La Cámara de Comercio e Industria de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana (FES), instituciones que representan la actividad económica-empresarial y el compromiso social de la provincia de Segovia, han manifestado su “rechazo al deshonroso pacto contra España, que amenaza la cohesión territorial de nuestro país y la igualdad entre todos los españoles”.
Los presidentes de ambas instituciones intervinieron de forma conjunta. María José Tapia y Andrés Ortega estuvieron respaldados por los dirigentes de las organizaciones sectoriales. Además se sumó el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, Pedro Palomo.
Los empresarios de Segovia aseguran que la ley de amnistía, la proposición de un referéndum de autodeterminación o la excepcionalidad financiera y tributaria para Cataluña, junto con la propuesta de participación directa en las instituciones europeas u organismos internacionales “que recoge el pacto alcanzado para hacer presidente del Gobierno a Sánchez, suponen un desequilibrio flagrante y un agravio comparativo para nuestra región, para nuestro país y para todos los españoles”.
“Estas medidas, percibidas como recompensas a quienes han atentado contra el orden constitucional y están condenados por sentencia firme del Tribunal Supremo debido a la comisión de graves delitos, crean una fractura en el Estado de Derecho y un precedente de desigualdad ante la ley que es inadmisible en un sistema democrático”, agregan.
En su opinión, la amnistía “no debe ser utilizada como una herramienta para permitir que aquellos que han desafiado abiertamente a la legalidad, eludan las consecuencias de sus acciones. Esto socavaría la confianza en nuestro sistema legal y en la igualdad ante la ley. No podemos permitir que se establezca un precedente que sugiera que los líderes políticos pueden actuar por encima de la ley sin consecuencias. No se puede gobernar a cualquier precio, ni humillar a la nación”, añaden.
“Es momento –dicen– de reclamar un escenario de igualdad real donde todas las comunidades autónomas puedan coexistir en solidaridad y colaboración, sin que ninguna sea menoscabada o preferida en la distribución de recursos y oportunidades. La cohesión nacional se basa en el equilibrio y la justicia entre todos sus miembros, no en la creación de privilegios que distorsionen la convivencia y menoscaben la equidad”.
Ante esta situación, la FES y la Cámara de Comercio de Segovia apelan al “sentido de Estado de nuestros gobernantes y a que primen a todos los españoles en sus decisiones; decisiones que nos definen como una democracia moderna y cuyos valores han sido promulgados por la Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Cualquier decisión tomada al margen de la legalidad vigente y del respeto a la separación de poderes nos llevará a la autocracia”.
El empresariado segoviano subraya que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Puigdemont “desafía a nuestras instituciones, a la monarquía parlamentaria y a la independencia judicial y, lo que es peor, todas estas concesiones son a cambio de un voto, el que hará presidente a Sánchez durante los cuatro próximos años. Y votar a favor de hacer presidente a Sánchez en el próximo pleno del Congreso, supondrá secundar esta propuesta de ruptura con España y con todos los españoles”. “Es un momento crítico para nuestro país, un momento en que las decisiones políticas que se están tomando repercutirán en las generaciones venideras. Por ello, pedimos a los gobernantes que sean los ciudadanos quienes puedan decidir democráticamente sobre el futuro de España y que no sea una minoría quien lo decida; una minoría a la que no mueve la defensa de los valores superiores de nuestra Constitución y la defensa del interés general de todos los españoles”.
Abogan por fomentar el diálogo constructivo entre las fuerzas democráticas “en lugar de imponer la amnistía”. “La reconciliación y la unidad deben basarse en el respeto a la ley y en el entendimiento mutuo. Esto es lo que nos define como un Estado social y democrático de Derecho, del que todos nos sentimos muy orgullosos y que nos ha costado mucho construir y mantener”, añaden.
Tanto Andrés Ortega como María José Tapia aseguraron no haber recibido ningún mensaje de empresarios segovianos a favor del pacto. “No me he encontrado con una sola persona, refiriéndome a empresarios que me hayan transmitido que esté a favor de esto. Ni una sola”, insistió Ortega.
Han querido trasladar este sentir al PSOE segoviano, pero sin éxito: “He intentado ponerme en contacto con José Luis Aceves para reunirnos antes de hacer público este comunicado, pero estaba muy ocupado, cosa que me ha extrañado, pues no hay actividad parlamentaria”, explicó el presidente de la FES, quien además recordó que en los encuentros mantenidos antes de las elecciones de julio, no se planteó desde el PSOE esta postura sobre la amnistía.
Tras pronunciar la declaración institucional, donde la provincia de Segovia ha sido la primera en hacer pública su postura, los responsables de FES y la Cámara enviaron sus peticiones a la Subdelegación del Gobierno en Segovia, a la secretaría provincial del PSOE en Segovia, y de forma directa al Gobierno. Además, el martes pasado el Consejo Regional de Cámaras de Comercio firmó en La Granja otro manifiesto similar en nombre de todas las cámaras de Castilla y León.
Los empresarios mantienen un halo de esperanza y que rectifiquen esta “deriva”. En este sentido aseguran que lo más sensato sería una nueva convocatoria de elecciones o al menos que exista un entendimiento entre las principales fuerzas políticas. “Lo que procedería es iniciar una consulta y que decidan los ciudadanos libremente con su voto cuál debe ser el futuro de este país”, añadió María José Tapia.
La judicatura de Segovia también rechaza el ‘lawfare’
Los representantes de la judicatura en Segovia también se han sumado al rechazo general del acuerdo PSOE-Junts por considerar que supone abrir la puerta a la intromisión de los políticos en el ámbito judicial.
Por un lado, los presidentes de las audiencias provinciales, entre quienes se encuentra el magistrado Ignacio Pando, máximo cargo judicial en Segovia, respalda el comunicado en el que se alinea con el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y muestra “su más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado por los referidos partidos políticos al ‘lawfare’ y judicialización de la política. “Nos adherimos al acuerdo adoptado tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho”. Asegura que el acuerdo “plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de una de las exigencias más importantes para formar parte de la UE”.
De forma paralela, los jueces decanos, entre los que se encuentra la magistrada segoviana Alicia Manzano, también han mostrado su “rechazo al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias”.
“El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, advierten. “Estas expresiones no son aceptables, en cuanto que traslucen desconfianza en el funcionamiento del poder judicial”, agregan.
