Las entidades financieras intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) empezarán a recibir los fondos públicos en noviembre, una vez hayan presentado sus planes de reestructuración y después de que la consultora Oliver Wyman haga públicos, a finales de este mes, sus informes de valoración individualizada de necesidades de recapitalización. Así lo avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la celebración del debate de convalidación del decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que contó con el apoyo de CiU y UPN, que incorpora a la legislación española las condiciones pactadas con Bruselas para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros y que están recogidas en el Memorándum de Entendimiento (MoU).
Los «hitos» en este proceso de reestructuración financiera, señaló De Guindos, comenzarán a finales de septiembre, cuando se conozcan los análisis de la evaluadora independiente respecto de las necesidades de capital de cada firma, después de que antes del verano se estimara que en el conjunto del sector harán falta entre 51.000 y 62.000 millones de euros.
«Esas necesidades banco a banco no tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias, porque algunos podrán financiarse por sí mismos», matizó.
Así, las inyecciones de capital se efectuarán en diferentes momentos en función de a qué grupo pertenezca cada entidad, dentro de la clasificación que establece el Memorándum.
En concreto, las entidades del grupo 1 -las intervenidas por el FROB- deberán presentar sus proyectos de recapitalización ante la CE a principios de noviembre para, acto seguido, recibir los fondos públicos. Las del grupo 2 -que no pueden asumir sus carencias de capital requerido sin ayudas públicas, pero no son a priori inviables- tendrán hasta final de año para presentar su plan de reestructuración; mientras que las del grupo 3 -que pueden hacer frente a las provisiones por sí mismas- contarán de plazo hasta junio para demostrar que no necesitan apoyo público.
Además, De Guindos aseguró que, una vez convalidado el decreto ley, se dará orden para iniciar el proceso de constitución de la Sociedad Gestora de Activos (el llamado banco malo) que aglutinará los activos inmobiliarios deteriorados de los bancos.
El titular de Economía, que no convenció al PSOE para que apoyara el decreto ley, aseguro que, de haber estado en vigor una normativa de este tipo hace años habría permitido resolver «antes y mejor» la crisis de algunas entidades.
