La ‘Auditoría Operativa de Urbanismo’ que ha analizado la gestión llevada a cabo en el Departamento entre los años 2013 y 2016, y cuyos resultados se han dado a conocer esta pasada semana, se elaboró sin poder disponer de todos los datos requeridos por los auditores.
En el documento, los responsables del estudio advierten de que durante la redacción del mismo “se detecta que la información referente a Licencias y Autorizaciones de 2014 y 2016, Disciplina Urbanística de 2015, Planeamiento y Gestión de 2013 y 2014 e Ingresos gestionados y Gastos y Costes imputados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 no ha sido facilitada”. Unos datos que deberían haber formado parte del ‘Análisis de procedimientos’ –bloque III de los contenidos de la auditoría– elaborado por la empresa concesionaria.
En dicho apartado, la auditora establece también una notable diferencia de criterio respecto a lo definido por el Ayuntamiento. Y es que, de cara al análisis de una serie de expedientes concretos –a fin de determinar los tipos de expediente, el número de trámites y personas intervinientes o los tiempos vivos y muertos de cada proceso– la primera muestra de estudio que aportada por el Consistorio al inicio del la auditoría disponía de 936 expedientes; una cifra que, después de tener acceso al gestor documental, los responsables del documento elevaron a 6.248.
“Esta diferencia se entiende que es atribuible a que el Departamento solo consideraba expedientes susceptibles de análisis los expedientes cerrados. Sin embargo, debido a que la mayoría de los expedientes no se cierran por diferentes motivos, es preferible tomar la totalidad de expedientes tramitados como población de la muestra”, justifican los auditores.
A este respecto, el informe critica que al no haber nadie que cierre los expedientes en el sistema informático, se pierde “parte de la utilidad potencial del mismo al quedar siempre en tramitación”.
Por otro lado, y como resultado del análisis de los expedientes concretos, la auditoría alerta sobre el gran número de tiempos muertos existentes en cada procedimiento y de que algunos trámites no se incluyen en la hoja de ruta del Departamento, desvirtuando la información del propio expediente. Una circunstancia que la empresa considera de ‘alto riesgo’ y urge a corregir.
