La celebración de elecciones en el campo para medir la representatividad de las organizaciones agrarias era una de las cuestiones del programa marcada por el anterior ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. En basa ese compromiso, en los últimos dos años ha ido de un lado para otro un anteproyecto de ley que finalmente entró en el Parlamento y que actualmente se halla en la fase final de su aprobación tras su pase por el Senado donde se han introducido diferentes enmiendas por el propio Partido Popular.
Hoy, con la nueva ministra en el edificio de Atocha, aunque ha reiterado su compromiso con una política de continuidad en las grandes cuestiones pendientes iniciadas en los años precedentes, en el caso de la consulta para medir la representatividad agraria, la realidad es que todo apunta a que la misma podría esperar a la siguiente legislatura. La razón es simple. Se trata de una consulta que nunca había sido solicitada por las organizaciones del sector hoy reconocidas por la Administración central, Asaja, a quien se le presuponía la representatividad del 40% en todo el campo, COAG, con el otro 40% y un 20% de UPA, aunque, en el caso de la Coordinadora, ese porcentaje era antes de la escisión de varias Uniones como Cataluña, Castilla y León o Valencia, actualmente integradas en la Unión de Uniones desde donde sí se reclama la consulta y se defiende que sea reconocida su representatividad a nivel de Estado.
Las tres primeras organizaciones no se oponen radicalmente a una votación, aunque consideran que no es este el momento para la misma por lo que supondría de tiempo y, sobre todo, de dinero, cuando en todas ellas se han producido ajustes de personal por falta de recursos. Además, estiman que, para celebrar esa consulta, debería haber un amplio proceso negociador para determinar el tipo de elección, desde la confección de los censos y la filosofía a la hora determinar los votantes donde, además, de quienes se hallen en el Régimen Especial del Seguridad Social Agraria, el Ministerio defiende que puedan hacerlo igualmente otros colectivos con intereses en el sector. La actividad agraria no es idéntica en cada parte del territorio y la misma está en función de los tipos de cultivos a la misma propiedad de la tierra y, mientras en unos casos dominan los agricultores a tiempo parcial, pero con importantes intereses en la actividad, en otros apenas si existe esa figura o su peso es mucho más reducido.
Isabel García Tejerina celebró su primer encuentro con las organizaciones en el seno del Comité Asesor Agrario y, aunque no lo dijo explícitamente, abogó por hacer su política en base al diálogo y la transparencia con todos y, en el caso de la convocatoria electoral, la realidad es que su celebración sería una imposición, al margen del tiempo que se debería dedicar simplemente a los debates para definir los electores con derecho a voto. En su última intervención en el Parlamento vino a decir que se podría cumplir el plazo de los 18 meses previstos en la ley para elaborar el reglamento electoral.
Se trataría de una guerra para la que hoy no hay tiempo ni dinero, pero cuyo aplazamiento obliga también a la Administración central a dar una salida a esa cuarta sigla que es la Unión de Uniones
En la nueva ley que saldrá del Congreso, se mantiene la exigencia de que, para ser considerada como una sigla representativa a efectos de formar parte del futuro Consejo Asesor Agrario para recibir ayudas y parte del patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias, será indispensable obtener el 15% de los votos emitidos a nivel estatal y, al menos el 5% de los votos en seis Comunidades Autónomas. Para la celebración de las elecciones, frente a las exigencias sin sentido que se contemplaban en el primer anteproyecto de Ley, una sola urna provincial en la sede del Gobierno y que se mantengan abiertas durante 15 días, Agricultura entré en razón para contemplar un solo día de votaciones y una urna en el campo por cada censo de 500 votantes.
En el marco de la tramitación parlamentaria, entre las últimas enmiendas introducidas a instancias del propio Partido Popular se contempla la posibilidad de que la elaboración del reglamento que desarrolle la nueva Ley pueda haber un plazo de 18 meses. Eso supone que Agricultura puede redactar ese reglamento en una semana o en año y medio, lo que indirectamente refleja que nadie en el Gobierno tiene ganas de abrir una batalla innecesaria en el medio rural ante la existencia de un clima de división sobre este proceso.
Desde la celebración de los primeros comicios de carácter estatal a las Cámaras Agrarias en 1978, hace casi cuatro décadas, la realidad es que no se ha vuelto a convocar un proceso igual. Las competencias en esta materia pasaron a las Comunidades Autónomas y, en este punto, cada una ha llevado a cabo su propia política, muy en función de la situación de la representatividad en cada una y del interés que hayan mostrado en los procesos las propias organizaciones agrarias.
En este sentido, se puede decir que solamente hay dos Comunidades Autónomas que han tenido una mayor sensibilidad por este tipo de procesos y que las han celebrado con cierta regularidad, como son los casos de Cataluña y Castilla y León con convocatorias cada cuatro años. Hay otras ocho regiones, Aragón, Asturias. Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia donde no se celebran elecciones desde 2002 y finalmente, otras seis donde no hay elecciones desde 1978.
Al margen de esos procesos totalmente dispares celebrados para medir la representatividad agraria, se puede decir que, a nivel regional no hay problemas en materia de representatividad. Unión de Uniones, excluida de las negociaciones estatales conjuntas con el resto de las siglas, no tiene problemas para tener un puesto en las mesas donde tiene un peso importante como Cataluña, donde es mayoritaria, Castilla y León o Valencia. A nivel estatal, la Unión de Uniones tiene acceso directo a los responsables de Agricultura para participar en la política, pero no para estar en mesas conjuntas con el resto de la siglas ante la posición en contra, fundamentalmente de COAG, de la que en su días se escindió, con una mecha que tuvo su origen en Castilla y León, más que por razones ideológicas, por desavenencias personales de algunos de sus dirigentes.
