La evolución de los delitos de odio en Segovia durante 2024 registró una reducción a la mitad de los hechos conocidos respecto al año anterior, con seis incidentes investigados frente a los doce de 2023. A escala nacional, la estadística también recoge un descenso, aunque más moderado: un 13,8% menos de infracciones penales e incidentes de odio, con 1.955 casos frente a los 2.268 del ejercicio previo.
El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y publicado por el Ministerio del Interior, sirve de base para comprender cómo se manifiestan estas conductas discriminatorias en los distintos territorios. Su lectura revela tendencias comunes, pero también especificidades locales que dibujan un mapa desigual, donde Segovia ocupa una posición en la zona media/baja dentro del conjunto de provincias españolas.
Los datos relativos a la provincia muestran una reducción drástica en el número de incidentes registrados. En 2023 se documentaron doce hechos conocidos, mientras que en 2024 la cifra bajó a seis. En términos de tasa por cada 100.000 habitantes, la caída ha sido igualmente significativa: del 7,73 en 2023 al 3,82 en 2024.
La comparativa con los marcos superiores confirma la tendencia. La tasa provincial de 2024 queda prácticamente alineada con la de Castilla y León (3,89) y ligeramente por debajo de la media nacional (4,02). Un año antes, sin embargo, Segovia se situaba muy por encima, con valores casi duplicando tanto la media autonómica (4,83) como la nacional (4,72).

Tipología

En cuanto a la tipología de los hechos, el informe recoge en Segovia un caso de antigitanismo, uno por discriminación de sexo o género y cuatro vinculados al racismo y la xenofobia. Esta concentración contrasta con la mayor diversidad de 2023, cuando se registraron incidentes por ideología, por orientación sexual e identidad de género y otros catalogados como ‘resto de incidentes’, además de los vinculados a racismo y discriminación sexual.

El análisis de las victimizaciones muestra un comportamiento paralelo. En 2024 se contabilizaron doce víctimas, frente a las dieciséis del año anterior. El desglose confirma que diez de ellas estuvieron relacionadas con incidentes de racismo o xenofobia, una con discriminación por sexo o género y otra con antigitanismo. En 2023, en cambio, hubo una víctima por discriminación de sexo/género, dos por ideología, tres por orientación sexual o identidad de género, cuatro por racismo/xenofobia y seis vinculadas a otros incidentes.

El informe recoge en la provincia un caso de antigitanismo, otro por discriminación por sexo/género, y cuatro relativos al racismo y la xenofobia

La estadística de hechos esclarecidos también refleja un nivel alto de eficacia en 2024: de los seis incidentes investigados, cinco quedaron resueltos, cuatro de ellos vinculados al racismo y uno a discriminación por sexo/género.
Por último, la comparativa con 2023 pone de manifiesto un contraste notable en el ámbito de las personas investigadas o detenidas. Mientras que en 2024 solo se registró un investigado en la provincia, en 2023 la cifra ascendió a catorce, nueve de ellos relacionados con orientación sexual e identidad de género, dos por ideología, dos por racismo/xenofobia y uno por discriminación de sexo/género.

Evolución nacional

El panorama nacional ofrece cifras de mayor volumen, pero una tendencia similar. En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigaron 1.955 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone un descenso del 13,8% respecto a los 2.268 de 2023.
El informe sitúa al racismo y la xenofobia como el ámbito con más incidentes, con 804 hechos conocidos, que representan algo más del 40% del total. A continuación se sitúan los delitos relacionados con la orientación sexual e identidad de género (528 hechos) y los de discriminación por razón de sexo o género (181).

El descenso de casos lleva a un descenso de investigaciones: En 2023 hubo 14 investigados en Segovia por delitos de odio; en 2024 solo se registró un detenido

Una de las novedades de esta edición es la inclusión, por primera vez, de los delitos de odio por islamofobia, con trece casos registrados.
En la comparación interanual, los ámbitos que registraron un mayor crecimiento fueron el antisemitismo, que pasó de 23 a 37 casos, con un incremento del 60,9%, y la aporofobia (miedo y rechazo hacia las personas pobres), que subió de 18 a 24 hechos, lo que supone un aumento del 33,3%.
Por el contrario, algunos de los ámbitos con más peso en años anteriores experimentaron descensos muy acusados. Es el caso de los delitos relacionados con la ideología, que cayeron de 352 a 147 hechos, un 58,2% menos, y el antigitanismo, que pasó de 37 a 18, con una reducción del 51,3%.

