Los funcionarios de prisiones mantienen vivo el pulso con la Administración central para conseguir una solución que haga posible mejorar las condiciones sociales y laborales de este colectivo. Tras 18 meses de movilizaciones, los sindicatos CSIF, ACAIP, CCOO y UGT movilizaron ayer a cerca de un centenar de trabajadores del Centro Penitenciario de Segovia para finalizar el año dando a conocer sus reivindicaciones en el Azoguejo en una concentración que se prolongó durante dos horas.
Las movilizaciones llevadas a cabo a principios de diciembre no han arrojado los frutos ansiados por los funcionarios. Fermín Pinto, responsable de CSIF Prisiones en Segovia señaló que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha hecho llegar a los sindicatos la negativa a asumir ningún incremento retributivo durante los próximos tres años, sin tener en cuenta tampoco el resto de reivindicaciones del colectivo.
Todo ello ha llevado a los sindicatos a pedir la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz y del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, a quienes consideran responsables de la “irresponsabilidad” del Gobierno hacia ellos. Así, Pinto asegura que los trabajadores penitenciarios viven una situación de “provocación” por parte de Interior, ya que “el 28 de septiembre, nos retiraron una oferta retributiva; dos meses después, nos vuelven a insultar y a faltar al respeto, demostrando que no tienen ningún interés en resolver este conflicto”.
“Mientras que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les blindan por ley la equiparación salarial con los cuerpos policiales de las Comunidades Autónomas, a los trabajadores penitenciarios pretenden dejarnos en el mayor abandono sin preocuparles de las consecuencias a que se verá abocada la Institución a pesar de ser un eslabón muy importante en la seguridad del Estado”, precisa el representante de CSIF.
Los sindicatos acusan también al Gobierno de tratar de enfrentar al colectivo para evitar las movilizaciones, aplicando medidas como la asignación de ‘bufandas’ (complementos de productividad) a personal de dirección y jefatura de servicios de hasta 2.200 euros “mientras que los funcionarios no se nos reconoce el trabajo, tal y como pasa en otros servicios de la Administración”.
Otro de los caballos de batalla de los funcionarios se centra en la escasez de plantilla en los centros penitenciarios. En este sentido, Javier Albertos, delegado de ACAIP en Segovia, lamentó que no se apliquen medidas para la cobertura de los 42 puestos de trabajo vacantes en el centro penitenciario de Segovia, mayoritariamente en el área de vigilancia.
Este problema agrava otras situaciones como el de la seguridad de los funcionarios, que en el caso de la cárcel de Segovia han contabilizado medio centenar de agresiones en los últimos diez años, algunas de extrema gravedad. Así, Albertos, indicó que es difícil garantizar la seguridad de los trabajadores “si no se ponen medidas efectivas como el reconocimiento como agentes de la autoridad para los funcionarios, tal y como se ha hecho en otros colectivos como en la enseñanza”.
