El Estado entrará como accionista a partir de septiembre en las cajas y los bancos que incumplan los nuevos requisitos mínimos de capital, que podrán alcanzar con aportaciones del mercado hasta el otoño de este año para así evitar el rescate público.
Según anunció ayer la ministra de Economía, Elena Salgado, que anticipó que el Real Decreto Ley que articulará dicha nacionalización será aprobado en febrero, las cajas que requieran ayuda a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que convertirse en bancos, con lo que perderán su especial naturaleza jurídica.
Esa entrada del Estado en el capital, que será «temporal y limitada», ya que no podrá superar los 5 años, obligará asimismo a las entidades receptoras de la ayuda a acometer una fuerte reestructuración de sus órganos directivos, además de a presentar un plan de viabilidad que contemple la llegada de inversores privados en sustitución del FROB.
La también vicepresidenta segunda insistió en que la toma de participaciones en cajas o bancos se hará «en condiciones de mercado» y con el asesoramiento, en su caso, de «expertos independientes». La socialista recalcó que las nuevas exigencias que se impondrán al sector buscan «restaurar la confianza, eliminando cualquier duda que pudiera haber en el mercado sobre la solidez» del sistema financiero, así como «garantizar la canalización del crédito hacia nuestra economía, familias, y empresas». Los cambios normativos supondrán que las entidades deberán tener un mínimo de capital básico (core capital) del 8 % de los activos ponderados por riesgo, un porcentaje que será superior para las entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados, como ocurre en las cajas de ahorro.
La cuantía exacta de ese agravamiento, que también será aplicable a las entidades con fuerte dependencia de los mercados mayoristas (más del 20% de sus activos), se fijará en las próximas semanas.
La socialista explicó que tales umbrales son «extraordinariamente altos» y situarán al sector financiero patrio con los ratios de solvencia más altos de toda la zona euro.
Las cajas tienen hasta el 28 de febrero para comunicar al Banco de España si cumplen con ese 8% exigido y, a partir de ahí, el supervisor cuantificará qué entidades no logran el aprobado y cuánto capital necesitan. Una vez realizado el diagnóstico, se abrirá un nuevo plazo, hasta otoño, para que se produzca la capitalización pertinente.
A finales de septiembre, de nuevo el Banco de España será quien decida qué cajas deberán ser rescatadas por el FROB, que ejercerá los derechos políticos que le correspondan.
No obstante, la ministra insistió en que, si las entidades están capitalizadas y cumplen los requisitos exigidos podrán seguir manteniendo su peculiar condición.
En cuanto a las necesidades globales de capital, el Gobierno estima que se necesitará inyectar unos 20.000 millones de euros adicionales, pero que el FROB no los aportará en su totalidad, ya que las entidades deberán captar el capital de forma autónoma. «La intención es que todo o parte pueda obtenerse en los mercados privados», añadió Salgado en un notable ejercicio de voluntarismo económico.
La propuesta del Gobierno fue inmediatamente acogida de forma positiva por el líder del PP, Mariano Rajoy, quien, no obstante, reprochó a los socialistas que ésta sea la tercera reforma del sistema financiero, algo que no contribuye a generar confianza y da una «mala imagen fuera». «Mi disposición es favorable para resolver el problema del crédito, pero es muy difícil confiar en alguien que trae la tercera reforma», fueron las palabras textuales del conservador.
