La relación entre los ayuntamientos de la provincia de Segovia y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) atraviesa un momento delicado. Lo que para los consistorios es una necesidad urgente como es limpiar en verano los cauces de los ríos para evitar que en los meses de invierno y primavera lleguen las inundaciones y daños en infraestructuras, para el organismo de cuenca es una cuestión sujeta a trámites, autorizaciones y criterios ambientales que requieren tiempo. Entre ambos polos surge una controversia que, según los alcaldes, se traduce en un exceso de burocracia que paraliza o ralentiza actuaciones básicas en el territorio, como así se lo han hecho constar en repetidas ocasiones al presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, en las visitas que realiza a los municipios de la provincia.

La CHD reconoce que desde febrero de 2024 ha recibido en Segovia 59 solicitudes de actuaciones de conservación y mantenimiento en cauces, de las cuales 28 proceden de ayuntamientos y 31 de particulares o entidades. Sin embargo, los alcaldes sostienen que los expedientes no avanzan y que las respuestas, cuando llegan, lo hacen con meses o años de retraso.

“Y no han aprobado ninguna”

El alcalde de Riaza y diputado encargado de la red viaria provincial, Benjamín Cerezo, resume el sentir general de muchos regidores: “Tantas solicitudes y no han aprobado ninguna”. Cerezo recuerda que en el municipio de Valleruela estuvieron cinco años esperando contestación para ampliar un puente. “Tienen un proyecto hecho para ampliar los ojos del puente y la respuesta les ha tardado en llegar todo este tiempo. Y mientras tanto nosotros sufrimos las consecuencias en las carreteras provinciales cada vez que hay inundaciones”.

El responsable provincial de carreteras pone ejemplos concretos. “Muchas veces tenemos que actuar de urgencia por culpa de las riadas y los arrastres. Las carreteras de la Diputación son de las más afectadas, y no podemos esperar a que llegue un papel. Si actúas sin permiso, te arriesgas a que te denuncien. Pero si no lo haces, el problema se multiplica. Es un círculo vicioso”.

Expedientes eternos

La queja de los alcaldes se repite: la burocracia pesa más que la urgencia. Cerezo recuerda cómo en Riaza consiguió que la CHD limpiara el cauce por debajo de un puente e instalara una escollera, pero la parte superior lleva años pendiente. “Si se atolla el puente, todos los arrastres saltan a la carretera y me inundan las naves. Hace años intenté limpiarlo yo mismo, pero me denunciaron. Tuve que alegar que era por urgencia, porque las inundaciones habían producido daños. La realidad es que los cauces están muy mal cuidados”.

El diputado provincial pone otro ejemplo en Arevalillo de Cega, donde tuvieron que levantar un montículo para proteger al pueblo de las crecidas. “Ahora quieren mejorar un puente, una obra de la Diputación que también afecta a la CHD, y volvemos a lo mismo: permisos que no llegan. Nosotros lo que pedimos es que, si la Confederación no hace nada, al menos nos deje trabajar. No podemos esperar un año en situaciones de urgencia. Necesitamos soluciones inmediatas”.

Respuesta de la CHD

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero defienden que su papel es velar por la conservación del dominio público hidráulico y cumplir la normativa vigente. El organismo cita el artículo 28.4 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, que atribuye a ayuntamientos y comunidades autónomas las actuaciones de conservación en zonas urbanas, mientras que la Ley de Aguas (RDL 1/2001) otorga a la Comisaría de Aguas la inspección y el control de las cuencas intercomunitarias.

En su respuesta oficial, el organismo subraya que se están valorando todas las solicitudes recibidas junto con las actuaciones promovidas desde la propia CHD. Además, remarca que se siguen pautas comunes de acción coordinadas por la Dirección General del Agua y que los objetivos principales son conservar o recuperar el dominio público hidráulico, mejorar la continuidad fluvial, luchar contra especies invasoras, retirar elementos obstructivos y recuperar la vegetación de ribera.

La CHD insiste en que contesta de forma individualizada a cada solicitud, aunque reconoce que no todas pueden ser atendidas. En esos casos, informa de la posibilidad de que las entidades locales actúen directamente, siempre con la correspondiente autorización o declaración responsable.

El problema, según los alcaldes, no es tanto el contenido de la normativa como su aplicación práctica. “Cuando tú mandas una solicitud y te contestan ocho meses después, ya no sirve de nada. La urgencia es inmediata: tienes naves inundadas, carreteras cortadas, vecinos que reclaman soluciones. Lo que pedimos es que al menos se pueda avisar por teléfono y actuar de inmediato. Luego ya se enviará la solicitud, pero primero hay que atender la emergencia”, reclama Cerezo.

El alcalde de Riaza asegura que esta situación se repite en distintos municipios. “En Valleruela tardaron cinco años en responder sobre el proyecto del puente. Y en Riaza me denegaron recuperar un pequeño muro de hormigón que históricamente servía de zona de recreo. Lo único que quiero es mejorar un espacio para los vecinos, pero la respuesta fue negativa. La burocracia es interminable”.

Un problema sin colores políticos

La Diputación Provincial, responsable de más de 2.000 kilómetros de carreteras, se encuentra en primera línea de los problemas derivados de los cauces sin limpiar. Cerezo menciona casos como la zona del Burguillo, donde la apertura de la presa provoca inundaciones en una carretera recién construida. “Lo mínimo sería que nos avisaran, pero ni eso. Abrir la presa sin informar genera daños y nos obliga a señalizar de urgencia. Tú les tienes que pedir permiso para limpiar, pero ellos no avisan de lo que van a hacer”, denuncia.

Las consecuencias no son menores: cada episodio de lluvias intensas deja tras de sí balsas de agua, arrastres de grava y cortes de circulación. Los alcaldes aseguran que si los cauces estuvieran más limpios, las inundaciones serían menos graves y los daños en infraestructuras se reducirían.

Laberinto normativo

La controversia se agrava porque las competencias están repartidas y superpuestas. Según la normativa, los ayuntamientos tienen responsabilidades en zonas urbanas, la CHD en el dominio público hidráulico y la Diputación en las carreteras. El resultado, denuncian los alcaldes, es un laberinto donde nadie asume plenamente la iniciativa.

Los vigilantes de la CHD recuerdan a los municipios que deben cursar solicitudes antes de actuar, pero esas solicitudes se acumulan y tardan en resolverse. “Nos piden papeles, informes, permisos… y al final lo que hay es maleza, puentes atascados y pueblos inundados”, resume Cerezo.

La denuncia de los alcaldes no entiende de colores políticos. “Me da igual que gobierne el Partido Popular o el PSOE. Cuando ha gobernado uno he tenido los mismos problemas que ahora con el otro. No quieren saber nada cuando tú lo que quieres es salvar al pueblo”, afirma el alcalde de Riaza. Su colega de Languilla, añade, se ha encontrado con idénticos obstáculos a la hora de intentar solucionar la limpieza del cauce del río.

Los regidores insisten en que no reclaman barra libre para intervenir en los ríos, sino procedimientos más ágiles que permitan compatibilizar la protección ambiental con la seguridad de los vecinos. “Si la CHD no puede atender todas las peticiones, que al menos nos deje trabajar. Lo que no tiene sentido es que nos sancione por hacer lo que ellos no hacen”, recalca Cerezo.