El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, que enjuicia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y las ayudas directas a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos dispuso a los acusados de acudir a las sesiones de los próximos meses, en los que se desarrollarán las testificales y periciales, de la vista oral, una vez que el martes concluyeron las declaraciones de los procesados con el interrogatorio a Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de Empleo y también en la Consejería de Innovación.
De esta manera, una vez concluida la declaración Sánchez García y tras anunciar el presidente del tribunal que el juicio continuará el próximo lunes con el inicio de las pruebas testificales, tomó la palabra el abogado del expresidente de la Junta Manuel Chaves para plantear a la Sala la posibilidad de eximir a su defendido de acudir a las próximas sesiones, una vez terminada la fase de los interrogatorios a los procesados y ante el comienzo de otra, la testifical y pericial, que se alargará “durante meses”.
El abogado Pablo Jiménez de Parga, en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, subrayó que los acusados no pueden intervenir durante la siguiente fase, simplemente asistir. Hasta el derecho a la última palabra no pueden intervenir. Además, consideró “importante” apuntar, en relación al derecho fundamental a asistir que tienen los encausados, que éstos pueden seguir las sesiones a través de las grabaciones de las mismas.
Proporcionalidad
“Los acusados llevan cuatro meses de juicio y quedan varios meses más de pruebas”, ha expuesto el abogado, señalando que en el caso de Chaves muchos de los testigos citados “no tienen nada que ver” con la acusación a la que se enfrenta.
Apuntando el principio de proporcionalidad y a los precedentes en otras macrocausas, Jiménez de Parga solicitó eximir a los acusados de asistir a las sesiones tras finalizar los interrogatorios, considerando que lo importante a la hora de ponderar la asistencia o no es que la ausencia de éstos “no afecta a los derechos de las partes”, así como la carga procesal que supone para los procesados. Por tanto, afirmó que entiende que “una hipotética” oposición de las acusaciones sería por razones “extraprocesales”.
El resto de los compañeros de las defensas de los acusados, preguntado por el tribunal, se han adherido a la petición del abogado de Chaves, argumentando algunos de ellos, como el abogado de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, que algunos (Lozano vive en Málaga y es profesor de la Universidad de Málaga) tienen su residencia familiar y profesional fuera de Sevilla, término al que aludió otros como los abogados de Magdalena Álvarez o Gaspar Zarrías, al igual que el desarrollo de su actividad profesional como funcionarios o autónomos.
Precisamente la defensa de Griñán y Lozano, el abogado José María Mohedano, señaló que la petición, al acabar las declaraciones, “en ningún caso” contraviene las normas que rigen el proceso penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadiendo en este sentido algunos precedentes como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien incluso se encontraba en prisión cuando fue eximido de asistir a uno de los juicios a los que se ha enfrentado.
Informes de parte
Algunos abogados de las defensas, como la del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, ha solicitado que su asistencia no sea obligatoria hasta la elevación de las conclusiones a definitivas y a la presentación de los informes por las partes.
Igualmente, el abogado José Manuel García-Quílez, que defiende al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, o Adolfo Cuéllar, en defensa del ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado Hinojal, han invocado el ‘usus fori’ (la práctica o modo usual con que los tribunales suelen proceder para ordenar y desarrollar los juicio) que recientemente se ha efectuado en macrocausas que han tenido lugar en Sevilla como el caso Mercasevilla o de Lopera por su gestión en el Real Betis, en los que se eximió de asistir a los acusados.
El abogado Enrique del Río, que ejerce la defensa del exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río y provisionalmente del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, valoró la permisividad de la Sala para que los acusados se puedan ausentar por cuestiones médicas y expuesó que éstas serán continúas en los próximos meses, de ahí la relevancia de aceptar la solicitud.
