, mientras que otros, con menos medios, se veían obligados a reintegrar sumas significativas.

El Tribunal de Cuentas señaló en 2023 que ‘El actual modelo genera desajustes porque algunos grupos reciben más de lo que necesitan y otros no cubren lo básico’

El Tribunal subrayaba además que este desequilibrio afectaba a la percepción ciudadana de la gestión municipal, en la medida en que generaba devoluciones periódicas de fondos no utilizados o no justificados. Un problema que no se circunscribía al caso de un grupo concreto, sino que respondía a un fallo estructural del sistema de asignaciones.
Entre las recomendaciones emitidas, el órgano instó al Ayuntamiento de Segovia a introducir parámetros objetivos y verificables en el cálculo de las subvenciones. Entre ellos, se sugería considerar la carga real de trabajo derivada de la representación institucional, los gastos acreditados en ejercicios anteriores o los costes de personal y servicios de apoyo. El objetivo era que cada grupo contara con una financiación ajustada a sus necesidades reales, sin margen para excesos ni para carencias.
Asimismo, el informe incidía en la importancia de reforzar la transparencia, tanto en el control interno como en la información pública. El Tribunal recomendaba que los informes de fiscalización emitidos por la Intervención municipal no quedaran únicamente en el ámbito de los grupos políticos, sino que fueran accesibles a los ciudadanos a través del portal de transparencia. De este modo, se avanzaría en la rendición de cuentas y se incrementaría la confianza en la gestión de los recursos públicos.

Entre los 20.000 y los 90.000 euros

El debate acerca de las asignaciones adquiere un mayor relieve cuando se observa el mapa en otras capitales de población semejante.
En Zamora, donde el Pleno lo integran 23 concejales, la suma de todas las asignaciones en 2025 fue de 33.982 euros, menos de una cuarta parte de lo que se destinó en Segovia. IU, con nueve concejales y la alcaldía, percibió 11.320 euros; el PP, con ocho, 9.529; el PSOE, con dos, 4.981; y Vox y Zamora Sí, ambos con dos concejales, 4.075 cada uno. El alcalde Manuel González destacó que Zamora se convirtió en el primer municipio en exigir a los grupos la justificación con facturas de cada gasto, con la obligación de devolver personalmente lo no acreditado al final del mandato.
En Ávila, el Ayuntamiento aprobó para 2025 una reducción del 25 % en las asignaciones respecto a años anteriores. La distribución quedó en 8.400 euros para Por Ávila (11 concejales), 6.000 para el PP (7 concejales), 4.200 para el PSOE (4) y 3.600 para Vox (3). El total fue de 22.200 euros, una cifra seis veces menor que la de Segovia pese a contar con el mismo número de concejales en el Pleno (25).

En lo referente a sueldos de alcaldes, el de Zamora es el que menos cobra, siendo el primer edil de Ávila el que
más percibe

En Soria, con 21 ediles, las asignaciones de 2025 ascendieron a 90.000 euros. El PSOE, con 12 concejales, recibió 45.000; el PP, con siete, 30.000; y Vox, con dos, 15.000.
Saliendo de la Comunidad, en Teruel, con 36.713 habitantes y 21 concejales, la partida total en 2025 fue de 19.920 euros, repartidos entre PP (11 concejales), Teruel Existe (5), PSOE (3) y Vox (2). El contraste con Segovia es llamativo, ya que la capital aragonesa destina siete veces menos recursos pese a tener una corporación de tamaño parecido.
La conclusión que se extrae es que Segovia no solo destina más dinero que ninguna de las ciudades de su entorno poblacional, sino que presenta un nivel elevado de devoluciones. El refuerzo de la dotación con el cambio de Gobierno ha engordado la cuantía disponible, pero no ha mejorado el grado de ejecución ni el porcentaje de justificación de los fondos.

Salarios de los alcaldes

El debate se produce en paralelo a la comparación de las retribuciones de los alcaldes. José Mazarías percibe 66.191 euros brutos, una cifra inferior al límite máximo permitido por ley para municipios de entre 50.001 y 75.000 habitantes (75.504 euros), y también por debajo de los 74.572 del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez. En Zamora, el alcalde Manuel González (IU) percibe 36.108 euros, mientras que Carlos Martínez, regidor de Soria, alcanza los 63.732. La comparación evidencia que, aunque las asignaciones a grupos políticos difieren sustancialmente entre ciudades, los sueldos de los alcaldes se mantienen dentro de márgenes marcados por población y normativa estatal. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se sale de esta comparativa, ya que debido a que compatibiliza su cargo con el de senadora, su sueldo se reparte entres los 92.608,88 euros de su trabajo para el Senado, y los 12.309,86 euros que percibe como alcaldesa.