Los acusados por el caso de las prejubilaciones millonarias para los altos directivos de Caja Segovia, preparan estos días sus recursos con el fin de agotar todas las posibilidades de tener que participar en el juicio oral, dictado por el Juzgado número 2 de Segovia.
Aunque algunos de los acusados ya han cursado recursos a través de sus representantes legales, el propio Juzgado ha tenido que aclarar algunos términos del auto del pasado 18 de enero, en el que se decretaba la apertura de juicio oral, y se señalaban las fianzas.
De acuerdo con algunas fuentes jurídicas, varios de los acusados ya tienen preparadas sus alegaciones con argumentos similares a los de anteriores ocasiones, que ya fueron rechazados. En todo caso defenderán la postura de que no habiendo perjudicado ni acusación particular, no procede la acusación popular. También alegarán que las fianzas solicitadas no pueden solicitarse de forma subsidiaria.
La Fiscalía Provincial ya renunció a formular acusación alguna y solicitó en su día el sobreseimiento y archivo de la causa.
En estos días los acusados están conociendo, a través de sus representantes legales, la apertura del juicio. En todo caso, como la normativa impone que las notificaciones han de hacerse personalmente, se les ha citado para el próximo día 15 de febrero para que comparezcan en el Juzgado número 2 al objeto de notificarles el auto. Todos ellos deberán estar, a partir de las 10:00 horas de ese día en el Juzgado. Sólo Manuel Escribano y Manuel Agudíez no asistirán ese día porque, al tener su residencia fuera de Segovia, las notificaciones les llegarán a través de un exhorto a los juzgados de Madrid y al de Paz de Cantalejo, respectivamente.
El auto dictado por la magistrada Silvia Conde García considera necesaria la apertura de la vista oral tras el análisis de los escritos de acusación formalizados por la acusación particular ejercida por la Fundación Caja Segovia, y por Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) en su condición de acusación popular.
La magistrada delimita claramente en el auto la responsabilidad de los once directivos encausados en este procedimiento. Señala como presuntos responsables de los delitos señalados por las acusaciones al expresidente del Consejo de Administración Atilano Soto, a quien fuera el director general Manuel Escribano y a los integrantes del consejo Elena García Gil, Manuel Agudíez, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias; mientras que considera responsables civiles a título lucrativo a Miguel Angel Sánchez Plaza, Oscar Javier Vargas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado; y a la compañía de seguros CASER como responsable civil directo.
En la resolución judicial, la magistrada establece también el requerimiento de las fianzas para asegurar las responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran emanar del juicio oral. Así, Atilano Soto, Manuel Agudíez, Elena García, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla deberán presentar una fianza conjunta de 24.454.167 euros, y también se solicita a la entidad Caja de Seguros Reunidos (CASER) una fianza de 18.386.591 euros, al ser esta la entidad en la que se contrataron las pólizas con las que se pagaron las prejubilaciones.
Para los directivos cuya responsabilidad civil es a título lucrativo, la jueza también ha requerido importantes fianzas. Así, la fianza para Miguel Angel Sánchez se eleva a los 3,9 millones de euros, y Oscar Varas deberá avalar 2,4 millones, mientras que Juan Bautista Magaña tendrá que aportar 1,019 millones, Juan Antonio Folgado 977.405 euros y Malaquías del Pozo 363.211 euros por este concepto.
La magistrada advierte de que en el caso de incumplir los plazos marcados “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente”.
