Las Cortes de Castilla y León conmemorarán el próximo jueves el 33 aniversario del Estatuto de Autonomía con su cuarta reforma en negociación tras la creación de un grupo de trabajo que ha centrado sus trabajos iniciales en los puntos a cambiar que, en su mayoría, se basan en medidas de regeneración democrática.
Entre otras cuestiones a analizar dentro de esta reforma que todos los grupos prevén “larga” se encuentran la limitación de mandatos, el análisis de los aforamientos de los procuradores, el fortalecimiento del papel de las corporaciones locales y la limitación del número de consejerías a nueve. En la reforma también se incluirá un suelo social que garantice la calidad de los servicios públicos, elevar al Estatuto la Red de Protección de las Personas y Familias más vulnerables y medidas en pro de la transparencia.
Esta nueva reforma se aprovechará también para suprimir el apartado relativo a la gestión de la cuenca del río Duero, uno de los puntos que centró la modificación anterior del año 2007 y que finalmente no ha sido posible tras una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró la cuenca internacional.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobado por Ley el 25 de febrero de 1983 y constituye la norma institucional básica conforme a la que se organiza la Comunidad Autónoma presidida por Juan Vicente Herrera.
El texto inicialmente aprobado ha sufrido tres modificaciones, la primera el 24 de marzo de 1994 y la segunda el 8 de enero de 1999, estas dos reformas dotaron a la Comunidad de competencias como la Sanidad y la Educación.
La última reforma comenzó su trámite parlamentario a finales del año 2006, así el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al texto el 30 de octubre de 2007 y tras pasar por la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, la Propuesta de Reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobada sin ningún voto en contra por el Pleno del Senado el día 21 de noviembre del año 2007.
Es la remodelación más reciente se incluyó una carta de derechos para los ciudadanos, se introdujo el Diálogo Social, reconoció la lengua castellana y el patrimonio como valores esenciales de la Comunidad y los aspectos básicos del territorio como la dispersión, extensión y densidad como ejes para negociar la financiación autonómica.
