Al hilo de la recomendación pública expresada hace unos días por el alcalde de Segovia, José Mazarías, que aconsejaba a la ciudadanía no dar limosna a las personas que, durante el último otoño han ejercido la mendicidad en las calles, a fin de no favorecer el lucro de determinadas redes de explotación, el vicario de la diócesis, Ángel Galindo, cuestionaba en estas mismas páginas las palabras del regidor, incidiendo en la conveniencia de ayudar a quienes están atravesando una situación de vulnerabilidad.
Compartiendo el fondo de los argumentos del señor Galindo, es decir, la esencia que lleva al ser humano a ayudar a quienes lo necesitan, me gustaría exponer una serie de consideraciones que pueden servir para explicar el porqué de la petición del alcalde que tanto parece haberle inquietado. Presupongo que el señor Galindo sabe que gracias a las conquistas sociales gozamos de un Estado de Derecho que garantiza poder cubrir las necesidades básicas de todas las personas sin excepción; un modelo de atención social centrado en la persona, con itinerario e intervención personalizado para dar una mejor respuesta a unos servicios básicos que hace tiempo dejaron atrás el carácter asistencialista para transformarse en un modelo social que responda a la situación real de cada persona.
Cita el vicario de la diócesis el planteamiento del teólogo segoviano Domingo de Soto, que coloca en el centro de todo a la persona vulnerable, a la que hay que atender para, partiendo de su potencialidad, conseguir su dignificación y su reingreso en la sociedad. Y en eso consiste la verdadera ayuda, porque la caridad o la ayuda de otra forma entendida cronifica situaciones que impiden a la persona transformar su realidad.
El Ayuntamiento de Segovia, en su afán por prestar la mejor atención posible a quienes pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad social severa, mantiene un convenio de intervención social con Cáritas Diocesana de Segovia. El objetivo es doble: poder trabajar en la estabilización de situaciones vitales de las personas (domicilio, alimentación, regularización de documentación, etcétera) y prestar la atención urgente en casos derivados de una crisis personal o social que conlleve la falta de cobertura de las necesidades más básicas. En este sentido, el convenio pone a disposición un equipo de inclusión que atiende a personas sin hogar.
Cuando el alcalde —a mi juicio, con acierto— invita a no dar esa limosa a quien pide en la calle, no está dejando desamparada a ninguna persona; al contrario, está potenciando la remoción de los obstáculos que impiden que esa persona sin hogar pueda lograr su autonomía y, sobre todo, evitando que determinadas personas se valgan de la compasión —un valor tan importante— para activar sus malas artes, porque, desgraciadamente, son muchos los casos en los que detrás operan organizaciones que utilizan a esas personas vulnerables para ejercer la mendicidad en su propio beneficio. Por otra parte, la caridad mal entendida, como en el caso de la mendicidad, despierta una supuesta compasión que empodera a quien da y menosprecia a quien recibe, perpetúa modelos establecidos e impide el cambio social, polariza a la sociedad entre quienes dan y quienes reciben. Nadie prohíbe dar limosna, pero, por desgracia, todavía hay quienes se aprovechan de la caridad y la misericordia de los demás para lucrase. Nada más lejos de la mentalidad burguesa a la que el señor vicario alude en el artículo. El alcalde, como representante de la ciudadanía, la ha invitado a no colaborar con las mafias, asumiendo las competencias que le son propias y apoyando y compartiendo el trabajo que realizan los profesionales de Servicios Sociales, Policía Local y Cáritas en favor de los más vulnerables. Solo la intervención social profesionalizada evita la cronificación de situaciones tan injustas. El trabajo encomiable que esos profesionales llevan a cabo de forma coordinada posibilita el proceso de acompañamiento, ofrecimiento de recursos de carácter social o cualquier otra ayuda que pueda precisarse, siempre con el objetivo de que esas personas dejen de ser manipuladas y puedan regresar al sistema, tener autonomía y no ser rehenes de quienes gobiernan sus vidas.
Se trata de un trabajo diario, intenso, riguroso a pie de calle, persona a persona, con sensibilidad social y disposición a llegar a quienes hace tiempo que han dejado de creer en el sistema. A las personas que este otoño han ejercido la mendicidad en las calles de Segovia, Servicios Sociales y Cáritas les han ofrecido, reiteradamente, un itinerario social que seguir y todos los recursos materiales y humanos, así como de un proceso de acompañamiento personal que implica un cambio de vida, pero han rehusado toda ayuda. También Policía Local realiza una excelente labor. Y no debemos olvidar que la Ley 16/2010 de Servicios Sociales establece en su artículo 11 que toda actuación en materia de servicios sociales «habrá de respetar la dignidad e intimidad y los derechos de las personas». Para poder activar las prestaciones del sistema, es preciso contar con la voluntad del individuo. Los profesionales de Servicios Sociales deben respetar la autonomía de las personas, aun en el caso de que estas rechacen la ayuda.
La mendicidad no es en sí un delito. En nuestra ciudad, según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, no está prohibido su ejercicio, salvo que se sirva de menores o lleve implícita una amenaza o la comisión de otro delito.
Trabajamos para mejorar la vida de las personas con el respeto a los derechos fundamentales amparado por la propia Constitución española y a través de los mecanismos que establece la legislación, procurando siempre la igualdad y la libertad de todas las personas. Por lo tanto, en estos casos, la limosna no suple la falta de justicia, como cita el señor Galindo en su artículo: la perpetúa.
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* Concejala de Servicios Sociales e Igualdad y Barrios del Ayuntamiento de Segovia.
