Estupor y consternación. Los colectivos de víctimas del terrorismo siguen mostrando, 24 horas después de que se decretara la libertad de Josu Uribetxeberría Bolinaga y sin que la Fiscalía se haya pronunciado todavía, su rabia. Así, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, rechazó ayer la petición del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de mantener un encuentro a lo largo de la jornada o el próximo lunes, y decidirá la próxima semana si reunirse o no con el catalán.
Y es que ésta desveló que recibió una llamada del dirigente popular que respondió con la entrega de una carta en su departamento transmitiéndole su «rechazo total» a esta decisión, así como el «dolor e indignación» que están sufriendo las personas que, directa o indirectamente, sufrieron en sus carnes la barbarie etarra.
A juicio de la líder de la AVT, la concesión de la libertad condicional a Bolinaga es una decisión «política», ya que existían «informes suficientes» para mantenerle en prisión, y, además, llega tras otras decisiones «erróneas», como a su juicio fueron el traslado del etarra al País Vasco y la concesión del tercer grado penitenciario.
Asimismo, cuestionó la independencia del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por autorizar, horas después, la marcha de hoy en San Sebastián en favor del preso. Así, le recordó que la libertad del etarra que mató a dos guardias civiles aún no es firme y que sigue siendo «un asesino, que es lo que importa de cara a la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo».
En el seno del Gobierno se pudo apreciar que fue un día muy difícil tras la polémica decisión del magistrado José Luis Castro. De hecho, fue el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, quien mejor lo describió: «Se me revuelven las tripas». Pero precisó que en este caso, tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia, se ha aplicado la ley: «Comprendemos el sentimiento de las víctimas y el de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Me parece que es una decisión frustrante porque me gustaría que este señor viviera 300 años y los cumpliera en la cárcel».
Desde Vitoria, el comisionado del lehendakari para las víctimas del terrorismo, Jesús Loza, y el dirigente del PP, Leopoldo Barreda, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, respaldaron la concesión de la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara, pese a reconocer el historial criminal e incluso la «repugnancia» que puede provocar el etarra.
La catarata de reproches hacia la polémica decisión judicial fue interminable. Así, la Asociación de Militares Españoles hizo patente «su más profundo y firme rechazo a la conclusión adoptada por el juez Castro», en tanto que el colectivo Pro Guardia Civil subrayó que «el lugar más justo y digno donde Bolinaga debería fallecer es la cárcel», porque «allí es donde están los suyos, los que piensan como él, los que asesinaron y torturaron como él».
Lamentablemente, el fallo judicial ha dado alas a los abertzales, que quieren solicitar la excarcelación de 13 etarras con enfermedades graves, al tiempo que se frotan las manos ante la posibilidad de sacar rédito electoral del caso.
