El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el ‘procés’, dictó una resolución ayer en la que da traslado a Fiscalía y a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, para que en un plazo de máximo de cinco días informen sobre la petición realizada por el expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez de ser excarcelado y poder acudir el próximo día 12 al Pleno del Parlament de Cataluña convocado para debatir su investidura como presidente de la Generalitat. El plazo elegido parece indicar que Llarena frustrará la convocatoria señalada para el nuevo intento de investidura en Cataluña, fijado para las 10.00 horas del lunes.
En instrucción penal todos los días son hábiles, según explicaron fuentes jurídicas, por lo que el plazo máximo para que las acusaciones den a conocer oficialmente su postura al juez concluye el mismo lunes en el que el Pleno ha sido convocado por el presidente del Parlament, Roger Torrent.
La acusación popular que ejerce Vox ya anunció ayer que pedirá al juez que no acuerde la salida de Sànchez para no facilitar “la investidura de un golpista”. Si la Fiscalía también se da prisa, Llarena no tendría impedimento para resolver con tiempo suficiente, si bien fuentes jurídicas señalan que aunque ya se disponga de los escritos lo habitual es dejar correr los plazos señalados y no resolver hasta que éstos se consumen.
En la misma resolución el magistrado da traslado a la Fiscalía, Vox y todas las defensas de los investigados para que se posicionen también sobre las últimas peticiones de libertad solicitadas por el exconsejero del Interior Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.
En su escrito, remitido a Llarena este martes tras conocer su designación como candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidencia de la Generalitat, Sànchez argumenta que si no se le permite ir al Pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.
Por ello, solicitaba al juez la “inmediata puesta en libertad provisional” y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará sólo seis días después de haber sido designado candidato. En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen “permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura”.
Rechazo del Constitucional
Quien sí se pronunció fue el Tribunal Constitucional, que rechazó excarcelar al que fuera presidente de la ANC mientras estudia el recurso de amparo que éste ha presentado contra la medida cautelar que dictó el pasado 16 de octubre contra él la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En su auto, el TC argumenta que acceder a la puesta en libertad equivaldría al “otorgamiento anticipado del amparo solicitado”, por lo que lo deniega por unanimidad.
La pieza de suspensión de la medida cautelar que se incluyó ayer en el Pleno del tribunal de garantías está vinculada al recurso de amparo que presentó Sànchez tras ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid) y que el tribunal de garantías admitió a trámite el pasado 5 de febrero.
En un escrito que remitió al TC este martes tras ser designado candidato a la presidencia de la Generalitat, Sánchez solicitaba que en atención a esta nueva circunstancia se reconsidera la posibilidad de suspender la medida acordada por la juez Lamela antes del pleno de investidura fijado en el Parlament para el próximo lunes.
