La decisión de hipotecar el Torreón de Lozoya y otros edificios de Caja Segovia fue adoptada en un Consejo de Administración de más de dos horas y media de duración. Pero únicamente se le prestaron cuatro minutos.
Ha sido necesario recuperar la grabación del encuentro para estudiar si se cometió algún tipo de delito societario, una denuncia que investiga el Juzgado número 5 y por el que pasaron a declarar la semana pasada casi todos los miembros del Consejo de Administración de La Caja. Previamente también tuvieron que acudir los máximos responsables de la entidad: Atilano Soto, como presidente; Fernando Tapias como director general; y como secretario del consejo y representante del grupo de consejeros que entendían que los acuerdos no se correspondían con lo reflejado en las actas.
En términos relativos el acta dedica mucho más espacio al asunto, que el debate y aprobación del polémico acuerdo. De hecho, si el Consejo de Administración se prolongó durante más de dos horas y media, apenas se dedican cinco minutos a esta delicada cuestión. Sin embargo ha derivado en la investigación judicial y en la puesta en entredicho de la credibilidad de quienes manejaban la entidad de ahorro, tanto desde el punto de vista político como técnico.
«Había prisa y había que resolverlo», asegura el secretario en dicho Consejo. Y así se hizo. Nadie consultó por los informes que desaconsejaban que se asumiera la deuda que Navicoas Asturias S.L. tenía con la Agencia Tributaria. Había al menos dos informes en tal sentido, pero nadie se acordó de ellos. Uno salió a la luz la semana pasada coincidiendo con las declaraciones en el Juzgado.
Se trata del informe que el bufete de abogados Emilio Fuentetaja Sanz emitió en marzo de 2012, cuatro meses antes de decidir asumir esa pesada deuda de 6,8 millones de euros, y suscribirla con un aval en el que se incluía el Torreón de Lozoya.
En este mismo Consejo se habló de que poner al Torreón como garantía era una cosa «coyuntural», que luego se cambiaría la por alguna de las plantas del edificio central de Fernández Ladreda. «Ponemos el Torreón y luego le quitaremos, pero no ha sido posible y no da tiempo para la firma [notarial], que está prevista para mañana o pasado», argumenta el secretario en el Consejo.
A algunos vocales no les parecíó claro el asunto. Al menos uno pregunta: «¿Pero estáis intentando hacerlo ó…?» Pero se le interrumpe con la urgencia del caso. Además había dos consejeros que se incorporaron ese día (Juan José Martín y Ana Valiente), en sustitución de Fidel García y Bonifacio García, que habían renunciado. De modo que pocos antecedentes podían conocer los nuevos.
El informe que rechaza que Caja Segovia tuviera que asumir la deuda que había contraído Navicoas termina diciendo: «Entendemos que Bankia no puede exigir a Caja Segovia que otorgue el aval ante la propia entidad, para responder del posible acuerdo alcanzado con la Inspección de la Agencia Tributaria, respecto de los compromisos fiscales derivados de la actuación de Navicoas Asturias S.L. ni la posible responsabilidad personal que pudiera adjetivarse de Caja Segovia«.
Sus argumentos se basan en varias razones: Caja Segovia no tenía la mayoría absoluta del accionariado de Navicoas, pues representaba el 50%; las decisiones en Navicoas no se tomaron en Caja Segovia ni las asumieron sus representantes y, por tanto, no tiene responsabilidad alguna; el acuerdo de integración en Bankia supondría que el nuevo banco debería asumir tanto las obligaciones de cotizaciones como sus derechos; y este contrato entre Bankia y las cajas minoritarias contempla la transmisión de los activos y los pasivos, como han pasado los empleados o los inmuebles que se dejaron expresamente al margen del acuerdo.
