A la falta de recursos económicos que padece la mayoría de los municipios se suma ahora la petición que las compañías telefónicas están haciendo a los ayuntamientos para que aquellas les rebajen los alquileres que pagan donde tienen instaladas las antenas para móviles.
Numerosas corporaciones de la provincia han recibido notificaciones de las empresas de telecomunicaciones que operan para que los ayuntamientos les reduzcan el precio de los alquileres que negociaron en su día para instalar antenas de telefonía móvil en sus terrenos. La misma petición de rebaja de los precios están haciendo las operadoras a los dueños privados de terrenos.
Las empresas de telefonía les piden que esas cantidades se reduzcan a precios simbólicos, de modo que suponga un descenso de incluso el 90 por ciento de las cantidades que vienen pagando hasta ahora. En algunos municipios se pide que el pago sea de 50 euros al año, “algo ridículo, según los alcaldes.
Negociaciones
En el caso de propietarios particulares valorarán si los nuevos precios les merece la pena para seguir alquilándole su terreno a la compañía telefónica. Sin embargo, los regidores se ven en la difícil tesitura de optar por rechazar el contrato y dejar a sus vecinos sin un servicio más.
Los ayuntamientos ya vieron rebajados los ingresos económicos que percibían por las telecos, porque consiguieron que el uso del espacio municipal no estuviera gravado con ordenanzas municipales, como el resto de actividades económicas. Ahora se añade esta petición de reducción de los alquileres para las antenas de telefonía.
A la espera
Uno de los municipios afectados es Cantimpalos, donde la compañía Vodafone sugirió al municipio rebajar la tasa a cien euros al año. “Es una cantidad irrisoria porque nos cuesta más el mantenimiento del depósito en el que está colocada la antena”, asegura la alcaldesa, Inés Escudero (PP). En pleno, la Corporación rechazó la propuesta y argumentó que las empresas “no hacen descuentos a los abonados”, de modo que están a la espera de la respuesta o contraoferta de la empresa de telefonía. No es la única antena que existe en el municipio, aunque la otra se encuentra en terreno de un particular.
También se encuentran a la espera, pero de que conteste el Ministerio de Industria, en Escalona del Prado. Su alcalde, Juan Justo Mardomingo (PP) recuerda que enviaron un informe al Ministerio para que se pronuncie sobre la legalidad de esta pretensión de las compañías telefónicas. En este municipio existen dos empresas con antenas en terrenos alquilados, una en suelo municipal y la segunda en otro privado.
Algo parecido ha ocurrido en Carrascal del Río, donde tienen antenas dos operadoras. Allí han negociado una cierta rebaja a cambio de garantizar la permanencia de la antena. La alcaldesa, Henar de Pablo (PSOE), señala que su intención es que los vecinos cuenten con cobertura de móviles y que haya competencia entre las operadoras.
En la localidad vecina, San Miguel de Bernuy, han tenido más armas para negociar y han logrado una menor rebaja económica ya que es el Ayuntamiento el que aporta el suministro eléctrico a la empresa; pero la operadora también ha conseguido disminuir la factura que paga.
En otro punto de la provincia, Zarzuela del Pinar, la empresa de telecomunicaciones proponía al Ayuntamiento pagarle 50 euros al año por el alquiler del terreno donde tiene colocada la antena. En este municipio operan dos compañías, pero la otra antena se encuentra en terreno particular, aunque ambas se sitúan muy próximas. El alcalde, Nicolás Ortega (PP), recuerda que en un principio se rechazó la pretensión de la empresa de pagar ese precio “simbólico”, y han tenido que negociar para lograr un nuevo contrato, que supone una rebaja del 50 por ciento sobre la cantidad que se pagaba, con actualización anual del IPC. “Al menos nos garantizamos el servicio y algo cobra el Ayuntamiento”, afirma.
