El máximo responsable de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, defiende la idoneidad de las corporaciones provinciales para la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento a los municipios «por la inmediatez y prontitud que tienen para resolver los problemas todos los días». En este sentido, critica a quienes ponen en solfa la existencia de estas instituciones y niega también que la desaparición pudiera suponer un ahorro, porque la mitad del presupuesto sirve para pagar a funcionarios que terminarían en otras administraciones.
El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, cuestiona que «se deba ir a una nueva centralización quitando competencias a las diputaciones para dárselas a otras administraciones». Así, reclama para las corporaciones provinciales, además de las competencias de asesoramiento y asistencias y la gestión de su patrimonio, algunas competencias en servicios sociales ahora en manos de la Junta.
En época de crisis, con un Estado autonómico en el que se cuestiona el elevado número de administraciones y las duplicidades, ¿son las diputaciones que pueden correr más riesgo para su permanencia?
Esta afirmación sólo puede mantenerse desde el desconocimiento y sin saber las competencias y el trabajo que realizan las diputaciones. El 99 por ciento del presupuesto de la Diputación de Segovia está dirigido a los ciudadanos porque más del 50 por ciento se centra en centros asistenciales de la provincia; otro 30 por ciento en la red de carreteras; y el restante a los más de diez programas tanto culturales como deportivos y sociales así como a la manutención del Teatro Juan Bravo y del Museo Esteban Vicente. Además, hay que tener en cuenta que la mitad de nuestro presupuesto corporativo son gastos de personal por lo que, dependan de una administración u otra, hay que pagar a los funcionarios por el trabajo que realizan. Si estamos en un Estado competencial cada uno tiene que ejercer las suyas. Por eso, se echa en falta, desde que se propuso hace ocho años, acometer una segunda descentralización administrativa en las corporaciones locales, algo que ni el Estado ni las comunidades autónomas han querido abordar y que vendría a solucionar muchos de los problemas que tiene la Administración en la actualidad en España. No creo que se deba ir a una nueva centralización quitando competencias a las diputaciones para dárselas a otras administraciones.
¿Qué ventajas tiene la diputación frente otras administraciones?
La inmediatez y la prontitud que tiene para resolver los problemas todos los días. Cada jornada recibimos a tres o cuatro alcaldes y atendemos alrededor de 20 llamadas solucionando todos los problemas. Eso no lo puede hacer otra administración porque tienen otro tipo de competencias. La resolución de los pequeños problemas es lo más importante para los ayuntamientos.
Se habla de que las diputaciones deben tener como principal función el asesoramiento y la ayuda a los municipios más pequeños. ¿No podría hacerse también desde las delegaciones territoriales?
Estoy convencido de que algunas competencias están mejor en mano de las diputaciones porque están mucho más cercanas y pegada al terreno y al ciudadano. Otra cosa es que, por razones políticas, haya fuerzas que como no llegan a la realidad social, municipal y rural, quieran eliminar de un plumazo a una administración que precisamente se dedica a estar más en contacto que ninguna otra con la Administración local. Creo que no se ha entendido lo que es el Estado autonómico: se trata de que cada administración ejerza la competencia lo mejor posible. Otra cosa es que haya habido dejación de funciones por parte de la Administración del Estado en el sentido de que la alta inspección de muchas cuestiones como educativas, sanitarias o laboral, eso ha estado en sus manos y no la ha ejercido. Pero luego es muy fácil decir que los que han fallado han sido otros cuando no hay recursos económicos o se hace mal una cosa.
