Reforzar la seguridad de las víctimas de la violencia de género. Ése es el principal objetivo de la Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que fue aprobado ayer por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. Las regiones tendrán un máximo de 24 horas para derivar a una víctima de violencia de género que se encuentre en situación de emergencia a un centro de acogida, según el compromiso que alcanzaron sus responsables con el Ministerio que preside Ana Mato.
En concreto, se dio luz verde a la creación de la anunciada Red Nacional que integra los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados de todo el país a fin de mejorar la coordinación a la hora de ofrecer esos recursos a las víctimas.
Para activar este engranaje, las autonomías acordaron firmar en el plazo de cuatro meses un protocolo de derivación a estos lugares que se rija por criterios de atención personalizada a las usuarias y que ofrezca la capacidad de responder en caso de urgencia, en un plazo máximo de 24 horas.
La red es una de las 258 medidas contempladas en la anunciada Estrategia Nacional de Violencia de Género que aprobó asimismo la conferencia sectorial y que consta de siete grandes ejes de actuación para los próximos tres años y una previsión presupuestaria de 1.539 millones de euros, de los que unos 300 saldrán de las comunidades autónomas.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, destacó de entre estas medidas la «creación de códigos de autorregulación publicitaria que contengan previsiones específicas para la prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer» y que lleven a «evitar que de propaguen conductas machistas» desde los medios de comunicación.
Al ser preguntado por la posibilidad de prohibir los anuncios de contactos en la prensa, el secretario de Estado se centró en la autorregulación. «Queremos llegar a un acuerdo con todos los medios y es importante que exista autorregulación dentro de la madurez y responsabilidad social corporativa que tiene la prensa», contestó.
Cerco total y sin tasas
Otra de las medidas de la estrategia que puso en valor es la que extenderá el uso de los brazaletes de localización por GPS para maltratadores a quienes se encuentren disfrutando de un permiso en el cumplimiento de la condena, objetivo que se alcanzará por acuerdo con Instituciones Penitenciarias.
En este sentido, recordó la previsión de ampliar la libertad vigilada de hasta cinco años para los condenados por violencia de género y tipificar como delito la manipulación del brazalete de localización. «Cada día que pasa el cerco sobre el maltratador se cierra más y cada vez lo van a tener más difícil», afirmó, tras animar a las mujeres a denunciar cuando sufran maltrato.
Precisamente, para promover esta denuncia y ante la evidencia de que el 80 por ciento de las asesinadas cada año no habían acudido a la Justicia, la estrategia contempla la gratuidad total del proceso para la víctima, que no tendrá que abonar tasas judiciales ni costearse un abogado o un procurador y, además, recibirá asesoramiento.
Asimismo, tal y como explicó Moreno, el plan se ocupa de otros tipos de violencia sobre la mujer, contemplando, la creación de un protocolo sanitario específico ante la mutilación genital, la tipificación como delito del matrimonio forzoso o la protección de víctimas y la persecución de la trata de personas con fines de explotación sexual. La previsión del Gobierno es que la estrategia pase por el Observatorio de la Violencia sobre la Mujer y vaya después al Consejo de Ministros en las próximas semanas a fin de entrar en vigor antes de que acabe este mes.
