El Gobierno francés se enfrentó ayer a uno de sus días más difíciles de los últimos meses. Mientras los ministros llevaban al Senado el polémico plan de refuerzo de la lucha contra la delincuencia, en el que se incluye el endurecimiento de las penas para los extranjeros que atenten contra la autoridad pública, más de un millón de ciudadanos se manifestaban en las calles contra el sistema de pensiones que pretende alargar dos años la vida laboral de los galos.
Según el Ministerio del Interior, 1.120.000 de personas protestaron en las 220 marchas convocadas, mientras que los sindicatos cifraron la afluencia de ciudadanos entre 2,5 y tres millones.
Con esta huelga, los trabajadores intentan que el Ejecutivo no inicie su reforma de las pensiones, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación hasta los 62 años, frente a los 60 actuales.
El proyecto empiezó a ser debatido ayer entre los diputados, defendido por el ministro francés de Trabajo, Eric Woerth, debilitado por su presunta implicación en el caso de tráfico de influencias entorno a la heredera del imperio cosmético L’Oréal.
Mientras los parlamentarios empezaban el análisis de la propuesta gubernamental, que cuenta con la oposición de los partidos de izquierda, en la plaza de la República comenzaba la marcha parisiense en un ambiente festivo.
«Es la mayor movilización de los últimos años», aseguraba el líder del sindicato CFDT, François Chérèque, mientras que su colega de la CGT, Bernard Thibault, no dudaba en declarar que «la movilización es superior a la del pasado 24 de junio».
«Ése era nuestro objetivo y el Gobierno no podrá obviar lo que está pasando», agregó.
Entre los manifestantes se multiplicaron los lemas en contra de un Sarkozy que consideran que ha engañado al país con esta propuesta. «Hay otras soluciones que retrasar la jubilación», afirmaba Helene, una militante de la CGT que sujetaba una pancarta de su sindicato crítica con la reforma.
Por su parte, la enfermera Christine Fararik comentaba que «no es posible» posponer la edad de jubilación. «Hacemos noches, vamos a trabajar los fines de semana… Ya a los 55 años estamos cansadas y no podemos más. Es inaceptable», comentó.
El otro foco de tensión del día tuvo como escenario Estrasburgo, donde buena parte de los grupos políticos de la Eurocámara criticaron duramente las masivas expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros decididas por el Gobierno francés y toleradas por la Comisión Europea.
Socialistas, liberales, verdes e Izquierda Unitaria aprovecharon el debate celebrado en la sede del Parlamento Europeo para dejar clara su oposición a la política de deportaciones que defiende el presidente galo, Nicolás Sarkozy, y para exigir a la CE que se pronuncie claramente sobre la legalidad o ilegalidad de la misma.
A este respecto, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, explicó que los servicios jurídicos se encuentran analizando el tema y, en caso de que se detectase una violación de las normas europeas, actuarían al respecto.
Por su parte, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, lanzó una advertencia a los Gobiernos para que garanticen el respeto de las reglas europeas y no caigan en el racismo y la xenofobia, aunque no mencionó a Francia.
El Senado galo empezó ayer a debatir el proyecto de refuerzo de la lucha contra la delincuencia, después de que este verano las intenciones del presidente Sarkozy de retirar la nacionalidad a los franceses naturalizados que atenten contra la autoridad pública, suscitara una amplia polémica.
