La licitación de obra pública en Castilla y León aumentó un 43 por ciento en 2023, hasta los 2.319 millones de euros repartidos en 3.756 obras, empujada por la Administración Central, que impulsó el 49 por ciento de las licitaciones, seguidas de la regional (29,2 %) y la local (21,4 %).
Según ha informado este martes en una rueda de prensa el presidente de Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, mientras que el 2023 fue un “buen año” con una “buena tendencia” respecto a 2022, las perspectivas del próximo año serán “moderadamente más bajas”, hasta los 2.475 millones de euros.
La Cámara de Contratistas de Castilla y León ha considerado que la licitación de 2023 es una “cifra de mínimos”, pues está “lejos de los años más prósperos”, como en 2009, cuando se alcanzó el récord histórico de 4.568 millones de euros en licitaciones de obra pública gracias al planes estatales como el ‘Plan E’.
Sin embargo, tras la crisis económica de 2008, que “causó estragos en el sector de la construcción”, la licitación de obra pública cayó como consecuencia de que la crisis del ladrillo “destruyó la mitad de la capacidad constructiva de todo el país”, algo que “no se ha podido recuperar”, ha indicado Pascual.
Así, la administración central ha recuperado protagonismo “después de más de diez años de una actuación modesta”, aunque desde la Cámara de Contratistas han alertado de que la “gran cantidad” de fondos europeos asignados a España no está teniendo el reflejo esperado en el aumento de las licitaciones de obra pública.
“La Administración no estaba preparada para recibir tal cantidad de dinero”, ha opinado Pascual, que ha instado a la administración a preocuparse por el “bienestar de los ciudadanos” con obra pública necesaria y no tanto en “infraestructuras internas”, al tiempo que ha apremiado a “mejorar los procesos y simplificarlos” para que estos fondos de la UE lleguen a los ciudadanos.
Otro de los problemas que han detectado desde la Cámara de Contratistas es el aumento de las licitaciones que quedan “desiertas” debido a la nula rentabilidad que estas tienen para las empresas, de modo que estos procesos desiertos han pasado de suponer un 1 por ciento en 2019 al 5,35 por ciento en 2023, con un 8 por ciento en lo que va de 2024.
Asimismo, Pascual ha alertado de la cantidad de obras públicas que han sido abandonadas por las empresas debido al desajuste de los precios en las licitaciones y el encarecimiento de las materias primas, que hacen “inviable” que las constructoras puedan seguir adelante con estos proyectos, pero a su vez no denuncien a la administración, ya que iría en contra de sus intereses futuros.
Este hecho ha provocado que las administraciones adeuden cerca de doscientos millones de euros a unas trescientas empresas por el desbarajuste de precios entre lo licitado y los costes reales de las obras, ha apostillado Pascual.
Ya de cara al presente año, la Cámara de Contratistas prevé que el año finalice con 2.475 licitaciones, de las que 2.180 ya están en marcha y 1.576 ya se han adjudicado con un porcentaje de cumplimiento del 64 por ciento.
