El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, reiteró ayer ante la juez del Juzgado de lo Penal 2 de la ciudad las “numerosas dificultades técnicas” encontradas para restituir la legalidad urbanística en el edificio de Caja Duero de la plaza de Zorrilla de la capital, aunque también confesó que no es ni medio normal el retraso habido a la hora de ejecutar el fallo judicial.
El regidor ‘popular’, sometido durante noventa y cinco minutos al interrogatorio de las acusaciones pública y popular, no se apartó ni un milímetro del guión mantenido en 2012 desde su primera declaración en el proceso como imputado, es decir, que el fallo de 28 de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se pudo cumplir con celeridad hasta casi cinco años después debido a la inexistencia de planos fiables del inmueble, que data de 1946, lo que dificultó sobremanera a los técnicos municipales ejecutar lo acordado por dicho tribunal.
Éste, tras anular en 2008 el proyecto de rehabilitación del edificio y las licencias de obra y ocupación, exigía devolver el inmueble a la legalidad tras constatar, entre otras irregularidades, que de unos trasteros o carboneras se habían construido dos áticos y que unas viviendas de la planta cuarta y quinta se habían reconvertido en oficinas, con la particularidad, y ahí radica el meollo del proceso, de que el imputado era propietario de una vivienda situada en la planta séptima.
En una maratoniana sesión a lo largo de cinco horas y media, León de la Riva, respaldado por los integrantes de su candidatura, sí reconoció que no es frecuente que una resolución judicial tardara cinco años en cumplirse. “¡En absoluto me parece normal!”, indicó textualmente el munícipe, que en su alegato exculpatorio incidió en que toda su actuación en este caso estuvo sujeta siempre a los consejos de su secretario y vicesecretario y de la Asesoría Jurídica.
El primer edil justificó así el hecho de que inicialmente participara y votara en las juntas de gobierno local en las que se aprobó el proyecto de rehabilitación luego anulado, pese a que ya estaba en negociaciones para adquirir un piso en ese edificio y ostentaba el cargo de vicepresidente de Caja Duero, propietaria originaria del inmueble, y que a posteriori optara por abstenerse en aquellas sesiones en las que se sometieron a votación los proyectos que elaboró el Ayuntamiento por orden judicial para solventar las ilegalidades cometidas en el inmueble.
“En mi carné sigue poniendo que soy ginecólogo, no jurista, y por ello siempre sigo los consejos de mi vicesecretario, que es un habilitado nacional experto en Derecho”, declaró el alcalde, quien se mostró en algunos momentos profundamente molesto ante algunas preguntas del abogado de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales ‘Antonio Machado’.
“No vuelta usted a tratar de enredarme porque no lo va a conseguir”, espetó al letrado, lo que llevó a intervenir a la jueza, no sólo para exigir al primero que se dirija con “educación” a su interpelante sino también para advertir a los concejales del PP allí presentes de que se abstuvieran de hacer gestos de desaprobación, so pena de ser expulsados de la sala.
En este intercambio de preguntas y respuestas, el regidor vallisoletano, a quien una condena podría apartarle de su aspiración a revalidar la Alcaldía, repitió en numerosas ocasiones que él, una vez que le fueron notificados los requerimientos del TSJCyL para ejecutar la sentencia, haciéndole responsable directo y personal, se limitó a firmar los decretos ordenando que así se hiciera y delegó dichas tareas en la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, y los técnicos municipales.
Respecto a las dificultades de su ejecución, León de la Riva, a quien las acusaciones pública y popular solicitan 15 y 24 meses de inhabilitación, respectivamente, y, por el mismo orden, multas de 3.600 y 63.000 euros, mantiene, como así corroboraron dos arquitectos en calidad de testigos-peritos, que la existencia de planos inexactos del edificio del siglo XIX, y posteriores modificados planteaban muy serias dudas a la hora de cumplir el fallo del TSJCyL.
De hecho, recordó que en su día ya explicó que, por un lado, la sentencia ordenaba el derribo de un forjado y, por otro, el informe de una empresa experta determinaba que era original de 1946. “Se me planteaba la disyuntiva de cumplir la sentencia o incurrir en un posible delito contra el Patrimonio”, advirtió.
