La alcaldesa, Clara Luquero, ha confirmado que será la unión temporal de empresas (UTE) formada por la constructora madrileña Padecasa y la abulense SAJA quien ejecutará las obras de pavimentación y renovación de servicios y redes de abastecimiento y saneamiento en la avenida de la Constitución.
Como informó El Adelantado, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento tuvo conocimiento esta semana de las valoraciones que ha recibido cada una de las quince empresas que optaban a este contrato y la que ha recibido mayor puntuación ha sido la citada UTE, cuya oferta económica es de 507.365,47 euros (sin IVA), lo que supone una rebaja del 23,5% sobre el presupuesto de licitación, que ascendía a 663.000 euros (sin impuestos).
El equipo de Gobierno municipal tiene previsto aprobar hoy en la reunión de la Junta de Gobierno Local la formalización del contrato correspondiente con esta UTE.
Su oferta económica no era la más ventajosa de las quince presentadas —había cuatro que rebajaban el presupuesto por debajo del medio millón de euros— pero sí la que más puntuación ha recibido por la propuesta de resolución técnica, con criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y la que ha merecido 35 puntos de un máximo de 40 en la evaluación realizada por los servicios técnicos municipales.
A partir de ahora, según ha comentado la concejala de Obras, Paloma Maroto, las empresas tiene un plazo de diez días para presentar una cantidad equivalente al 5% del presupuesto como garantía y una serie de documentación administrativa (clasificación, etc.). El Gobierno municipal, una vez comprobado que se han realizado esos trámites, emitirá el correspondiente decreto de adjudicación, que abre un nuevo plazo de quince días para la firma del contrato. Desde la fecha de formalización del mismo, las licitadoras tendrán un mes para el acta de replanteo, nombramiento de dirección de seguridad y salud laboral, etc., por lo que la ejecución en sí no comenzará antes de mayo.
Maroto anunció que, en el momento en que conozca el plan de obra, convocará una reunión con vecinos y comerciantes de la avenida y zonas de afección para estudiar la mejor forma de realizar las actuaciones previstas intentando perjudicar lo menos posible a estos colectivos. “Si se hacen planteamientos asumibles se escucharán y se intentará llevarlos a cabo, siempre y cuando no supongan un retraso”, señala esta edil, ya que el plazo de ejecución es de seis meses y su objetivo es que se acometa lo más complejo en los meses centrales, con el buen tiempo.
Como se recordará, esta avenida ha sido cedida recientemente al municipio por la Junta de Castilla y León, que contribuye a la financiación de las obras con una subvención de 345.000 euros. En una primera fase está previsto pavimentar la calzada y renovar servicios y redes de abastecimiento y saneamiento.