Lesiones y amenazas

El informe también analiza la forma en la que se concretan estos delitos. El balance de 2024 muestra que los más frecuentes son las lesiones (385 casos) y las amenazas (358), seguidos de la promoción a la discriminación (217), el trato degradante (107) y las injurias (106).

El análisis del perfil de las víctimas revela que en 2024 se contabilizaron 1.973 victimizaciones, un 12,9% menos que en 2023. De ellas, el 59,9% correspondió a varones. En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de 26 a 40 años (34,7%), seguido del de 18 a 25 años (18,8%). Los menores de edad constituyeron el 12,8% del total.
Respecto a la nacionalidad, las víctimas españolas representaron el 60,1%, mientras que entre los extranjeros destacaron los originarios de Marruecos (8,8%) y Colombia (5,3%).
En el lado de los autores, las Fuerzas de Seguridad detuvieron o investigaron a 905 personas, de las que el 81,9% eran hombres. El grupo de edad más representado fue, de nuevo, el de 26 a 40 años, con un 28,1%. El informe destaca también que se logró esclarecer el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023.

Piden 20 años por una violación continuada

La Fiscalía Provincial de Segovia ha solicitado una condena superior a veinte años de prisión para un acusado al que atribuye un delito de violación continuada, así como otros delitos de vejaciones y lesiones, cometidos presuntamente contra su pareja sentimental durante el tiempo en que ambos convivieron en un domicilio común.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el procedimiento se enmarca en el sumario abierto en 2022, cuando la denunciante relató haber sido víctima de agresiones sexuales y físicas reiteradas a partir del 12 de octubre de ese año. La acusación sostiene que, tras un inicio de la convivencia en el que las relaciones sexuales fueron consentidas, el acusado comenzó a imponer actos sexuales sin el consentimiento de la mujer, empleando en algunos casos fuerza física, insultos y la utilización de objetos sexuales.
La Fiscalía describe que, cuando la víctima se negaba, el procesado la agarraba fuertemente de los brazos, la golpeaba con las manos o incluso con el puño, y la insultaba con expresiones vejatorias para forzarla a mantener relaciones. El escrito detalla también que la última agresión se habría producido el 26 de octubre de 2022, en el dormitorio de la vivienda compartida, tras un forcejeo en el que, pese a la negativa reiterada de la mujer, el acusado la empujó, la sujetó por los brazos y el cabello, y la agredió sexualmente, causándole un desgarro anal.
La denunciante solicitó ayuda a los vecinos tras lo sucedido, mientras que, dos días después, el acusado le habría enviado mensajes en los que negaba los hechos y reprochaba la denuncia presentada.
Como consecuencia de las agresiones, la víctima sufrió hematomas en los brazos y en el costado derecho, que requirieron asistencia médica y tuvieron un periodo de curación de cuatro días. Además, resultó con una lesión en el esfínter anal, con una recuperación parcial y la consideración de secuelas permanentes según baremo médico.

La denunciante solicitó ayuda a los vecinos tras lo sucedido y, dos días después, el acusado le reprochó la denuncia presentada

En relación con la protección de la víctima, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sepúlveda acordó en octubre de 2022 una orden de protección y prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado, medida que posteriormente fue sustituida por la libertad decretada por la Audiencia Provincial en febrero de 2023.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de violación continuada, regulado en los artículos 178, 179 y 180 del Código Penal, en relación con el artículo 74; un delito de vejaciones, tipificado en el artículo 173.4; y un delito de lesiones, conforme al artículo 148.4.
Por estos delitos, la acusación solicita penas que suman más de veinte años de prisión. En concreto, quince años de cárcel por el delito principal de violación, acompañados de diez años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a la víctima durante diez años, así como inhabilitación especial de quince años para profesiones o actividades que impliquen contacto regular con menores. Además, por el delito de lesiones se piden cinco años de prisión y por el de vejaciones, cuatro meses de multa con cuota diaria de diez euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago.
En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 50.500 euros por las lesiones sufridas y otros 10.000 euros por daños morales.