Medios de comunicación, políticos y entidades financieras llevan meses hablando de la prima de riesgo y de lo que supone su variación para la economía de cada país. Sin embargo, la mayoría de la sociedad se ha acostumbrado a oír el término, pero sigue preguntándose qué es exactamente.
La prima de riesgo es la rentabilidad adicional que los inversores exigen por comprar deuda de países cuyo reembolso consideran más arriesgado, tomando a Alemania como referencia por ser la nación europea más segura.
En el caso concreto de España, dicho índice -también llamado riesgo país- mide la diferencia entre el interés de la deuda nacional y la germana, es decir, el sobrecoste que tiene que pagar el Estado para que los inversores se animen a comprar bonos del país en lugar de alemanes.
Así, el pasado viernes, tras días de infarto en los mercados financieros, la rentabilidad del bono español a 10 años consiguió descender por debajo del 5% por primera vez desde el mes de noviembre de 2010, jornada en la que cerró la sesión con el 4,908%.
De esta manera, la prima de riesgo cayó hasta los 267,9 puntos básicos, aunque en el transcurso de la sesión llegó a tocar los 265,1, valor que no registraba desde el pasado 6 de julio.
Por su parte, la prima de riesgo de Italia se situó en 271 puntos, con un interés del 5,033%, en un día en el que el Gobierno de Silvio Berluconi aprobó un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.000 millones de euros, con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
Por tanto, apostar por la deuda de España o del resto de los países llamados periféricos de la zona euro -Grecia, Irlanda y Portugal- implica un mayor beneficio para el inversor a cambio de asumir mayor riesgo, en tanto que a estas naciones les supone un coste más elevado obtener financiación.
Los temores de los inversores se centran en la falta de recursos de estos Estados para pagar sus deudas; de ahí la exigencia de entidades como el Banco Central Europeo para que estos países acometan reformas que reduzcan su déficit público. En momentos de extrema volatilidad e incertidumbre, los inversores optan por comprar valores que aporten seguridad, aunque la rentabilidad sea menor.
Una prima de riesgo alta lastra no solo la credibilidad financiera de un Estado, sino también la de sus firmas financieras, porque es más complicado captar fondos en el exterior. Si a los bancos les cuesta más obtener dinero, eso redundará negativamente en sus clientes, que pagarán mayores intereses para conseguir un préstamo.
Esta situación de falta de liquidez en las familias reduce su posibilidad de consumo, pero, además, anula la capacidad de las pequeñas empresas de llevar a cabo proyectos y generar actividad. La falta de crecimiento, a su vez, conlleva un aumento del desempleo, y esto afecta a las arcas del Estado por dos vías: por un lado, deja de ingresar impuestos, mientras que los gastos crecen por las partidas destinadas a abonar el subsidio a un mayor número de desempleados. Esto último dificulta la necesaria reducción del déficit y convierte el escenario en un gran círculo vicioso del que es difícil escapar.
Temidas agencias
La prima de riesgo de un país se ve afectada directamente por las notas que emiten las agencias de calificación sobre la deuda soberana. Standard & Poors, Fitch y Moodys, todas ellas estadounidenses, son las tres calificadoras más importantes encargadas de poner nota tanto a la deuda emitida por cada país como a los valores que se negocian en función de los riesgos estimados.
Determinados fondos de inversión solo realizan sus compras en Estados valorados con la mejor calificación, lo que vuelve a ser un escollo para la financiación de los países con más problemas.
