Las cuentas municipales, y especialmente la deuda del Ayuntamiento y los riesgos financieros a medio plazo, parecen ‘enmarañar’ las relaciones entre el equipo de Gobierno y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Cada uno hace cuentas y ve la situación de forma distinta. “Muy saneadas”, asegura la alcaldesa, Clara Luquero, de “grave situación”, contestan los populares.
En el pleno ordinario de abril el viceportavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Folgado, pidió una auditoria externa de la cartera de pleitos para realizar una estimación de pagos a medio plazo. Fue casi al final de una sesión que estuvo presidida por el consenso y el voto unánime de todos los concejales, pero ahí sí chocó con el Grupo socialista. El concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, replicó que esa auditoría no es necesaria, ni posible, porque depende de decisiones de tribunales que todavía no se han producido.
El PP insistió y a los dos días el concejal y también viceportavoz José Antonio Garvía, pedía tanto la auditoría como de una provisión de fondos para hacer frente a posibles indemnizaciones millonarias.
En ese mismo momento Reguera revelaba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan en un informe que detallará los diferentes escenarios que pueden derivarse de los procesos abiertos en los tribunales.
El pasado lunes el Gobierno municipal difundía que Segovia es la sexta capital de provincia con menos endeudamiento de España. Así, mantiene una “deuda viva”, a 31 de diciembre de 2013, de 21.269.000 euros, con datos facilitados por la Concejalía de Hacienda y extraídos de un informe del Ministerio de Hacienda. Reguera saca pecho y sostiene que las arcas municipales están “sobresaneadas” e incluso habla de “exceso de liquidez” en este momento.
La alcaldesa, Clara Luquero, comentaba esta misma semana que los pagos a proveedores se realizan en un periodo inferior a 30 días, que el Ayuntamiento es de los pocos que no ha tenido que recurrir a fondos estatales para pago a proveedores y acusaba al PP de generar alarma innesariamente porque “hay margen legal de endeudamiento en el caso de tener que hacer frente a sentencias desfavorables”. Ponía un ejemplo que a su juicio hace inviable una auditoría externa para determinar ese riesgo financieros las indemnizaciones por la expropiación de los taludes de Padre Claret. Según Luquero, de la decisión judicial depende que sumen 5 millones o únicamente algo más de 100.000 euros. “Es un margen excesivo como para poder hacer una previsión”, afirmó.
El Grupo Popular ha hecho cuentas y sostiene que la “deuda total y real” asciende a 41.242.029 euros, y la “deuda vida” reconocida sólo equivale a la mantenida con bancos. Para ello pone sobre la mesa el último informe de la Intervención Municipal e incluye así deudas de la Empresa Municipal de Turismo y de Evisego, la deuda con el Ministerio de Industria por la financiación del edificio del CAT, otra deuda por la liquidación de impuestos estatales, la correspondiente con la Junta y más de 2,5 millones pendientes de pagar a proveedores.
A esos más de 41 millones habría que sumar, insiste de nuevo el PP, todo lo que se avecina en materia de indemnizaciones, que prevé se acerque a los 18,5 millones de euros.
