El fiscal jefe provincial de León y representante de la acusación pública en el caso del crimen de Isabel Carrasco solicitó una pena de 23 años de prisión para cada una de las tres imputadas por la muerte violenta de la política leonesa, Montserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago.
La hipótesis que baraja el fiscal jefe, Emilio Fernández, es que las armas que se encontraron en el registro domiciliario practicado en la casa en la que vivían habitualmente Montserrat González y Triana Martínez estaban también a disposición de Raquel Gago.
De acuerdo a esta hipótesis, las tres sospechosas tenían a su alcance el revólver con el que se cometió el crimen y, también, otra pistola que apareció en el registro practicado por los agentes.
Por otro lado, en el escrito de calificaciones del fiscal se propuso la declaración de 62 testigos y peritos para el esclarecimiento del caso de cara al juicio, cuya fecha aún está sin determinar.
Entre ellos, figuran, además de los interrogatorios a las tres imputadas, hasta cinco testigos directos del crimen, el policía jubilado y su esposa, que se encontraban en la zona en el momento de los hechos y que facilitaron la detención de Montserrat González y Triana Martínez, y un vecino de León que también presenció de forma cercana lo ocurrido.
También serán citados a declarar policías, el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez, una vecina de Carrasco que presenció los seguimientos, el novio de la víctima, las amigas con las que Raquel Gago estuvo la noche después del crimen y el controlador de la ORA con el que se encontró minutos después de la muerte de Carrasco.
La presidenta de la Diputación de León murió tiroteada en plena calle del centro de la capital leonesa el pasado 12 de mayo cuando se dirigía a encontrarse con varios miembros del partido para acudir a un acto del PP en Valladolid. La presencia de un policía jubilado en la zona permitió la detención, ese mismo día, de las autoras del crimen.
