El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar (PP) consideró que la decisión «unilateral» del Gobierno municipal (PSOE) de cerrar la estación de autobuses a partir del 30 de junio era «innecesaria e incomprensible», además de suponer «un chantaje», que colocaba a los viajeros como «rehénes».
Tras el anuncio de Arahuetes, López-Escobar convocó a los medios de comunicación para ofrecer la versión del Gobierno regional. Acompañado por el jefe del servicio territorial de Fomento, José Antonio Arranz, y el jefe de explotación e inspección de Transportes, Javier Jiménez Arribas, el delegado inició su comparecencia aclarando que la instalación de Segovia es «una terminal de pasajeros»; confirmando, a continuación, que a la infraestructura le faltaban algunos requisitos para obtener la declaración de estación de autobuses. Entre ellos, citó la cubrición de los andenes y unas dársenas y marquesinas legales, de lo que culpó a la beligerancia del alcalde, Pedro Arahuetes, «que pactó una cosa con los vecinos y luego hizo otra».
López-Escobar admitió que la terminal tiene «deficiencias», aunque desde la Junta «siempre hemos tratado de normalizar», haciendo referencia a los ‘frecuentes contactos’ que, según dijo, en este sentido se han mantenido con el Ayuntamiento. Tras explicar que «la iniciativa» para contar con una estación de autobuses corresponde a los ayuntamientos y que el papel de la Junta pasa por ‘verificar’ si las instalaciones cumplen los requisitos, el delegado insistió que «las decisiones unilaterales son responsabilidad de quienes las toman» y que la administración regional siempre está dispuesta a colaborar «porque esto es un servicio público».
López-Escobar explicó que hace diez años se mantuvieron conversaciones para solucionar de forma definitiva el problema de la estación de autobuses «pero el Ayuntamiento no dio los pasos necesarios»; mientras que censuró la actitud de «conflicto permanente» que en estos años ha mantenido el alcalde con los vecinos (por las marquesinas), las empresas «y ahora, parece, contra la Junta».
El delegado, que se confesó «sorprendido» por la decisión municipal, censuró que el alcalde tome esta decisión «a quince días de su marcha» y cuando ya existe una reunión prevista, para el próximo 11 de abril, en Valladolid para tratar sobre la estación de autobuses.
En lo que sí insistió López-Escobar es que si finalmente el Ayuntamiento consuma el cierre de la instalación «adoptaremos las medidas de emergencia oportunas para garantizar que este servicio público se preste en las mejores condiciones». «No nos podemos inventar una nueva estación de la noche a la mañana y menos si no existe un cierta colaboración sincera y leal por parte de otras administraciones», aseguró.
Preguntado por el hecho de que el informe de la Dirección General de Transportes, según reveló Arahuetes, considera la terminal como «un aparcamiento de autobuses», el delegado precisó que la calificación técnica «depende del momento», recordando que hasta hace poco no se disponía, por ejemplo, de consignas.
«Se han hecho obras (…) y la calificación se ha ido adaptando en cada momento, aunque nunca ha tenido la categoría de estación de autobuses», aseguró López-Escobar, que dijo ser consciente que sin esta calificación el Ayuntamiento no puede cobrar tasas a las empresas de transporte regular.
Con independencia de que en varias ocasiones López-Escobar apeló al diálogo y a la colaboración, también insistió en que la Junta acudirá a resolver el problema de los viajeros. «Tomaremos las medidas necesarias para garantizar el transporte (…) siempre es mejor tener una terminal de pasajeros que no habilitar lugares en las calles de la ciudad» aunque «el responsable de esa posible situación es el que tendrá que dar explicaciones».
López-Escobar negó que la terminal se encuentre en una situación de «ilegalidad». «No es ilegal tener una terminal de pasajeos con autorización de salida y bajada de viajeros, el todo o nada no vale, es un chantaje», recalcó. Asimismo, negó que la Junta pueda ocupar las instalaciones a partir del 30 de junio. «No hay modo legal de asumirlo, sería una incautación o una expropiación, es municipal y además inmersa en un proceso judicial que ha llevado a cabo su titular», añadió el responsable de la Junta, quien apuntó que es el Ayuntamiento el que tiene que marcar en su presupuesto las prioridades de inversión y, en este caso, dedicar las partidas necesarias a la estación de autobuses. Hasta en dos ocasiones, el delegado apunto que «por desgracia» la Junta no disponía ahora de recursos para financiar una nueva estación de autobuses. También negó la comparación con otras capitales de la región, donde 7 de las 9 estaciones son gestionadas por la Junta, que ha invertido en la última, la de Ávila, unos 5 millones de euros. «La situación de Segovia se achaca a Segovia, esas comparaciones solo buscan evadir ciertas responsabilidades», dijo López-Escobar, en alusión al Gobierno municipal.
«Es un chantaje por alguien que ni siquiera espera a una reunión, creo que se quiere poner a los ciudadanos en contra de la Junta y esa no es la solución», añadió López-Escobar.
