La Guardia Civil junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido las instituciones mejor valoradas por nuestra sociedad desde los tiempos en los que se creó el CIS y esos “estudios” del hoy desacreditado Centro de Investigaciones Sociológicas eran verosímiles y sus conclusiones “científicas” todavía creíbles. Poco después, esa percepción tan positiva acerca de las mencionadas instituciones se fue incrementando durante la instauración del régimen democrático del 78 y durante varias décadas después, cuando todavía nuestra democracia estaba libre de todas esas “paradojas” que, a día de hoy, la atenazan.
Una percepción social, resultado de “la entrega abnegada” por parte de los servidores públicos, en el día a día de un peligroso y “mal pagado” trabajo, si lo comparásemos con las policías autonómicas para las que, igualmente, todos los españolitos cotizamos. Aún así, más allá de cualquier agravio comparativo, los guardias civiles muestran su identidad solidaria desde la más absoluta de las implicaciones dentro de la sociedad con su sentimiento de pertenencia y su labor, resolviendo las urgencias diarias y satisfaciendo muchos de los requerimientos de los ciudadanos. Es por eso que ese compromiso de obligación para con los demás y el respeto recíproco se materializa desde la concordancia por parte de una sociedad que realmente lo valora y les premia con ese reconocimiento.
Sin embargo, ya saben que la sintonía nunca ha sido del todo completa. El tándem que hoy sostiene el Estado de Derecho, formado por “la Justicia” y las “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha venido siendo sometido de manera sistemática a campañas de desprestigio desde diferentes sectores del ámbito delincuencial, encabezados generalmente por el brazo político del terrorismo o la delincuencia organizada, como el narco a través de sus tentáculos más sibilinos. La novedad, y con ella “el verdadero peligro”, reside en que, hasta ahora, ese discurso de difamación y descrédito jamás se había hecho extensivo a diferentes elementos de la propia administración que, a viva voz o a través de la caja de resonancia de las plataformas mediáticas afines, en algún momento han querido sembrar la duda sobre el Instituto armado o los jueces encargados de algunos de los asuntos investigados.
Elementos de una clase política que, para permanecer en el poder, se sostienen en aquellos que abiertamente responden como enemigos del Reino y no participan en el proyecto común de Nación, haciéndoles la ola y asumiendo sus consignas, facilitando, entre otras cosas, el repliegue del instituto armado en gran parte del territorio nacional o tomando decisiones, del todo incomprensibles, que por acción u omisión han entorpecido las labores del instituto armado o directamente las finiquitan. Ya saben. Como todas esas noticias que no hace tanto tiempo advertían de que “los servidores públicos” se habían convertido en el objetivo de ciertas “fontanerías” que presuntamente pretendían descabezar algunas de las unidades para condicionar su labor específica en pro de beneficios espúrios en vez de los intereses de la ciudadanía. Incluso queriendo aplicar, presuntamente, criterios de idoneidad para los sustitutos, en función del grado de “permeabilidad” a según qué requerimientos de índole política. Algo supuestamente parecido a lo que se pretendería hacer con la justicia.
Pueden imaginarse el desánimo y el bajón de moral que esto podría suponer a los Guardias Civiles que, como profesionales de contrastada lealtad, no se verán de la misma forma correspondidos. Y todo a pesar de que siempre se han mostrado alejados del sectarismo imperante y ajenos a todos esos juicios previos y sentencias de telediario a las que “cualquier ciudadano” podría verse sometido. Ellos están al margen y más aún cuando la actuación no está sustentada conforme a la ley y procediendo solo después de las averiguaciones pertinentes que derivan de su trabajo puestas a disposición de un juez. Ese es el ritmo pautado del marco legal de un Estado de Derecho que, junto a los propios compromisos y los juramentos de los servidores públicos, refuerza un “proceder garantizado”.
Por todo ello y para ser más conscientes si cabe de “la naturaleza del Cuerpo”, creo que merece la pena “leerles un poco la cartilla” con algunos extractos de los artículos reglamentarios que la mayoría de los guardias civiles subrayan como principios deontológicos:
En su artículo quinto dice que “el Guardia Civil debe ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajezas”, continuando en el siguiente artículo con un aviso para navegantes con el añadido de que “no debe ser temido sino de malhechores; ni temible sino a los enemigos del orden”, procurando, sin embargo, en todo momento “ser un pronóstico feliz para el afligido”. Y sirva de despedida la propia introducción de la cartilla que en su primer artículo matiza que “el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil”, y que “por consiguiente”, debe “conservarlo sin mancha” ya que “una vez perdido, no se recobra jamás”. Es importante tenerlo presente, por lo que pueda pasar.
