La economía social constituye un modelo empresarial en el que los fines sociales se anteponen a la cuenta de resultados, y se reivindica como pieza esencial para la cohesión territorial y la fijación de población, ya que este tipo de empresas, como sucede con las cooperativas, tienen un fuerte arraigo en el medio rural.
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2023-2025, un proyecto que marca un antes y un después en la promoción de este modelo económico en la región. Con una visión clara y ambiciosa, el documento destaca por su enfoque en la creación de empleo, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido empresarial rural.
La economía social ocupa un lugar destacado en Castilla y León, con un 7,9% de participación en el tejido empresarial, la segunda cifra más alta de España. Este modelo ha demostrado ser especialmente útil en zonas rurales, donde en muchas ocasiones constituye el único tejido empresarial existente.
Según el plan, estas empresas se caracterizan por su arraigo al territorio, la generación de empleo estable y su resistencia frente a fenómenos como la deslocalización. Se subraya su papel crucial en sectores como los servicios sociales, la educación, la cultura y la agricultura, mientras que su presencia es menos significativa en comercio, hostelería y construcción.

PRINCIPIOS Y ENTIDADES CLAVE

La base legal de este modelo empresarial se encuentra en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, que define la economía social como el conjunto de actividades económicas llevadas a cabo por entidades que priorizan el interés colectivo y social frente al capital.
Entre las entidades que forman parte de este ecosistema se encuentran:
– Cooperativas, que son clave en la economía agroalimentaria.
– Sociedades laborales, que cuentan con un modelo de gestión participativo.
– Fundaciones y asociaciones, que integran valores sociales en sus actividades económicas.
– Centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, que resultan fundamentales para la inclusión de personas con discapacidad.
Los principios fundamentales que guían estas entidades incluyen la primacía de las personas sobre el capital, la reinversión de los resultados en el fin social y la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad.

LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO

La trayectoria de la economía social en España y Castilla y León ha sido marcada por avances clave, desde la aprobación de la Ley de Economía Social en 2011 hasta la adopción de resoluciones internacionales. Destacan los siguientes hitos:
– El Año Internacional de las Cooperativas (2012), que puso de relieve su contribución al desarrollo sostenible.
– La Estrategia Española de Economía Social (2018), que reforzó el marco de apoyo institucional.
– La aprobación del Plan de Acción Europeo para la Economía Social en diciembre de 2021.
– La creación del PERTE de Economía Social y de los Cuidados (2022), con una inversión significativa.
– La adopción por la ONU de una resolución a favor de la economía social en 2023.
– La aprobación del Plan de Fomento de la Economía Social de Castilla y León en 2023
– La adhesión de la Junta de Castilla y León en 2023 a la Red de Regiones Europeas de Economía Social, promovida por la Comisión Europea.
Estos hitos subrayan el reconocimiento global de la economía social como un motor de cambio para una sociedad más equitativa.
El análisis de la situación incluido en el plan muestra los retos específicos de la comunidad autónoma, como el envejecimiento poblacional, la despoblación rural y el riesgo de exclusión social. Castilla y León destaca por tener una de las poblaciones más envejecidas de España, con un 26,12% de mayores de 65 años.
En términos empresariales, la región cuenta con un sólido tejido de cooperativas y sociedades laborales, aunque su distribución es desigual. En 2022, había registradas 194 cooperativas y 1.395 sociedades laborales, concentradas en sectores como agricultura, servicios y educación.

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El plan se articula en torno a un objetivo general como es el de promover el empleo estable, inclusivo y de calidad a través de fórmulas de economía social, y otros tres específicos:
– Fomentar y divulgar la economía social como modelo empresarial.
– Impulsar la incorporación laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.
– Apoyar el emprendimiento colectivo mediante cooperativas y sociedades laborales.
Estos objetivos se traducen en líneas de actuación concretas, como la creación de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social, la elaboración de estadísticas especializadas, campañas de sensibilización o subvenciones para el emprendimiento colectivo, el fortalecimiento del empleo protegido y el fomento del tránsito hacia el empleo ordinario.

ACCIONES DESTACADAS

1. Difusión y sensibilización
El plan incluye campañas institucionales, participación en foros nacionales e internacionales y la creación de una cátedra de economía social en colaboración con universidades. Se otorgarán premios al cooperativismo para incentivar la innovación en este modelo.
2. Inserción laboral de colectivos vulnerables
Una de las prioridades del plan es mejorar las oportunidades laborales de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) desempeñan un papel central en esta tarea, empleando ya a más de 6.000 personas en la región. También se reforzarán las Empresas de Inserción Laboral, que actúan como puente hacia el empleo ordinario.
3. Apoyo al emprendimiento colectivo
Las cooperativas y sociedades laborales reciben un fuerte impulso en este plan, con incentivos para su creación y financiación para inversiones estratégicas. Su contribución a la economía rural y su menor tasa de mortalidad empresarial las convierten en un modelo prioritario.

FINANCIACIÓN Y COGOBERNANZA

El plan será financiado con los presupuestos anuales de la Junta de Castilla y León, y su seguimiento estará a cargo del Consejo Regional de Economía Social. Se elaborarán informes anuales de progreso, una evaluación intermedia en 2024 y una final en 2025.
El éxito del plan se medirá mediante una serie de indicadores como el incremento en el número de empresas de economía social, la generación de empleo inclusivo y estable y la reducción de la despoblación en áreas rurales.
A largo plazo, el objetivo es consolidar un tejido empresarial resiliente, fomentar la cohesión social y posicionar a Castilla y León como referente en economía social a nivel nacional y europeo.
Así, el Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2023-2025 significa más que una apuesta por el desarrollo económico. En una región que enfrenta un claro reto demográfico, la economía social se presenta como la solución para construir un futuro más equitativo y próspero. Con esta iniciativa, Castilla y León reafirma su liderazgo en la promoción de un modelo empresarial que pone a las personas y al territorio en el centro del desarrollo.

El Plan reafirma el liderazgo de Castilla y León en la promoción de un modelo empresarial que pone a las personas y al territorio en el centro del desarrollo

Las entidades de la economía social de Castilla y León demuestran que es posible generar riqueza sin renunciar a valores como la igualdad, la sostenibilidad o la justicia social. Estas fórmulas empresariales son exitosas en sectores muy distintos, como el agroalimentario, los servicios sociales —con mención especial a la integración de colectivos vulnerables— o la educación. De hecho, en la Comunidad hay actualmente 257 centros especiales de empleo con 368 centros de trabajo y 19 empresas de inserción, que emplean a más de 6.300 personas con discapacidad y a otras 211 de otros colectivos. A ellos hay que sumar 2.194 cooperativas y 1.395 sociedades laborales.
La Junta destaca el gran papel de estas entidades tanto en la cohesión territorial de Castilla y León y su arraigo en los municipios —el 62,7 % de estas empresas se ubican en el medio rural y poblaciones intermedias, así como el 60 % de sus trabajadores— como en la cohesión social, con unas cuotas de integración mucho más elevadas en todos los ámbitos: más de un 15 % de sus trabajadores tienen discapacidad, hay un 12 % más de mujeres en puestos directivos, la brecha salarial entre sexos es un 10 % inferior a la economía mercantil tradicional, y el empleo es más estable.