Los ayuntamientos del PP de Castilla y León denuncian que la situación financiera de los municipios se encuentra en una grave “parálisis”, motivada por la ausencia de presupuestos desde la pasada legislatura, y exigen una reforma “urgente” del sistema de financiación local, que deberá abordarse en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica.
En un comunicado de prensa recogido por Ical, se advierte de que no se puede aceptar que los ayuntamientos sigan siendo la administración “olvidada” y acusan a Sánchez de convertir la gestión municipal en una “carrera de obstáculos”, imponiendo cargas sin financiación, bloqueando el uso de los remanentes y posponiendo el encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local.
A su vez, recuerdan que desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, algo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas y reclaman la convocatoria “inmediata” de la Comisión Nacional de Administración Local para abordar la reforma de la financiación autonómica y local: “Las ciudades necesitan planificación y previsión, no improvisación ni silencio administrativo por parte del Estado” .
Al mismo tiempo, reprochan al Gobierno de Sánchez que haya impuesto a los ayuntamientos repercutir íntegramente el “tasazo” de basura a los ciudadanos, en los que consideran una decisión “injusta” para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos. En este sentido, defienden “la plena autonomía fiscal de los ayuntamientos” y, por ello, exigen una modificación legislativa para derogar la obligatoriedad de la tasa de basuras: “Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa”.
Por último, se comprometen a aplicar en sus ayuntamientos una “presión fiscal baja” para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la financiación de unos servicios públicos de calidad, a la vez que abogan por poder invertir los remanentes municipales, propiciados por sus ahorros, en proyectos de inversión productiva y sostenible o en la construcción y promoción de vivienda.
