El Gobierno aprobó durante la reunión del Consejo de Ministros el Real Decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Cine, que incluye, entre otros aspectos, la modificación del sistema de ayudas a la cinematografía, que ahora se otorgarán a priori.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que este Real Decreto atiende a dos motivaciones. Por un lado, pretende “reducir las cargas administrativas a los ciudadanos”, así como “establecer un sistema de financiación pública de la producción cinematográfica más eficaz y eficiente”.
Este texto desarrolla reglamentariamente las dos leyes aprobadas, introduciendo algunas “medidas de garantía de mercado y esencialmente pone en marcha un nuevo modelo de financiación de la producción cinematográfica, que se completará con la orden de bases por la que se establecerán de forma detallada las condiciones de acceso a las subvenciones destinadas al cine”.
Según explicó la vicepresidenta, serán “ayudas generales y anticipadas”, de manera que se cambia la financiación del momento después de que haya hecho la película a una financiación previa. Será asignada en función de “criterios objetivos” y además será pagada “progresivamente”, con posibilidad de reembolso en función de resultados comerciales y además se emplearán las ayudas a las “películas con mayor impacto cultural”.
Concretamente, y según avanzó Sáenz de Santamaría, se contemplarán aspectos relacionados con la “nacionalidad de obras cinematográficas audiovisuales, se simplifican trámites para la distribución y se ordena la composición de las comisiones de asesoramiento”.
En relación con la nacionalidad española, se regula el procedimiento para el reconocimiento de la misma de las series de televisión. Además, se refuerza la exigencia de la obtención del certificado de nacionalidad como requisito para acceder a las ayudas.
Con esta modificación de la Ley de Cine se amplía también la obligación de informar sobre la calificación que corresponde a las obras a las empresas que presten servicios de vídeo bajo demanda y a los titulares de sitios web que ofrecen listados ordenados y clasificados de enlaces a otras páginas web o servidores donde se alojen las obras cinematográficas o audiovisuales, entre otros asuntos.
Este decreto también regula qué se considera por ‘obra audiovisual difícil’ a la hora de determinar el importe máximo de las ayudas a percibir. Estas son las producciones dirigidas por un nuevo realizador con un presupuesto de producción no superior a 300.000 euros; los cortometrajes; y las obras rodadas en lenguas cooficiales distintas al castellano. El porcentaje de intensidad de las ayudas no puede superar el 70%, el 75% y el 65%, respectivamente
Está previsto que antes de finalizar la legislatura se aprueben dos órdenes ministeriales que abordarán el reconocimiento de costes y los porcentajes a través de los cuales se accede a las ayudas.
La aprobación de este Real Decreto llega una semana después de que hayan salido a la luz varios casos de fraude en la obtención de las subvenciones que el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) otorga a las producciones cinematográficas.
Un total 14 personas están involucradas en los cinco casos investigados por los juzgados de Madrid en este caso, conocido como ‘taquillazo’, de los cuales uno ya se ha resuelto. Entre los investigados se encuentra el expresidente de la Academia de Cine, el productor Enrique González Macho.
