En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó dos proyectos de ley que deben ser instrumentos claves para el desarrollo de la política agraria en los próximos años, por lo que pueden contribuir a la mejora de la rentabilidad del conjunto del sector. Se trata de la denominada Mejora de la Cadena Alimentaria y la nueva norma para la Integración Cooperativa.
Sobre la regla para la integración del sector cooperativo no hay mucho que hablar, en cuanto que se trata de dar solución a un viejo problema del que no solo es consciente la Administración, sino que lo sienten y padecen los propios agricultores y ganaderos. España cuenta con cerca de 4.000 asociaciones y, en algunos sectores como el vino o el aceite, suponen más del 70% de las producciones, mientras ese peso no se traduce en mayor poder de negociación en todos los procesos de comercialización frente a los grandes grupos industriales y las cadenas de distribución.
Hay coincidencia total sobre la necesidad de lograr una mayor organización de la oferta, una mayor concentración de la producción, como instrumentos indispensables para mejorar los ingresos yendo hacia unas estructuras más fuertes en cooperativas de segundo grado. Se trata de un problema histórico para el que el Ministerio que dirige Arias Cañete puede poner sobre la mesa mecanismos legislativos o fiscales para su ejecución, pero donde el protagonismo y la voluntad de cambiar debe partir de los propios cooperativistas desde sus actuales estructuras dispersas. Es un proceso de reestructuración que en otros países de la Unión Europea ya se acometió hace varias décadas, mientras que en España los grupos más fuertes, lejos del volumen que se manejan en otros lugares, se cuentan con los dedos de las manos.
Es importante que ese proceso lo encabecen los agricultores y ganaderos, pero que tampoco pongan palos en las ruedas las comunidades autónomas en el caso de que una cooperativa, por ejemplo de AN de Navarra, quiera crecer integrando en la misma a otras de Castilla y León o Aragón.
La otra futura ley es la denominada para la Mejora de la Cadena Alimentaria. Dicho así suena como algo lejano, como si no fuera con la actividad del sector. Pero no es así. Dicho en otras palabras, para que se entienda su importancia real, se trata de una nueva disposición para evitar que unos pocos grupos desde la gran distribución y los más fuertes de la industria puedan seguir imponiendo sus exigencias en las condiciones de compra a los proveedores. Y, yendo un poco más al fondo, para que las duras políticas de exigencia de precios bajos y otras prácticas abusivas que en la actualidad aplica la gran distribución contra los industriales y el sector agrario. Pero también se necesita para que muchas empresas no acaben por destruir el tejido de la producción y de la mayor parte de la industria alimentaria en su estrategia para vender una serie de productos a precios bajos para aumentar las ventas, al margen de cuál haya podido ser el coste de producción.
A pesar del nombre que, en concreto, no dice nada, con esta nueva norma, de lo que se está hablando en realidad es de lo que hay por debajo, la defensa del mantenimiento de una actividad agraria y alimentaria frente a la situación de asfixia a que se le somete desde los grandes grupos de la distribución.
Antaño, el gran momento del sector agrario para la defensa de sus rentas era la negociación de los precios oficiales que fijaban unos niveles mínimos de ingresos para el campo. Actualmente se han desmantelado todos esos mecanismos de seguridad, las cotizaciones las marcan los mercados y al sector se le compensan esas bajadas generales de las cotizaciones que se registraron con ayudas directas que no afectan a todas las producciones como serían los casos de la avicultura, el porcino, la cunicultura o la mayor parte del sector de frutas y hortalizas.
Lo que sucede es que, en el conjunto de los mecanismos o estructuras que tienen una gran influencia para la formación de los precios en la industria alimentaria y, en consecuencia, para el sector agrario, ha irrumpido con fuerza un nuevo agente que hace unos años no existía. Se trata de los grandes grupos de distribución, con capacidad para controlar una media docena de empresas que abarcan el 60% de la cuota de mercado de los productos más importantes de la demanda alimentaria.
Si el sector agrario o la industria alimentaria no acceden hoy a las condiciones de compra, ya sean legales o ilegales de una gran distribución, corren el peligro de quedarse con la mercancía en la mano, y con la seria amenaza, además, de sustituir sus productos por otros importados. Por ese motivo, los trabajadores del campo no tienen capacidad para negarse a las exigencias que se les pongan sobre la mesa en materia de precios y otras condiciones. Unos costes bajos que, al final los industriales trasladan a los agricultores. Y ahí existe el riesgo que, de tanto apretar, vayan cerrando numerosos proveedores.
Cuando un consumidor adquiere un litro de leche a 0,50 euros y todavía hoy, a pesar de la subida de los precios, cinco litros de aceite virgen a 12 euros o una segunda unidad de un litro en campañas de oferta a un euro, debe pensar en el coste que ha debido cobrar el ganadero o el olivarero.
La ley, defendida con una gran firmeza por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, frente a los hombres de Economía que solo ven los precios bajos como algo positivo para salvar el IPC, vendrá a tratar de poner orden en ese poder excesivo de los grandes grupos de la distribución para que dejen de aplicar prácticas irregulares abusivas, asfixiando al sector agrario y a una parte de la industria alimentaria.
