Unas 70 personas con esclerosis múltiple han visto suspendidos desde marzo sus tratamientos de fisioterapia, yoga, pilates o musculación. “Ese ejercicio, que tiene que ser muy individualizado para cada uno, no lo podemos hacer. Y estamos en la calle”. Lo narra el vicepresidente de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, Andrés Jiménez, seis meses después de que la pandemia clausurara su sede, en un centro de mayores, y provocara su posterior desalojo.
La asociación ocupaba desde 2013 dos salas del hogar de personas mayores de San José, en la avenida de la Constitución, que pertenece a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Una de esas habitaciones se empleaba como despacho administrativo; la otra, como un modesto gimnasio, con varias camillas, bicicletas estáticas o una máquina de musculación. La pandemia provocó el cierre del centro y también de las salas. En julio, en pos de dar mayor espacio a los ancianos, la Junta requirió las salas y sus anteriores inquilinos se quedaron sin alternativa.
Desde entonces, la asociación ha buscado sin éxito un techo alternativo. El Ayuntamiento de Segovia no dispone de un local en exclusividad para el colectivo, que necesita en torno a unos 100 metros para sus tratamientos. Podrían habitarlo de forma ambulatoria -utilizarlo por la mañana y dejarlo libre por la tarde- pero su logística no lo permite.
Consecuencias físicas
El resultado es que la mayoría de usuarios no está pudiendo realizar sus ejercicios. “El que pueda pagarse un fisioterapeuta, bienvenido sea, pero cada sesión son 50 euros. Yo entiendo que todo el mundo tiene muchos problemas, pero nosotros tenemos uno añadido”. El tiempo apremia y la asociación, sin esperanza a soluciones ajenas, está buscando un local para costearlo, al menos durante unos meses, con algún pequeño remanente de subvenciones públicas. “Esto es como lo de bacalada gorda y que cueste poco. Estamos buscando locales amplios y baratos, pero es complicado. Te piden alquiler de 800 euros, mínimo, y no nos lo podemos permitir”.
Andrés sugirió a la Junta usar algún local en la Residencia Mixta, entre las afueras de San Lorenzo y La Lastrilla, pero tampoco es viable. “Hay zonas sin usar, pero tienen que hacer obra. Que nos dejen un par de habitaciones y nosotros nos encargamos de pintarlas y reformarlas. Buscamos a algún amiguete que nos lo haga gratis”.
La asociación tiene un centenar de socios; de ellos, entre 60 y 70 están afectados por la enfermedad en distinto grado. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal. Como poco, cada paciente disfrutaba de una sesión a la semana con el fisioterapeuta. La asociación tiene tres trabajadores en ERTE –fisioterapeuta, asistente social y psicólogo- y no ve viable reanudar su actividad sin local. “El fisio aquí hacía un servicio cada 45 minutos; si tiene que ir a domicilio, en el mejor de los casos hace tres en toda la mañana”. El psicólogo o el trabajador social podrían atender de forma telemática. “Tendremos que reinventarnos”. El problema de la asociación es que para justificar las subvenciones tiene que acreditar actividad, aunque esta sea deficitaria.
Alternativas de la Gerencia
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta asegura que su intención es reubicar a la asociación en otro lugar pero hasta ahora la única alternativa que ha ofrecido a la asociación es un espacio en la plaza de San Esteban, que no es accesible. “Está estupendo, pero hay que bajar dos tramos de escalera. Unos cuantos socios lo podremos bajar. La mayoría vamos con muletas y nos apañamos. ¿Pero la gente que viene en silla de ruedas?”, subraya Andrés Jiménez. La Gerencia planteó adaptar un ascensor hace tres meses, pero no hay noticias desde entonces. La asociación se comprometería a pagar el gasto del edificio o del ascensor, un coste extra, pues en San José tenían todos los gastos cubiertos.
Hay otra vía de acceso: una puerta que da a una calle aneja. El problema es que también tiene varios peldaños que impiden el paso a una silla de ruedas. “Nos dicen que eso tiene que arreglarlo el Ayuntamiento. Y cuando les preguntamos a ellos nos dicen que lo tiene que arreglar la junta. Y entramos en el bucle. Uno es propietario del edificio y otro de la calle”.
