El exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, considera insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno contra los desahucios. Cree que es necesario modificar la Ley Hipotecaria y cambiar los intereses moratorios, que constituyen el verdadero problema. En su opinión, la reforma laboral no está dando sus frutos, mientras estima que no se pueden seguir admitiendo recortes en el gasto.
Nos hemos despertado con otro tremendo suceso. Un hombre se ha matado en Córdoba cuando estaba a punto de ser desahuciado. Ayer el Gobierno aprobó las primeras medidas contra los desahucios
Es un asunto que no se conoce bien por la ciudadanía. Si hace cuatro o cinco años a alguien se le preguntaba qué ocurría si dejaba de pagar su hipoteca, la mayor parte de las respuestas hubieran sido: entrego las llaves de mi casa y que se las quede el banco, y se pensaba que ese era el final del problema. Por desgracia, no es así tal y como está configurada nuestra legislación hipotecaria. No solo te echan de tu casa, sino que además conservas una deuda, fruto de que durante los dos años que dura el proceso de ejecución hipotecaria, como los intereses que se te aplican no son los que tú has pactado, sino un tipo interés moratorio específico que puede llegar a ser de un 30%, esa deuda prácticamente se ha duplicado.
Tenemos varios problemas: ¿qué es lo que ocurre cuando la gente deja de pagar, se produce el juicio hipotecario y finalmente la expulsión de esas personas de lavivienda?, ¿el Estado, la Comunidad, el conjunto de la sociedad tiene medios para buscarle salidas, al menos en el ámbito de la vivienda, a esa familia?, ¿cómo evitar que haya tantos desequilibrios en nuestra legislación entre la entidad financiera, el acreedor y el deudor? No creemos que se resuelvan solo con la dación en pago, pero se puede resolver con una reducción del tipo de interés durante el periodo de mora.
El tercer gran problema es el que se produce cuando las personas no pueden pagar su hipoteca y el banco se queda con la vivienda, pero a qué precio. Hasta hace un año se lo quedaba con el 50% del precio de tasación de esa hipoteca. Después una reforma del gobierno del PSOE elevó ese porcentaje al 60%, pero no sobre el valor de tasación al que se dio la hipoteca, sino a uno mucho más bajo, con lo que el banco con poco dinero se queda con la vivienda, y el deudor se queda con una deuda. Esto es lo que hay que evitar y por eso habíamos dicho que era insuficiente, que no bastaba con una salida a los desahucios, sino que había que abordar una reforma integral, porque es la primera vez que en España hay cada año 100.000 desahucios, y el año próximo es muy posible que lleguemos a los 200.000.
Fausto (uno de nuestros lectores), pregunta ¿por qué en época en que gobernó el PSOE no regularon esta materia?
En junio de 2011 tuvimos esta discusión en el Consejo de Ministros. Abordamos tres cosas: tenemos que establecer un límite de renta que sea inembargable, y lo fijamos en el 150% del salario mínimo interprofesional. Además, dijimos que era necesario subir lo que le costaba al banco quedarse con la casa del deudor. Estaba en el 50% del precio de tasación, y lo subimos al 60%; obviamente fue insuficiente, porque no abordamos la clave del problema, que son los intereses moratorios (…)
La negociación entre ustedes y el PSOE sobre el tema de los desahucios se mantiene abierta. ¿Es optimista en torno a la posibilidad de que alcancen un acuerdo?
Creo que las medidas que se han adoptado son insuficientes. El PSOE había preparado un proyecto de ley completo, bien estudiado, en el que llevamos trabajando más de tres meses y medio (…). Ningún grupo político ha presentado una propuesta tan completa y tan elaborada. Creo que para arreglar las cuatro o cinco grandes cosas que hay que arreglar, teniendo una base previa como nuestro proyecto, hubiera sido posible si hubiera habido más voluntad de alcanzar un acuerdo, y tocar los problemas reales que están en la ley hipotecaria.
El Gobierno ha tratado solo de buscar una salida provisional, porque acumula muchas condiciones previas. Puede pasar lo mismo que el Código de Buenas Prácticas, que era voluntario y por eso no lo votamos. Son tantas las condiciones que se exigen, que al final muy pocas personas se van a poder acoger. No creíamos que más allá del 4% de entorno a las 100.000 ejecutadas el año pasado se acogieran a ese código de buenas prácticas. Nos quedamos cortos, en vez de 4.000, se han acogido 160.
Puede llegar a ocurrir lo mismo con este decreto ley. Por eso no somos optimistas en cuanto a la negociación. En tres días de negociación no hemos llegado a un acuerdo y el gobierno ha vuelto a su punto de partida (…)
Han pasado sólo dos días de una nueva convocatoria de huelga general, ¿qué sensación le ha quedado?
Debo ser prudente a la hora de hablar de estas cosas, pues he sido responsable en el Gobierno en materia de relaciones laborales. Tuve la fortuna de no sufrir durante mi mandato como ministro ninguna huelga. Más allá del fondo de las cosas que ha hecho el actual Gobierno, que han sido graves, muy discutibles, y que los datos no avalan, porque los resultados no están siendo positivos; ha habido un problema de forma difícil de justificar. (…) Ha despreciado todo un acerbo de diálogo social que existía en España, que nos ha distinguido y cualificado en Europa (…), y quizá esto haya estado detrás de las dos huelgas.
Alejandro Barahona quiere saber su opinión sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
La reforma no está dando ni los frutos deseados, ni los necesarios para la economía española, aunque tengo la impresión de que el Gobierno no esperaba un gran fruto más allá de producir una gran revolución en nuestras relaciones laborales contra los intereses y la posición de equilibrio, que siempre es un objetivo fundamental en esta materia (…) Entre octubre de 2011 y octubre de este año hay 625.000 afiliados menos a la Seguridad Social, y en lo que va de este año han sido casi medio millón de afiliados menos.
