Ya lo auguró la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, a finales del año pasado: 2013 será muy duro para las víctimas. Y es que ayer, el exetarra Valentín Lasarte acudió por la mañana por segunda vez a firmar al cuartel de la Guardia Civil de Lodosa (Navarra) durante el permiso penitenciario que le concedió la Sección Primera Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se da la macabra paradoja que tres de los agentes del puesto en el que tuvo que acreditarse sufrieron un atentado por su comando, Donosti.
El condenado ha decidido disfrutar en este municipio norteño el permiso de tres días que le fue otorgado por primera vez el pasado 7 de mayo. Lasarte, que se encuentra en segundo grado desde mayo de 2009, ha cumplido más de la mitad de su condena y llevaba 17 años en prisión sin disfrutar de un solo día en libertad.
Durante este período, ha rechazado la violencia, ha reconocido el daño causado y pertenece a la denominada vía Nanclares de reinserción de presos, según reconoció el auto del que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.
Ni qué decir tiene que gran parte de las víctimas del terrorismo no aprueba esta medida, comenzando por la hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal asesinado por ETA y, más concretamente, por el grupo de Lasarte. De hecho, hace casi un año se vieron las caras por primera vez en la cárcel donde se encuentra, y ésta se mostró muy dura -le dijo que quien le tenía que perdonar estaba muerto- y le exigió que colaborara con las autoridades y ayudara a solucionar algunos de los atentados que aún siguen siendo investigados.
Para este criminal -participó en siete asesinatos en los años 90- que intenta reinsertarse en la sociedad y que, por ello, ha recibido serias amenazas por parte de sus antiguos compañeros, solo le queda esperar a que el Gobierno central acelere los trámites para que sea puesto en libertad de manera indefinida.
Fuera del País Vasco
Conviene recordar que la Audiencia Nacional consideró «indiscutible» que el asesino, entre otros, de Fernando Múgica, cumpliera «todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley» para acceder a este beneficio penitenciario. La resolución judicial establecía que el preso debía disfrutar del permiso fuera del País Vasco para «no herir el sentido de sus víctimas».
Sin embargo, fue concedido en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de Nanclares, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que consideró «prematuro» concederle esos tres días en libertad a pesar de su «evolución positiva».
